Chile reemplazará los Multifondos A, B, C, D y E por los Fondos Generacionales a partir de abril de 2027. El cambio ha sido presentado como un perfeccionamiento técnico, pero, según una columna de Iván Rojas Bravo publicada en El Mostrador, se realiza sin debate público, sin auditoría histórica y sin una explicación directa a los afiliados. El texto sostiene que se trata de un cierre silencioso de 24 años de gestión del ahorro previsional, sin responsables que asuman públicamente las consecuencias.
La lógica original del sistema, recuerda el análisis, era un principio clásico de las finanzas: asumir volatilidad en la juventud para obtener mayores retornos en la vejez. El Fondo A, expuesto a renta variable internacional, debía superar en el largo plazo al Fondo E, más conservador. Esa prima de riesgo era, en el planteamiento original, el contrato moral y financiero que justificaba someter el ahorro previsional a las fluctuaciones de Wall Street.
El análisis de Rojas Bravo, ingeniero comercial, revisa casi un cuarto de siglo de registros y concluye que esa premisa se derrumbó. Entre sus resultados, señala que la diferencia de rentabilidad bruta mensual entre el Fondo A (0,53%) y el Fondo E (0,24%) no es estadísticamente significativa al 99% de confianza. En la práctica, asumir el máximo riesgo habría rendido lo mismo que mantenerse en la opción más conservadora.
El texto agrega que en 59 ocasiones, equivalentes al 20% de la vida útil del sistema, el Fondo E acumuló más dinero que el Fondo A. El episodio más reciente ocurrió en julio de 2023. Además, indica que el retorno del Fondo A no supera, con significancia estadística, la TIR de los Bonos del Banco Central de Chile, el instrumento más predecible y seguro de la economía chilena.
Para el autor, perder contra el Fondo E constituye una falla de gestión, mientras que no ganarle al Bono del Banco Central equivale a perder contra el piso mismo de la economía nacional. Añade que la industria expuso el dinero de millones de chilenos a la angustia de las caídas bursátiles para entregar, 24 años después, un resultado indistinguible de haber prestado recursos al Estado sin mover un dedo.
Rojas Bravo también cuestiona la idea de que el tiempo corrige el riesgo. Con un aporte mensual de 1 UF desde el origen del sistema, el fondo acumulado a julio de 2026 alcanzaría 529,16 UF en el Fondo A y 376,51 UF en el Fondo E, una diferencia real a favor del riesgo. Sin embargo, el análisis sostiene que, con el paso del tiempo, no solo crece el fondo acumulado: también aumenta la varianza del retorno, es decir, el riesgo de terminar perdiendo se amplifica con el plazo en lugar de diluirse.
Por eso, explica, en 59 ocasiones el Fondo E conservador terminó superando al A pese a la ventaja que muestra el promedio. El tiempo, concluye, no es la red de seguridad que la industria vende: es el terreno donde el riesgo tiene más espacio para desplegarse. El texto plantea una pregunta: ¿alguien se atrevería a apostar que, en los próximos quince años, el Fondo A siempre le ganará al E? Rojas Bravo responde que él no. Y si quien realizó el análisis estadístico más riguroso que existe hoy sobre el sistema no se atreve a esa apuesta, agrega, cuesta entender con qué autoridad la industria sigue vendiéndola como certeza.
Las comisiones son otro punto central. Según el análisis, el costo de administración se devora entre el 41% y el 58% de la rentabilidad generada. Por ese cobro, el Fondo A pasa de un 6,57% real anual bruto a un 3,90% neto, mientras que el Fondo E cae de un 2,97% bruto a un 1,25% neto.
El texto pregunta qué compra el trabajador con la comisión que se le descuenta del sueldo mes tras mes, si el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia lo paga el empleador por separado. Sostiene que no compra pericia financiera, porque no existió, ni protección, porque ya está pagada en otra parte. A su juicio, compra papeleo administrativo: mantención de un servidor, impresión de una cartola y cumplimiento forzado de una ley. Agrega que las comisiones entre AFP varían de 0,46% a 1,45%, más del 200% de diferencia, por un resultado financiero idéntico entre administradoras, lo que demostraría que ese precio no mide gestión ni talento, sino margen de utilidad y estructura de costos. Lo compara con la diferencia entre una notaría cara y una barata: la firma impresa vale lo mismo y el sello de goma no sabe de lujo.
El artículo contrasta el caso chileno con el Fondo Soberano de Noruega, el fondo de pensiones más grande del mundo, construido con ingresos petroleros. Entre 1998 y el tercer trimestre de 2025, Noruega logró un retorno real neto, después de costos de gestión e inflación, de 4,28% anual, con un costo de administración de apenas 0,04% de los activos gestionados al año. En comparación, el Fondo A chileno, el más agresivo y caro del sistema, registra 6,57% real bruto y 3,90% neto. Noruega, con una cartera más diversificada, sin la exposición extrema a renta variable del Fondo A y cobrando una fracción mínima, entrega a sus beneficiarios una rentabilidad neta superior a la del fondo chileno diseñado para maximizar el retorno asumiendo el máximo riesgo.
El texto presenta una estimación de orden de magnitud, no un cálculo actuarial: la brecha entre el retorno bruto y neto del Fondo A, de 2,67 puntos porcentuales anuales, aplicada al total de activos que administra el sistema chileno (US$257.944 millones, según la Superintendencia de Pensiones a mayo de 2026) arroja una cifra aproximada de US$6.900 millones al año que las comisiones sustraen de la rentabilidad generada. Proyectado, sin componer, sobre los 24 años de historia del sistema, el orden de magnitud supera los US$160.000 millones. La cifra exacta exigiría un cálculo actuarial completo, fondo por fondo y año por año, que ni la industria ni el regulador han publicado, lo que el artículo considera parte del problema.
Para dimensionar esa cifra, el texto indica que US$160.000 millones equivalen a cerca del 39% del PIB chileno completo de un año (US$407.850 millones, según el FMI para 2026), o a casi dos años enteros del presupuesto fiscal de la nación (US$90.000 millones anuales, Presupuesto 2026). La pérdida anual estimada, de US$6.900 millones, representaría por sí sola cerca del 39% de todo el presupuesto de Educación para 2027 (US$17.777 millones). No sería una cifra menor escondida en la letra chica de una cartola, sino, en la escala del país, del tamaño de una política pública completa que no se alcanza a ver porque nunca se presenta junta, sino descontada mes a mes, sueldo por sueldo.
El contraste, añade, no es menor. No se trata de que Chile haya elegido asumir más riesgo a cambio de más retorno, lo cual sería una decisión legítima de política pública. Se trata de que asumió más riesgo, cobró más caro por gestionarlo y terminó entregando menos rentabilidad neta que un fondo soberano que invierte de forma mucho más conservadora y cobra casi nada por hacerlo. Noruega demostraría, con números auditados y públicos cada año, que gestionar barato y bien no es una fantasía regulatoria, sino una opción que Chile no tomó.
El artículo sostiene que lo escandaloso no es solo la mediocridad de las cifras, sino la ausencia total de vergüenza. Ningún directorio ha pedido disculpas y ningún ejecutivo se ha parado frente a una cámara a admitir que cobró comisiones de gestión activa por entregar, durante 24 años, resultados de renta fija básica. El sistema operaría, dice, bajo un blindaje insólito: una arquitectura que puede fallar de forma demostrable durante veinticuatro años seguidos sin que un solo cuerpo humano cargue con el peso de esa falla.
Tampoco la academia especializada, según el texto, ha estado a la altura. Chile ha formado en las últimas dos décadas un número creciente de economistas con doctorado, muchos en las mejores universidades del mundo, y sin embargo la evidencia, pública desde hace meses, no ha generado el debate técnico que su gravedad amerita. No hizo falta una cifra exacta de cuántos doctores existen para notar la ausencia: bastó con que nadie, con el peso académico suficiente, saliera a confirmar o refutar con el mismo rigor estadístico lo que Rojas Bravo ya mostró.
El texto cita una frase o muletilla, cortesía de Bombo Fica, que, con bastante menos ropa mental, explicaría mejor que cualquier informe técnico el tufo a sospecha que emana del sistema. Un sistema que administra US$257.944 millones pertenecientes a 12 millones de afiliados. Que pasen veinticuatro años sin que nadie pague el costo de una falla evidente no sería cautela regulatoria: sería, literalmente, lo que Chile aprendió a llamar “sospechosa la w…”.
Para el autor, el regulador, lejos de fiscalizar el desastre, elige la evasión como método de gobierno. Ni la Superintendencia de Pensiones ni el Ministerio del Trabajo han publicado una evaluación empírica y rigurosa sobre el desempeño real de los multifondos antes de decretar su extinción. Se repetiría así el vicio de siempre en la política pública chilena: cambiar la fachada, los nombres, el número de fondos, la asignación automática por edad, para que nada, en el fondo, tenga que cambiar.
Los Fondos Generacionales pueden ser un ajuste razonable en el diseño de asignación, concluye el artículo, pero no garantizan por sí solos un solo punto adicional de retorno. Si antes de abril de 2027 la autoridad no demuestra, con números auditados y a la vista de todos, que el nuevo esquema corrige la captura de valor y la voracidad de las comisiones, el diagnóstico será inequívoco: no se estará frente a una modernización técnica, sino frente a un cambio de etiquetas cosido sobre la misma herida, para que la miseria siga teniendo, otra vez, un nombre nuevo que nadie tenga que pronunciar con vergüenza.
Con Información de desenfoque.cl
