El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, divulgado en febrero de 2026, indicó que la calificación promedio mundial descendió a 42 sobre 100, alcanzando su punto más bajo en más de diez años. Más de dos tercios de los 182 países evaluados obtuvieron una puntuación inferior a 50. Los continuos escándalos de corrupción y los frágiles mecanismos de rendición de cuentas en América Latina forman parte de este deterioro global.
Transparencia Internacional fue explícita en su valoración de las Américas. La región, señaló, no ha registrado avances en la lucha contra la corrupción. Su puntuación media se equiparó con el promedio global, mientras que el crimen organizado ha incrementado su presencia en la política e instituciones públicas de América Latina, incluyendo Chile.
Este hallazgo contrasta de manera notable con otro resultado. La encuesta regional más reciente de Latinobarómetro caracterizó la democracia como resiliente, aunque con débil respaldo tras una década complicada. Numerosos ciudadanos continúan optando por la democracia frente a otras alternativas, pero dudan de que sus líderes e instituciones actúen de manera equitativa.
Esta distinción reviste importancia. El riesgo mayor para la democracia no siempre es su rechazo abierto, sino la creencia creciente de que las elecciones producen cambios limitados, que las instituciones favorecen a los poderosos y que la administración pública se ha desconectado del interés colectivo.
Esta insatisfacción no es exclusiva de América Latina. El Barómetro de Confianza Edelman 2025 identificó que el 61% de los participantes en el mundo experimentaba un sentimiento de agravio moderado o alto. Consideraban que gobiernos y empresas priorizaban intereses particulares y permitían que los ricos se aprovecharan injustamente del sistema. Cuatro de cada diez calificaban como aceptable al menos una modalidad de activismo hostil, incluidas amenazas, desinformación intencional o daños a la propiedad, con mayor respaldo entre adultos jóvenes.
Las realidades varían según cada país. Algunas sociedades protestan contra la corrupción; otras, contra la desigualdad, la inseguridad o la deficiencia de servicios públicos. No obstante, bajo estos distintos agravios existe una frustración compartida: las instituciones pueden mantener su funcionamiento formal, pero ya no generan confianza.
La mayoría de los estudios abordan este descontento desde perspectivas políticas, económicas o institucionales. Esos análisis son válidos, pero insuficientes. La crisis de América Latina es fundamentalmente ética. Esto no implica que la pobreza o la debilidad institucional sean preocupaciones menores; las dificultades materiales son reales. Pero estos fracasos resultan más erosivos cuando los ciudadanos los atribuyen al favoritismo o la deshonestidad, en lugar de circunstancias adversas o errores involuntarios. La desigualdad duele más profundamente cuando el privilegio parece definir quién accede a justicia; la falla institucional se torna explosiva cuando nadie asume responsabilidad por ella.
Para designar este fenómeno, se propone el término “pandemética”, fusionando los conceptos de pandemia y ética. Se refiere al deterioro de normas morales y cívicas que se propaga por la sociedad, atravesando los límites entre lo público y lo privado. Como un virus, no permanece confinado en una única institución. Se expande a través del gobierno, empresas, educación y cultura, proliferando donde se recompensa la conducta indebida y los ciudadanos asumen que comportarse éticamente los coloca en situación de desventaja.
La pandemética funciona mediante tres mecanismos principales.
El primero es la infección intersectorial. Cuando se tolera el tráfico de influencias en la política y el favoritismo se normaliza en instituciones públicas, la conducta inapropiada deja de considerarse excepcional. Se convierte en un camino esperado para el progreso. Incluso quienes inicialmente rechazaban la corrupción pueden sentirse obligados a participar simplemente para competir o subsistir.
El segundo es la fiebre social. Los ciudadanos reaccionan ante la injusticia acumulada mediante manifestaciones y movimientos de protesta. Como la fiebre que produce un organismo enfermo, el descontento público puede señalar que una sociedad intenta defenderse de un trastorno fundamental. La protesta no constituye por sí sola evidencia de fracaso democrático; puede representar una demanda legítima de rendición de cuentas. La violencia y la desinformación deliberada, no obstante, no son extensiones de esa protesta. Socavan la misma confianza que esta procura restaurar, precisamente el riesgo que subrayan los hallazgos de Edelman sobre el activismo hostil.
El tercer mecanismo es la corrupción de los propios principios. Ocurre cuando actores políticos invocan ideales que no practican o utilizan lenguaje moral para encubrir la búsqueda del poder. En este contexto, la competencia se subordina a la lealtad y el debate público se transforma en un enfrentamiento de consignas. El problema no radica en la ideología misma; las democracias requieren ideas en competencia y desacuerdo vigoroso. Comienza cuando las ideas no se tratan como convicciones sino como herramientas para disimular intereses privados, y se evidencia cuando acusaciones creíbles se responden únicamente con contraacusaciones partidistas en lugar de investigaciones transparentes.
Esto explica por qué el descontento frecuentemente se transforma en rabia. Cuando la autoridad legal persiste pero la autoridad moral desaparece, las instituciones comienzan a sentirse vacías. Los ciudadanos pueden obedecerlas por necesidad, sin reconocer su legitimidad.
Nada de esto hace que la reforma legal e institucional sea innecesaria. Los tribunales independientes, la contratación pública transparente, los servicios civiles profesionales y la supervisión efectiva continúan siendo esenciales. Pero las normas solas no pueden restituir la vida democrática. Todo sistema depende de personas dispuestas a honrar no solo la letra de la ley, sino también las responsabilidades inherentes al ejercicio del poder público.
Ese criterio se aplica hoy de forma desigual. Los partidos políticos tienden a invocar la integridad principalmente contra sus adversarios, no en sus propias filas; los nombramientos públicos frecuentemente premian la lealtad sobre la competencia; la educación cívica rara vez aborda la ciudadanía como un estatus que conlleva tanto responsabilidades como derechos. El mismo desequilibrio existe fuera del gobierno: líderes empresariales, periodistas y organizaciones de la sociedad civil demandan integridad exclusivamente al Estado, mientras toleran el favoritismo o la deshonestidad dentro de sus propias instituciones.
América Latina no carece de leyes, elecciones ni promesas políticas. Le falta cada vez más la confianza de que las palabras públicas se correspondan con la conducta privada. Reconstruir esa confianza requerirá reformas institucionales y oportunidades económicas. Pero también exigirá una simple coherencia ética entre lo que los líderes prometen y cómo gobiernan.
La crisis en Chile y América Latina no es meramente política. Radica en la calidad ética de las relaciones mediante las cuales se ejerce el poder. Mientras no se repare ese fundamento, incluso las instituciones que funcionan correctamente enfrentarán dificultades para obtener la confianza que la democracia necesita para subsistir.
Con Información de desenfoque.cl
