La Sala de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto sobre detenciones para expulsiones administrativas después de que no se lograra el quórum exigido.
La aprobación requería al menos 89 votos, pero la Sala registró 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones.
La iniciativa pretendía ampliar el plazo durante el cual una persona extranjera con una orden de expulsión administrativa podía permanecer detenida, con el objetivo de asegurar la ejecución efectiva de esa medida.
En concreto, la reforma disponía que el límite general de 48 horas para la detención no se aplicara cuando se tratara de materializar expulsiones administrativas. En su lugar, establecía que el plazo máximo de detención no fuera inferior a cinco días ni superior a 30 días corridos.
La norma general señala que, tras el rechazo de un proyecto en su idea de legislar, este no continúa su tramitación y debe esperar un año para volver a presentarse.
No obstante, al tratarse de un mensaje, el Presidente José Antonio Kast puede solicitar que la iniciativa pase al Senado, donde necesitaría la aprobación de dos tercios de dicha Corporación. Si obtuviera ese respaldo, volvería a la Cámara, donde solo podría volver a rechazarse con el voto de dos tercios de sus miembros presentes.
El texto también contemplaba la posibilidad de renovar la medida hasta tres veces consecutivas, por un período igual o inferior al decretado originalmente. Esto, siempre que resultara estrictamente necesario para asegurar el cumplimiento de la expulsión.
Para ello, las prórrogas debían contar con autorización judicial previa, sobre la base de una solicitud fundada presentada por la autoridad administrativa y conforme a las condiciones que establezca la ley.
Además, la propuesta establecía que, cuando la detención tuviera por objeto permitir la solicitud de detención previa o el inicio de un procedimiento de extradición pasiva, el plazo podía ser de hasta 10 días, equiparándolo a lo que ocurre en el caso de conductas terroristas.
Junto con lo anterior, consideraba una norma transitoria que disponía que el Presidente de la República debía presentar el proyecto de ley que regule la aplicación de la reforma dentro de los seis meses siguientes a su publicación.
Con Información de www.lanacion.cl
