Daniela Pizarro Amaya. Periodista. El Siglo. 03/11/2026.
En entrevista con ElSiglo.cl, la diputada del Partido Comunista (PC), Irací Hassler, abordó el proyecto de ley de Presupuesto 2027 ingresado por el Gobierno, que ha recibido fuertes críticas por los ajustes que contempla en comparación con el año anterior.
Hassler sostuvo que desde La Moneda buscan atomizar el Estado en tareas sensibles para la población, como educación, salud, trabajo y crecimiento económico, y afirmó que la propuesta no responde a las necesidades urgentes del país. “Este es el presupuesto de los recortes”, recalcó.
La parlamentaria señaló que no se trata de un presupuesto proempleo ni proinversión, sino de una propuesta que debilita herramientas fundamentales para enfrentar el desempleo, impulsar la inversión y reactivar la economía. Añadió que, en medio de la difícil situación económica y laboral, el Gobierno no responde a la urgencia de generar más y mejores empleos ni prioriza la inversión pública y los programas que podrían dinamizar la actividad económica. Según dijo, se recorta precisamente donde Chile necesita invertir para volver a crecer y mejorar las condiciones de vida de las familias.
En detalle, indicó que la inversión pública crece apenas un 1,6% anual, por debajo de la expansión del gasto corriente, que alcanza un 2,9%. Los subsidios a la contratación caen un 30,7%, mientras que los presupuestos de los ministerios de Economía y Ciencias, en los subtítulos 25, 30 y 32, correspondientes a recursos fundamentales para la innovación y el fomento productivo, totalizan una reducción de un 6,9%.
Hassler manifestó que no tienen buenas expectativas de que el Presidente Kast y su ministro Quiroz estén disponibles para rectificar el rumbo. Sostuvo que, tal como ocurrió con la megareforma tributaria y con el bencinazo, este Gobierno insiste en decisiones que favorecen a los sectores de mayores ingresos y terminan perjudicando a las familias chilenas.
No obstante, aseguró que darán la discusión con responsabilidad y firmeza en el Congreso. Su deber, dijo, es defender los recursos que necesitan las personas, las familias y las comunidades, y exigir un presupuesto que contribuya a generar empleo, fortalecer los servicios públicos y responder a las urgencias sociales del país.
Respecto de las materias de género, educación y otros ámbitos con recortes sustantivos, la diputada afirmó que sus principales alertas están en los derechos de las mujeres, el empleo, el crecimiento, la educación, los gobiernos regionales y la salud. A su juicio, detrás de la propuesta hay una orientación política clara: el Gobierno quiere jibarizar el Estado, reducir su capacidad de responder a las necesidades de la población y debilitar políticas públicas que han sido fundamentales para garantizar derechos.
En derechos de las mujeres, el proyecto contempla el cierre de PRODEMU. Con ello, desaparece el financiamiento del convenio INDAP–PRODEMU asociado al programa Mujeres Rurales. Hassler advirtió que esto tiene consecuencias concretas: muchas mujeres podrían perder oportunidades de capacitación, acompañamiento y apoyo para desarrollar emprendimientos y fortalecer su autonomía económica. Se trata de políticas que contribuyen a reducir brechas y a mejorar las condiciones de vida de mujeres, especialmente en sectores rurales.
En empleo, señaló que cerca de un millón de personas están buscando trabajo y que, justamente cuando más se necesitan herramientas para enfrentar esa situación, el Gobierno recorta los subsidios al empleo en torno a un 30% en términos reales. Según un análisis de OPES, estos recursos caerían desde aproximadamente $181 mil millones a $131 mil millones. Esto ocurre, agregó, en un contexto en que el desempleo alcanza el 9,6% y hay alrededor de 989 mil personas buscando trabajo. Consideró que es una decisión en la dirección equivocada, porque se necesitan más políticas para generar empleo, no menos recursos para promoverlo.
En educación también identificó señales preocupantes. El programa Yo elijo mi PC, que entrega computadores y conectividad a estudiantes, queda sin financiamiento para nuevas entregas en 2027. En 2026 contó con cerca de 35 mil millones de pesos y benefició a 96.100 estudiantes. A esto se suma una disminución real de los recursos destinados a gratuidad en educación superior: un 2% para universidades y un 2,4% para centros de formación técnica e institutos profesionales; además, bajan los recursos para docentes, con 83 mil horas menos.
En salud, se proyecta una disminución de 28 mil millones de pesos en los recursos destinados a la Ley Ricarte Soto, que permite financiar tratamientos de alto costo para personas que enfrentan enfermedades complejas.
Frente a esto, Hassler planteó que el mensaje de fondo es que el Gobierno pretende reducir el papel del Estado precisamente allí donde las personas necesitan su apoyo. Aunque se insiste en que hay que ajustar el gasto, los recortes terminan afectando políticas que contribuyen a garantizar derechos, generar oportunidades y reducir desigualdades. Al mismo tiempo, sostuvo que se promueven medidas tributarias favorables a los sectores de mayores ingresos bajo la vieja y falsa promesa de que sus beneficios llegarán al conjunto de la sociedad. Esa es la teoría del chorreo, una receta que, según ella, no resuelve las desigualdades ni garantiza que el crecimiento se traduzca en mejores condiciones de vida para las mayorías.
Consultada sobre si los recortes son necesarios por urgencias y si hay algún indicio de dónde se están yendo esos recursos, la diputada respondió que el Gobierno intenta presentar estos recortes como una necesidad inevitable, pero que lo que debe discutirse son sus prioridades y quiénes terminan pagando el costo de sus decisiones. No basta con decir que hay que ajustar el gasto público, dijo: hay que explicar por qué ese ajuste recae sobre programas sociales, políticas de empleo, educación y salud, mientras se impulsa una agenda tributaria que beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos.
Hassler sostuvo que lo que se ve hasta ahora no es una estrategia que permita asegurar que esos recursos se van a destinar a resolver las urgencias de las familias chilenas. Por el contrario, la reducción de programas y de herramientas de apoyo público amenaza con debilitar la capacidad del Estado para enfrentar el desempleo, las desigualdades y las necesidades sociales. Por eso, remarcó: “el Gobierno tiene que transparentar sus prioridades y explicar con claridad qué objetivos persigue con estos recortes, cuáles serán sus efectos y cómo pretende responder a las necesidades que quedarán desatendidas”.
Desde su perspectiva, no se puede hablar de responsabilidad fiscal si el resultado es un Estado más débil y una ciudadanía que debe resolver individualmente problemas que requieren respuestas públicas. El presupuesto expresa un proyecto de país, afirmó, y defenderán uno en que el Estado tenga las capacidades y los recursos necesarios para garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida para las grandes mayorías.
Respecto de los constantes cambios en las proyecciones económicas, Hassler calificó como inaceptable que el ministro de Hacienda ponga en duda, una y otra vez, las propias cifras de su Gobierno. Recordó que en crecimiento económico, el 25 de mayo proyectaban un 2,1%; el 12 de junio, el ministro situó la expectativa en un 1,8%; y ahora la redujeron a apenas un 0,7%. Es una sucesión de cambios que genera incertidumbre y pone en cuestión la consistencia de las proyecciones oficiales, afirmó.
Agregó que hace apenas unos días la Dirección de Presupuestos, que depende de su ministerio, presentó una proyección de inflación del 3,8% para 2026 y que un par de días después el propio ministro cuestionó si se podría cumplir esa estimación. Reconoció que el Banco Central tiene el mandato de velar por la estabilidad de la política monetaria y, con ello, de la inflación; sin embargo, sostuvo que la política fiscal afecta y requiere seriedad en su manejo.
La diputada indicó que las estimaciones económicas pueden cambiar cuando aparecen nuevos antecedentes, pero eso exige fundamentos técnicos claros y explicaciones transparentes. Lo que no puede ocurrir, dijo, es que se genere incertidumbre sobre las propias cifras con las que el Gobierno diseña su política económica y construye el presupuesto nacional. Chile necesita una conducción económica seria, proyecciones creíbles y decisiones responsables, puntualizó, porque detrás de estas cifras hay empleos, salarios, inversión pública y recursos para las políticas sociales. No son números abstractos: sus efectos se sienten directamente en la vida de millones de personas.
Sobre la reactivación de la bancada feminista, Hassler explicó que reactivaron la bancada feminista Julieta Kirkwood junto a otras parlamentarias que comparten la convicción de defender los derechos conquistados por las mujeres en el país, frente a la embestida conservadora de la ultraderecha en Chile y el mundo.
Expresó una visión muy crítica de la actuación del Gobierno en materia de derechos de las mujeres. Le preocupa especialmente la falta de claridad de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género respecto de sus prioridades y de su agenda legislativa. Añadió que necesitan saber qué compromisos concretos tiene el Gobierno para avanzar en igualdad, prevenir y erradicar la violencia de género y fortalecer la autonomía económica de las mujeres.
Para la diputada, el presupuesto también es una señal política. Cuando se decide cerrar PRODEMU y el programa Mujeres Rurales, sostuvo, no se habla solamente de cifras: se habla de oportunidades, autonomía económica y derechos para miles de mujeres. Por eso, anunció que fiscalizarán estas decisiones y exigirán que se garantice la continuidad de las políticas públicas que contribuyen a reducir las desigualdades de género.
Como bancada, dijo, esperan trabajar de manera coordinada para enfrentar el desempleo femenino, que supera el 10%; avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas las nuevas expresiones de violencia digital; impulsar la implementación del Sistema Nacional de Cuidados; fortalecer el cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos, y frenar los retrocesos en derechos sociales.
Hassler afirmó que los derechos de las mujeres no pueden quedar sujetos a la voluntad política de un Gobierno ni ser considerados un gasto prescindible. Son conquistas que deben defenderse y profundizarse, y para ello se necesitan políticas públicas sólidas, instituciones comprometidas y recursos suficientes, sostuvo.
Con Información de elsiglo.cl
