Hace días que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre los cuestionamientos de la oposición respecto a la Ley Miscelánea o Mega reforma. Las reacciones ante la decisión han destacado principalmente por su escaso impacto, opacadas además por el intenso flujo comunicacional del gobierno, que confunde su actividad mediática con una verdadera agenda legislativa y convierte sus errores en un mecanismo adicional para dominar la atención de los medios.
Lo cierto es que el fallo del Tribunal Constitucional evidencia la función que desempeña: actuar como guardián de los intereses del capital. Esto resulta coherente considerando que la propia Constitución, que debe resguardar contra abusos y excesos de otros poderes del Estado, persigue esta finalidad. Uno de los abogados de la oposición, Jorge Correa Sutil, había argumentado previamente que uno de los fundamentos de su presentación radicaba en la vulneración de la «democracia republicana», ya que la mega reforma impediría a futuras legislaturas modificarla, contraviniendo los principios de una «República Democrática».
El Tribunal Constitucional, en un fallo que habría dejado satisfecha a la Junta, comunicó a la oposición y al país que la estabilidad de las reglas que garantizan ganancias al gran capital resulta más importante que el «principio democrático», como lo denominó Correa Sutil. De manera similar a una novela de Balzac, la codicia se antepone a cualquier otro rasgo de la cultura dominante, ahora consagrados legalmente como bienes superiores incluso a la democracia misma.
La República no considera alternativas que no sea esperar una nueva correlación de fuerzas en el futuro. Incluso con la conformación de un nuevo congreso que pudiera derogar la reforma posteriormente, no se garantiza la corrección y restitución de dicho principio. Más aún, ha proporcionado argumentos legales al gran empresariado para defender su éxito actual independientemente de la soberanía popular, que la Constitución establece como residente en el pueblo y ejercida «mediante las elecciones y los plebiscitos».
Fortalecido por su logro, el gobierno prepara una batería de medidas administrativas para abordar lo que no aprobó el Tribunal Constitucional, consistente en las normas ambientales contenidas en los artículos 12 y 13 que establecían el derecho a indemnización ante la anulación de una Resolución de Calificación Ambiental y algunas disposiciones sobre microrelocalizaciones de concesiones acuícolas. Estas medidas interesan especialmente a los empresarios del salmón, ya afectados por el aumento de aranceles de Trump.
El Ministro de Hacienda señaló que el fallo le sería favorable «inequívocamente». A partir de este logro anuncia las próximas medidas: reformar el Estatuto Administrativo y «modernizar» el mercado de capitales para hacerlo más competitivo, lo que significa crear condiciones más favorables para la acumulación de ganancias y la especulación, mientras caen los ingresos de las familias trabajadoras y aumenta su endeudamiento.
La confianza ingenua con que algunos dirigentes opositores pretenden defender al pueblo en el Congreso frente a esta ofensiva conservadora ha sido ampliamente rebasada por los últimos eventos. El problema fundamental radica en que no es posible cuestionar los contenidos abiertamente reaccionarios y pro empresariales de las políticas de orientación neoliberal, ni defender al pueblo de sus consecuencias seguras en términos de mayor explotación, pobreza y contaminación, sin oponer un concepto alternativo de la sociedad y la economía. Uno que destaque el papel del trabajo, fomente la industria nacional y reposicione al Estado en la regulación del mercado y la provisión de derechos económicos, sociales y culturales.
La derecha lo sabe. Sin alternativas visibles, únicamente aguarda el estallido de protesta y prepara medidas represivas para enfrentarlo, sin preocuparse de los argumentos políticos y filosóficos que le permitan sustentarlas, aspecto que genera gran inquietud en un grupo de intelectuales de derecha que perciben este escenario con considerable preocupación.
El fallo del Tribunal Constitucional profundiza la brecha que la mega reforma abrió entre la sociedad y la institucionalidad política. Las posibilidades que esta ofrece son prácticamente nulas, excepto esperar pacientemente la próxima elección con resultados inciertos y antes de la cual pueden generarse condiciones aún más tóxicas para la convivencia social. El momento de actuar es ahora y no será una meticulosa aplicación técnica de las recetas neoliberales, como ocurrió en el pasado, lo que resguardará la democracia de sus propios resultados.
Con Información de elsiglo.cl
