Los humedales son ecosistemas fundamentales que albergan una gran biodiversidad y proveen servicios ecosistémicos esenciales. Desempeñan un papel clave en la lucha contra el cambio climático, ya que actúan como barreras naturales frente a inundaciones, marejadas y sequías, almacenan grandes cantidades de carbono y constituyen hábitat para innumerables aves migratorias y especies nativas. En Chile, su riqueza biológica es especialmente alta debido a la gran variedad de ambientes que comprenden, desde salares y lagunas altoandinas hasta estuarios, marismas, ríos, lagos, turberas y ecosistemas costeros. Según el Inventario Nacional de Humedales administrado por el Ministerio del Medio Ambiente, el país cuenta con cerca de 40.000 humedales, que cubren aproximadamente 5,6 millones de hectáreas.
Los humedales proporcionan hábitat, alimento, refugio y sitios de reproducción para una amplia variedad de especies, entre las que destacan las aves acuáticas y migratorias. La desembocadura del río Lluta, en la Región de Arica y Parinacota, y El Yali, en la Región de Valparaíso, albergan numerosas especies de aves y constituyen importantes puntos de descanso y alimentación en las rutas de aves migratorias. También destacan humedales como Monkul, en la Región de La Araucanía; los humedales de Maullín, en la Región de Los Lagos; y Parque Andino Juncal, en la Región de Valparaíso, que constituyen importantes refugios para aves y otras especies. Asimismo, estos ecosistemas son hábitat de peces, anfibios, reptiles y especies vegetales nativas, incluidas algunas endémicas y amenazadas. La vegetación acuática, como la totora presente en humedales como el de Batuco, en la Región Metropolitana, cumple importantes funciones ecológicas y posee relevancia social y económica para las comunidades locales.
Entre los principales beneficios que aportan estos ecosistemas se encuentran la regulación del clima y la reducción de riesgos naturales. Los humedales actúan como verdaderas “esponjas”, almacenando y regulando el exceso de agua durante las lluvias y contribuyendo a disminuir el riesgo de inundaciones. Los humedales costeros y estuarios ayudan a amortiguar los efectos de marejadas, maremotos y del aumento del nivel del mar, mientras que las turberas y otros humedales almacenan grandes cantidades de carbono y contribuyen a la captura de CO₂.
Los humedales desempeñan funciones fundamentales en el ciclo del agua, al actuar como reservorios naturales que permiten almacenar agua y sostener el funcionamiento de las cuencas durante períodos de escasez hídrica. Además, funcionan como filtros naturales, reteniendo sedimentos y ayudando a remover contaminantes, lo que contribuye a mejorar la calidad del agua, y favorecen la recarga de acuíferos mediante la infiltración hacia las aguas subterráneas. Estas funciones demuestran que los humedales son ecosistemas de alto valor ecológico y estratégicos para la seguridad hídrica, la adaptación al cambio climático, la reducción de riesgos y el bienestar de las comunidades. Por ello, su conservación y manejo sustentable debe constituir un punto de partida para avanzar decididamente hacia el fortalecimiento integral de estos espacios, promoviendo decisiones que armonicen la protección de la biodiversidad con la preservación de los numerosos servicios ecosistémicos que brindan y que contribuyen directamente al bienestar y la calidad de vida de las comunidades.
Los humedales de Chile están expuestos a diversas amenazas y presiones, principalmente de origen antrópico, entre las que destacan la pérdida y transformación del hábitat, la contaminación y la alteración de la cantidad y calidad del agua. A estas se suma el cambio climático, que modifica los patrones de precipitación y los regímenes hidrológicos, intensifica las sequías y aumenta la ocurrencia de eventos extremos. Estas amenazas suelen actuar de manera simultánea y acumulativa, incrementando la vulnerabilidad de los humedales y comprometiendo su funcionamiento ecológico, biodiversidad y capacidad para proporcionar servicios ecosistémicos.
Entre las principales presiones se encuentran la urbanización y expansión inmobiliaria, el relleno y drenaje de humedales, la modificación de cauces y la construcción de infraestructura, que pueden provocar pérdida y fragmentación de hábitats y alterar los flujos naturales de agua. A ello se suma la contaminación proveniente de aguas servidas, residuos y actividades industriales y agropecuarias, así como la extracción y sobreexplotación del agua para consumo humano, agricultura, industria y minería. Estas presiones adquieren especial relevancia en ecosistemas que dependen de aguas subterráneas, como diversos humedales altoandinos. Asimismo, las actividades agropecuarias y ganaderas, las especies exóticas invasoras, los incendios y la extracción de áridos o de vegetación pueden contribuir a su degradación.
En conjunto, estas presiones evidencian la necesidad de abordarlas de manera integral, fortaleciendo la protección y el manejo sustentable de los humedales, mejorando la gestión de los recursos hídricos, previniendo y controlando las fuentes de contaminación y promoviendo prácticas compatibles con su conservación. Todo ello debe considerar, además, los efectos actuales y futuros del cambio climático y la estrecha relación entre los humedales, las cuencas y las comunidades que dependen de los servicios ecosistémicos que estos proporcionan.
La presencia de miles de humedales de distintos tipos y tamaños dentro de las unidades del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado tiene un rol fundamental al contribuir a la conservación de la biodiversidad y al mantenimiento de funciones ecológicas esenciales para los ecosistemas protegidos. Estos espacios permiten, además, desarrollar bajo vigilancia oficial, acciones de investigación, monitoreo, educación ambiental, conservación y restauración, incluyendo la biodiversidad, así como los valores culturales, paisajísticos y turísticos y su importancia para las comunidades locales y pueblos originarios.
Sin embargo, la protección formal dentro de las áreas no siempre se traduce en una conservación efectiva, debido a las amenazas externas y a las brechas existentes en materia de recursos especialmente para gestión y monitoreo. Esta situación refuerza la necesidad de avanzar desde la protección formal hacia una gestión activa, que permita asegurar la conservación y restauración de estos ecosistemas y su integración efectiva en la gestión de las áreas protegidas en el contexto territorial donde se ubican.
Los Sitios Ramsar han tenido un rol y aporte histórico fundamental para reconocer la importancia de los humedales en el país. La incorporación de los humedales a la política de conservación de la biodiversidad en Chile, a partir de la adhesión a la Convención sobre los Humedales en 1981, mediante el Decreto Supremo N.º 771, significó uno de los primeros compromisos internacionales específicos asumidos por el país para reconocer el valor ecológico de estos ecosistemas y promover su conservación. Desde entonces, la designación de Sitios Ramsar, bajo el liderazgo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), ha permitido visibilizar humedales de especial importancia ecológica, generar información sobre sus características y funciones y fortalecer la cooperación internacional.
Actualmente, Chile cuenta con 16 Sitios Ramsar, que en conjunto abarcan aproximadamente 363.927 hectáreas. Entre ellos destacan sitios de importancia internacional como el Sistema Hidrológico de Soncor, en el Salar de Atacama, relevante para la reproducción de flamencos altoandinos; Bahía Lomas, en la Región de Magallanes, reconocido por su importancia como sitio de alimentación y descanso para aves migratorias; y el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo, en la Región de Los Ríos, uno de los principales humedales del sur de Chile y hábitat de una gran diversidad de aves acuáticas. Estos sitios reflejan la diversidad de humedales de importancia internacional presentes a lo largo del territorio nacional. La designación Ramsar constituye un reconocimiento internacional de la importancia de estos ecosistemas y ha contribuido a su valoración y visibilización en la agenda ambiental chilena.
La Ley N.º 21.202 de Humedales Urbanos, aprobada el año 2020, constituye un aporte especialmente relevante frente a los desafíos para su conservación, porque permitió incorporar la preocupación por la protección de estos ecosistemas en el ámbito de la planificación y gestión de las ciudades. La ley reconoce formalmente a los humedales urbanos, establece criterios de sustentabilidad, permite su declaración por el Ministerio del Medio Ambiente y entrega a los municipios herramientas para su protección, incluyendo ordenanzas e instrumentos de planificación territorial.
Desde una cierta perspectiva el principal aporte de esta Ley es que permite avanzar hacia la reducción de las brechas entre reconocimiento y protección efectiva de estos espacios naturales, especialmente frente a la presión inmobiliaria y la expansión urbana. Por ello, puede entenderse como un paso decisivo en la construcción de una institucionalidad para los humedales urbanos, cuya eficacia de largo plazo dependerá de que sus atribuciones estén acompañadas de recursos, capacidades y gestión territorial permanente.
La promulgación en 2023 de la Ley N.º 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), representa un avance relevante para el reconocimiento y la gestión de los humedales en Chile. Esta ley establece que el Servicio llevará un Inventario Nacional de Humedales y contempla instrumentos orientados a su uso sustentable, conservación, protección y restauración. Desde la entrada en funcionamiento del SBAP, el 1 de febrero de 2026, los humedales incorporados al Inventario Nacional se encuentran sujetos al régimen de protección establecido en el artículo 41 de la Ley N.º 21.600. La norma exige autorización previa del SBAP para alterar físicamente los humedales inventariados que no sean sitios prioritarios, mientras que en aquellos que constituyan sitios prioritarios, la alteración física está prohibida, salvo las excepciones legales. No obstante, la discusión legislativa en torno a la protección de los humedales rurales refleja los desafíos que persisten para articular este marco de protección con los distintos usos y derechos presentes en el territorio.
En la actualidad, el gran desafío está en transformar estas herramientas normativas en capacidad institucional para implementar acciones concretas de protección, manejo, monitoreo y restauración, considerando la magnitud y diversidad de estos ecosistemas y las múltiples amenazas que enfrentan a lo largo del territorio nacional. Esto es especialmente relevante para los humedales que se encuentran fuera de figuras específicas de protección ya existentes, porque requieren mecanismos y recursos adaptados a cada realidad territorial para asegurar su conservación.
Es importante enfatizar que, más allá de los avances registrados, la existencia de un marco legal y sus instrumentos no aseguran por sí mismos la protección y conservación efectiva de los humedales rurales o urbanos en el territorio nacional. El éxito en este objetivo depende de las capacidades profesionales, técnicas y financieras de las instituciones responsables, en particular de los Municipios, pero también de la capacidad de coordinación institucional y avanzar hacia una gestión orgánica, activa, financiada y descentralizada en los territorios, para que los humedales sean efectivamente considerados y gestionados como un componente estratégico del patrimonio natural, la biodiversidad y la seguridad hídrica de Chile.
Con Información de elsiglo.cl
