Las ministras de Salud, May Chomali, y de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, presentaron un plan de apoyo dirigido a los adultos mayores, que fue impulsado tras el incendio registrado en la residencia de Pitrufquén, en La Araucanía, que causó 16 fallecidos.
El plan contempla la publicación de un registro de establecimientos con autorización sanitaria, el incremento de las fiscalizaciones con enfoque preventivo y la ampliación de alternativas de cuidado conforme al nivel de dependencia.
La ministra Wulf señaló que el Gobierno ya estaba avanzando en esta materia mediante la implementación de la Ley Integral de Personas Mayores, el fortalecimiento de Senama y la evaluación de las condiciones operativas de las residencias. Indicó que el suceso obliga a acelerar estos procesos e implementar acciones que garanticen mayor seguridad e información a las familias.
“Como Ministerio de Desarrollo Social y Familia tenemos a Senama, que impulsa que el Estado y la sociedad civil estén preparados y pongan a las personas mayores en el centro. La Ley Integral de Personas Mayores robustece esa institucionalidad y se hace cargo de una realidad urgente: el cambio demográfico del país”, afirmó Wulf.
“La primera medida será fortalecer las condiciones para reaccionar frente a una emergencia. Y entregar a las familias información clara sobre las residencias que cuentan con resolución sanitaria”, aseguró.
Wulf agregó que “como Gobierno ya veníamos trabajando para fortalecer la protección y el cuidado de las personas mayores. Lo ocurrido en Pitrufquén nos obliga a acelerar ese trabajo, reforzar la coordinación entre las instituciones y entregar respuestas concretas”.
“Nuestro objetivo es que las familias cuenten con información clara y que las personas mayores reciban cuidados adecuados, en espacios seguros y acordes con sus necesidades”, añadió.
La ministra Chomali anunció que se pondrá a disposición del público el registro de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) que poseen resolución sanitaria: “Transparentar la información a las familias de cuáles son aquellos dispositivos que cumplen con todas las exigencias que están incorporadas en el Decreto 20, que son centros para la atención de adultos mayores con diferentes niveles de dependencia, sin dependencia, mediana dependencia o alto nivel de dependencia, y así puedan saber si el lugar donde ellos van a llevar a sus adultos mayores cumple con estas exigencias”.
Chomali indicó que las fiscalizaciones incluirán establecimientos autorizados y aquellos que aún carecen de resolución sanitaria. “Focalizadas en aspectos preventivos, para ver si estas instituciones, al menos, tienen las condiciones para enfrentar emergencias”.
“Lo importante es que, durante estas fiscalizaciones, se les entregan indicaciones para mejorar su sistema y así se va ayudando a que mejoren las condiciones para, finalmente, obtener una autorización sanitaria”, sostuvo Chomali.
Chomali indicó que el Ministerio de Salud ha identificado alrededor de 500 establecimientos sin autorización sanitaria. Esta información fue recopilada principalmente a través de los centros de atención primaria que realizan vacunaciones a personas mayores. Advirtió sobre la posibilidad de que existan otros recintos que aún no han sido detectados.
Señaló que el Gobierno evaluará estrategias de acompañamiento para lograr la formalización de residencias no autorizadas, considerando alternativas diferenciadas para personas autovalentes y para quienes presentan dependencia moderada o severa.
Indicó que se buscarán alternativas de infraestructura pública desocupada que pueda ser utilizada por fundaciones para generar más cupos para personas que requieran cuidados “para que instituciones interesadas puedan habilitar espacios dignos y seguros para las personas mayores”, puntualizó Chomali.
El trabajo continuará de manera coordinada entre ambos ministerios, convocando a otros actores relevantes en este ámbito como municipios, gobiernos regionales y la sociedad civil organizada a través de fundaciones. El objetivo es ampliar progresivamente la oferta de cuidados y construir un sistema en que las personas mayores que requieran cuidado residencial puedan vivir en establecimientos seguros, fiscalizados y adecuados a sus necesidades.
Entre las medidas anunciadas se encuentran: publicar en los sitios institucionales un registro de los establecimientos que cuentan con resolución sanitaria para que las familias puedan verificar esa información antes de tomar una decisión; reforzar la fiscalización de establecimientos con y sin autorización sanitaria con especial atención en las condiciones de seguridad, prevención y respuesta ante emergencias; revisar las medidas de respuesta frente a emergencias y entregar indicaciones a los establecimientos para que subsanen sus deficiencias y avancen hacia la obtención de la autorización sanitaria; revisar la estrategia de acompañamiento a residencias que no cuentan con autorización, considerando los resultados de experiencias anteriores.
También se prevé avanzar en un nuevo tipo de residencia o dispositivo para personas mayores autovalentes, con exigencias acordes con su nivel de dependencia y condiciones adecuadas de protección; aumentar las alternativas para personas con dependencia moderada o severa, ampliando las alternativas de atención domiciliaria a través de la red de Apoyos y Cuidados, ante la falta de establecimientos capaces de recibir nuevos cupos; y evaluar el uso de hospitales que han quedado desocupados tras la construcción de nuevos recintos, para entregarlos en comodato a instituciones interesadas en habilitar espacios de cuidado dignos y seguros.
Con Información de www.lanacion.cl
