En los últimos días, varios parlamentarios de la coalición gobernante han manifestado que se debería suprimir el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Esta no es la primera ocasión en que desde esos sectores se plantea una iniciativa similar. Durante los últimos 15 años, parlamentarios del actual oficialismo han argumentado en otras oportunidades que el INDH debería clausurarse, quedase sin financiamiento o que se presentaran requerimientos para destituir a miembros de su Consejo.
El motivo específico de esta nueva embestida radica en que personal del INDH realizó una visita en la penitenciaría al imputado en los homicidios de los carabineros Eugenio Naín y Marcos Cosme, tras algunas solicitudes para inspeccionar sus condiciones de encarcelamiento. Cabe señalar que los funcionarios del INDH efectúan habitualmente estas visitas en cárceles, comisarías y demás espacios de privación de libertad. En efecto, equipos del Instituto han realizado múltiples observaciones en la cárcel Punta Peuco proporcionando a Gendarmería distintas sugerencias para su mejora. Esto responde a un principio fundamental: una institución de derechos humanos no puede rechazar una visita a personas privadas de libertad por el delito que presumiblemente hayan cometido.
Es necesario recordar que la creación del INDH recoge una de las sugerencias del Informe Rettig, la cual establecía que Chile contara con una institucionalidad autónoma de derechos humanos, con un mandato extenso de promoción y protección, como garantía de no repetición. Además, casi todos los países de las Américas cuentan con instituciones de este tipo, ya sea como Instituto, Comisión o Defensoría del Pueblo.
Se espera que el gobierno no continúe con la propuesta de un grupo de parlamentarios de su sector de eliminar el INDH. Se trata de una institución que, como cualquier otra, puede ser fortalecida y mejorada en su gobernanza y atribuciones, pero su eliminación representaría un retroceso significativo para la protección de los derechos humanos en Chile.
Para abordar con rigor este debate, es imprescindible que todos los poderes del Estado reconozcan que en un Estado de Derecho existen frenos y contrapesos y que las instituciones de derechos humanos pueden llegar a generar incomodidad en otras instituciones estatales. Esto forma parte de la esencia de su función. No comprender esto de esta manera resultaría sin duda preocupante, ya que podría constituir el comienzo de caminos que han seguido otros gobiernos que han implementado políticas autoritarias como los de Orbán en Hungría, Bukele en El Salvador u Ortega en Nicaragua.
Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
Con Información de desenfoque.cl
