Las investigaciones por corrupción volvieron a afectar al Congreso Nacional en Valparaíso. La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, coordinó un operativo junto con detectives de la Brigada Anticorrupción de la PDI para incautar teléfonos, computadores y revisar correos de oficinas parlamentarias. Las acciones se dirigieron hacia los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (independiente en cupo FRVS), el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) y el funcionario Gianni Rivera. Los investigados enfrentan presuntos delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias y lavado de activos relacionados con licitaciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).
La investigación de la Fiscalía se enfoca en un perjuicio fiscal que supera los 14.000 millones de pesos en la Región de O’Higgins. Corresponde a colaciones que nunca fueron entregadas a estudiantes del Programa de Alimentación Escolar (PAE). La Fiscalía sostiene que la empresa Soser S.A., controlada por el empresario Jaime Rey Cortés, implementó una estrategia comercial. Ofrecía almuerzos a precios muy bajos, de apenas 300 pesos por porción, para ganar en la evaluación económica de la licitación. Sin embargo, el negocio real estaba en las meriendas u «onces» de educación básica. La empresa logró que Junaeb les asignara un valor de 8.680 pesos por cada once en 2023.
El contrato permitía facturar raciones programadas y cobrar un porcentaje mínimo garantizado, el cual aumentó del 40% al 60% en 2022. Entre 2021 y 2023, Soser programó 3,3 millones de raciones de once en O’Higgins. No obstante, la Contraloría y la Fiscalía constataron que la empresa entregó de manera efectiva solo 284 colaciones en 2022, y ninguna en 2021 ni en 2023. Un negocio financiado con la mesa vacía de los escolares de la región.
El Ministerio Público investiga cómo un esquema de esta magnitud pudo mantenerse en el tiempo eludiendo los controles del Estado. La investigación apunta a un mecanismo de «captura regulatoria» que involucra el peso político de los parlamentarios imputados. De acuerdo con los antecedentes del caso, la intermediación de los políticos se habría realizado de tres formas: la filtración de borradores de licitaciones, gestiones informales ante autoridades para frenar multas millonarias, y presiones políticas para remover o trasladar a los inspectores técnicos de la Junaeb que fiscalizaban en terreno e informaban sobre los incumplimientos sistemáticos de Soser S.A.
A esta influencia política se suma el fenómeno de la «puerta giratoria». El abogado Alejandro Layseca Astudillo se desempeñó como jefe de la Unidad Jurídica de la Junaeb hasta septiembre de 2022. En su rol público, visó y recomendó los cambios contractuales que elevaron el pago mínimo garantizado a Soser S.A., sugiriendo tramitarlo vía resolución exenta para esquivar la toma de razón de la Contraloría. Tres años después de dejar el servicio público, Layseca fue contratado como asesor jurídico principal de la misma empresa que él mismo benefició desde el Estado.
Mientras los traspasos de dinero y las influencias se tejen en Santiago y Valparaíso, las consecuencias las pagan los escolares de la Región de O’Higgins. La desconfianza ciudadana hacia las licitaciones públicas se sustenta en datos concretos de fraude sistemático. Para evitar que la alimentación de los niños siga siendo un botín político, se requiere una reforma estructural urgente a la Junaeb.
Entre las medidas necesarias están: establecer protección legal absoluta a los inspectores de terreno con estatuto de inamovilidad e impedir que presiones políticas los remuevan de sus puestos; crear una incompatibilidad legal de al menos cinco años para que jefaturas de servicios públicos con atribuciones regulatorias puedan trabajar en empresas proveedoras del mismo rubro; y transparentar de manera digital y diaria las raciones efectivamente entregadas en cada colegio, permitiendo que los centros de padres auditen en tiempo real qué es lo que el Estado paga y qué llega al plato de sus hijos.
Con Información de desenfoque.cl
