El ministro del Trabajo, Tomás Rau, enfrenta serias dificultades para financiar el Fondo de Sala Cuna Universal después de que el Senado rechazara la fórmula que buscaba reducir la cotización al Seguro de Cesantía. A esto se suman resistencias del PDG, dudas sobre la sostenibilidad del mecanismo y la búsqueda de alternativas que no comprometan la protección de los trabajadores.
En ese contexto, el economista Humberto Del Pozo López reiteró un dato que, según indicó, ya había reportado en una columna publicada en este medio. Sostuvo que, si la evidencia que presenta resiste el escrutinio independiente que merece, se resolvería el problema de financiamiento de la Sala Cuna Universal sin necesidad de tocar el Seguro de Cesantía ni de imponer un copago que excluya a las familias.
Según la investigación de Héctor Vega Tapia, economista y autor de Cobre. El Metal de la Discordia. Crónica de un Saqueo (Editorial Forja, 2025), entre lo declarado ante Aduanas y el valor reportado en fundiciones extranjeras por los concentrados de cobre chilenos existiría una brecha estimada de hasta 6.400 millones de dólares solo en 2024.
Al aplicar una carga tributaria efectiva combinada de entre 35% y 40%, el Estado habría dejado de percibir entre 2.240 y 2.560 millones de dólares en recursos fiscales en un solo ejercicio.
De confirmarse, esa cifra financiaría con holgura el Fondo de Sala Cuna Universal. No se trataría de un ajuste marginal ni de una reasignación dolorosa, sino de recursos que, según esta hipótesis con respaldo documental, salen del país sin quedar plenamente declarados en origen.
El 10 de septiembre de este año, Del Pozo presentó ante la Contraloría General de la República una denuncia formal —Nº 382.330/2026— en la que solicitó auditoría al Servicio Nacional de Aduanas y a Cochilco por este mismo asunto.
La respuesta que recibió de la Contraloría Regional de Valparaíso, el 21 de septiembre —once días después—, no ordena auditoría alguna. El organismo señala textualmente que los antecedentes «serán remitidos a la Unidad de Planificación de Control Externo de esta Sede Regional, con el fin de ser considerados como insumo en el proceso de programación de futuras fiscalizaciones». Sin plazo. Sin compromiso de acción determinada. Sin reconocimiento explícito de la magnitud fiscal involucrada.
Según Del Pozo, se trata de una respuesta jurídicamente correcta y, al mismo tiempo, completamente insuficiente frente a la escala del problema. Agregó que una brecha de esta magnitud —equivalente a una fracción significativa del presupuesto anual de salud pública del país— no debería quedar archivada como «insumo» de una planificación futura sin fecha.
El economista explicó que el concentrado de cobre nunca es solo cobre. Trae consigo oro, plata y molibdeno —a veces en proporciones que valen, por tonelada, más que el propio metal que le da nombre al embarque—. Si nadie exige que un laboratorio determine con precisión cuánto de esos otros minerales contiene cada carga, esos minerales salen del país sin que el Estado sepa, con certeza, cuánto se fue con ellos. No hay acusación de robo en esto, dijo; hay, en el mejor de los casos, una ausencia de control que ningún otro país productor relevante se permite mantener.
Queensland, en Australia, ofrece el contraste exacto. Su normativa minera —la Public Ruling MRA002.3— exige, para cobre, oro, plata, molibdeno y una lista extensa de minerales que la propia ley nombra uno por uno, una determinación de «cantidad contenida» basada en ensayos de laboratorio obligatorios. Si el productor quiere descontar pérdidas de contenido, debe probarlo con ese mismo ensayo, no con una estimación propia. El Estado australiano no confía en la palabra del exportador. Confía en el laboratorio.
Chile, en cambio, declara sus embarques de concentrado por su contenido de cobre, y ahí se detiene el protocolo sistemático de verificación. No existe, como exigencia legal generalizada, la misma determinación de contenido para los demás minerales que viajan en la misma carga.
Para entender mejor esta distinción, Del Pozo comparó la situación con el dueño de un almacén que nunca revisa la báscula. Los primeros meses, el descuido es solo eso: descuido. Pesa por aproximación, confía en el ojo, no en el instrumento. Pero si un cliente, año tras año, le señala que su pan siempre pesa un poco menos de lo que cobra, y el almacenero sigue sin calibrar la báscula —sin necesitar hacerlo, porque el negocio funciona igual, porque nadie lo obliga, porque calibrar cuesta tiempo y dinero que prefiere no gastar—, llega un momento en que la balanza descalibrada deja de ser negligencia inocente. Se convierte en una elección sostenida, silenciosa, que produce exactamente el mismo beneficio que si hubiera hecho trampa a propósito.
Ese es el territorio incómodo donde vive esta denuncia, sostuvo. No afirma que exista una báscula deliberadamente descalibrada en ningún puerto de Chile. Afirma que, después de años sin exigir el ensayo que otros países sí exigen, la distinción entre «nunca se dieron cuenta» y «decidieron no darse cuenta» empieza a desdibujarse, y que esa zona gris, sostenida durante el tiempo suficiente, deja de ser inocente por el solo hecho de no haber sido nombrada como delito.
Luego planteó una pregunta que, según dijo, no es técnica sino ontológica: ¿puede una institución sonrojarse? El sonrojo, esa expresión estrictamente humana que Darwin señaló como la más peculiar de nuestra especie, es la irrupción involuntaria de la carne cuando la mirada ajena nos devuelve una interpretación de nuestros actos que no podemos coartar. Es la prueba somática de que estamos constitutivamente sintonizados con el otro. Cuando los sistemas de poder —Estados, imperios, burocracias— operan bajo una patología des-somatizada, construyen narrativas de inmunidad que los vuelven incapaces de ruborizarse. La respuesta de la Contraloría —«será considerado como insumo»— es, en este sentido, la perfecta expresión de una institucionalidad que ha perdido la capacidad de sonrojarse. No hay rubor en un expediente archivado. No hay vergüenza en un plazo indeterminado. Hay, en cambio, una ceguera conversacional: el espacio de las conversaciones públicas legítimas se cierra, y el lenguaje se convierte en un instrumento rígido de control, donde el observador institucional se erige como dueño de una verdad objetiva, escindido del sufrimiento ajeno.
La incapacidad de sonrojarse es la incapacidad de aceptar que nuestras descripciones del mundo poseen consecuencias éticas directas sobre la carne del otro. Una brecha de 6.400 millones de dólares no es una abstracción estadística: es la materialización de una decisión sostenida de no medir, de no verificar, de no escuchar. Es la clausura operacional de un sistema que rigidiza su mundo para no tener que enfrentar la evidencia de que su propia supervivencia institucional depende, precisamente, de no mirar la báscula.
Por eso, en paralelo a la denuncia ante Contraloría, Del Pozo anunció que iniciará otras cuatro vías. Una solicitud de Transparencia al Servicio Nacional de Aduanas, pidiendo los datos duros de fiscalización física en los trece principales terminales portuarios del país. Una denuncia independiente ante el Servicio de Impuestos Internos, dado que la brecha detectada incide directamente en la base imponible del Impuesto de Primera Categoría. Una gestión parlamentaria, solicitando que algún legislador de la Comisión de Hacienda o de Minería oficie formalmente a los organismos involucrados. Y, finalmente, la puesta en conocimiento de los hechos ante el Ministerio Público, no como acusación contra nadie en particular, sino para que sea la Fiscalía quien determine, con sus propias herramientas investigativas, si corresponde una investigación penal.
Advirtió que no sería la primera vez que este tipo de denuncia despierta reacción anticipada: gremios mineros que, en casos similares, han advertido sobre el «riesgo de criminalizar la actividad productiva», y estudios de abogados corporativos que han solicitado audiencias para «aportar antecedentes técnicos». Es un patrón conocido, dijo: primero se minimiza, después se tecnifica, y cuando ninguna de las dos cosas alcanza, se apela al empleo y a la inversión. Ninguno de esos argumentos, sin embargo, explica por qué Chile nunca exigió el mismo ensayo de laboratorio que Australia exige sin que su industria minera haya colapsado por eso.
Mientras el debate sobre la Sala Cuna se empantana en el copago y el Seguro de Cesantía, Chile podría estar dejando pasar, por sus propios puertos, una fuga de recursos que resolvería no solo el financiamiento de este proyecto, sino muchas de las políticas de cuidado que el país sigue postergando.
La propuesta concreta que plantea es simple y de bajo costo: instalar espectrómetros de absorción atómica y difracción de rayos X en los trece puertos de exportación de concentrados, con una inversión cercana a los 60 mil dólares por equipo, para cuantificar exactamente los metales y coproductos embarcados. Una instrucción de la Presidencia al Servicio Nacional de Aduanas bastaría para habilitar ese control, sin necesidad de una ley de quórum calificado.
Del Pozo aseguró que no sostiene que exista dolo, sino algo más simple y, en cierto modo, más incómodo: que un país no puede defender lo que nunca se molestó en medir, y que seis mil cuatrocientos millones de dólares merecen algo más que un «será considerado».
Para Del Pozo, la pregunta no es si hay dinero, sino si el centinela está dispuesto a levantarse de la silla; o, dicho de otro modo, si esta institucionalidad es aún capaz de sonrojarse.
El documento está firmado por Humberto Del Pozo López, economista y autor de la denuncia Nº 382.330/2026 ante la Contraloría General de la República.
Con Información de desenfoque.cl
