Por Julio Maturana Franca, exsubsecretario de Energía, y Fernando Monsalve, excoordinador legislativo del Ministerio de Energía. 11/11/2026.
Los autores recuerdan que, meses antes, advirtieron en este mismo medio que desmantelar los amortiguadores públicos en nombre de la ortodoxia fiscal constituía una condena al abandono territorial y al sufrimiento de las mayorías. Lo titularon, con dolorosa certeza, como el dilema de un Chile arrojado a la intemperie económica, «sin anestesia estatal». En aquel momento, la administración de José Antonio Kast justificó con soberbia tecnocrática el giro de marzo: neutralizar mediante un frío decreto administrativo el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). La consigna era nítida: «sincerar precios», suprimir el costo fiscal y permitir que las sacudidas del mercado petrolero internacional impactaran directamente en los bolsillos de las familias trabajadoras.
Las consecuencias de ese fundamentalismo de mercado no tardaron en aparecer. El impacto fue brutal e inmediato: un alza de 25,3% en las gasolinas y un aumento inédito de 45,7% en el diésel en solo un mes, lo que empujó la inflación mensual a 1,3% en abril y situó el costo de vida interanual por sobre 4,5%. No se trató de una abstracción estadística: en un país donde cerca del 98% de los bienes e insumos se transporta por carretera en camiones, el encarecimiento del combustible operó como un impuesto regresivo y silencioso que encareció el pan, las verduras, los fletes, el transporte colectivo y los servicios más elementales. Mientras las pequeñas empresas agonizaban por la asfixia de sus flujos de caja y el desempleo escalaba hacia 10%, el gobierno mostró una «indolencia de acero». Ante el clamor ciudadano y la desesperación de millones de hogares, la respuesta de La Moneda y de Teatinos 120 fue la misma: disciplina fiscal, resignación y desprecio.
Sin embargo, el supuesto rigor doctrinario de la derecha tiene una frontera de clase muy definida. Bastó que los gremios del transporte de carga, los camioneros, cuya simpatía política y estrecha militancia con el proyecto reaccionario del actual mandatario no son un secreto, decidieran cortar las carreteras y amenazar con paralizar el abastecimiento nacional, para que la pretendida «austeridad» se hiciera trizas en menos de veinticuatro horas. Los mismos ministros que durante meses sermonearon al país diciendo que no había un solo peso para subsidiar la gasolina de los trabajadores que madrugan o el diésel del pequeño agricultor abrieron de par en par la billetera fiscal. El contraste retrata las prioridades del gobierno: ante el reclamo de los sectores populares, intransigencia y represión; ante el chantaje corporativo de sus propios aliados gremiales, capitulación exprés y concesiones a medida.
En ese escenario de crisis, el silencio y la desaparición de ciertas autoridades resultan casi caricaturescos. El Ministerio de Energía, encabezado por Ximena Rincón, ha destacado por su absoluta y calculada ausencia. Tratándose de la crisis energética y de hidrocarburos más grave que ha enfrentado el país en años, la ministra parece haber renunciado a ejercer su investidura y se mantiene al margen de la línea de fuego para eludir todo costo político, lo que evidencia el vacío de conducción y el oportunismo con que su sector se sumó al engranaje gubernamental. Mientras tanto, en el Ministerio de Hacienda, el ministro Jorge Quiroz se ve forzado a desandar sus propios dogmas, pero lo hace con la trampa y la mezquindad que caracterizan a su gestión.
Esa trampa tiene hoy nombre y apellido: la mal llamada «Ley Frenazo». Con este proyecto, el Ejecutivo intenta presentar como alivio ciudadano lo que no es más que una maniobra de repliegue vergonzante. Hay una hipocresía institucional flagrante: para traspasar los costos a las personas y desatar el tarifazo de combustibles a comienzos de año, el gobierno actuó entre cuatro paredes y eludió el debate democrático mediante un simple decreto ministerial. Pero hoy, cuando necesita salir al rescate de las presiones de sus financistas y bases patronales, acude al Congreso Nacional para blindar un acuerdo corporativo bajo el disfraz de iniciativa legal.
Más grave aún es la sustancia del proyecto. La iniciativa gubernamental no busca, en ningún caso, volver a la situación previa al shock de marzo ni retrotraer las alzas que ya pulverizaron el poder adquisitivo de la clase obrera. Los costos desmedidos que ya se transfirieron a la ciudadanía quedan consolidados y validados como el nuevo piso de precios. La propuesta no congela ni baja las tarifas; se limita, en el mejor de los casos, a «moderar» la velocidad de los futuros incrementos. En otras palabras, el gobierno no está apagando el incendio, solo está graduando el goteo de gasolina para que el bolsillo popular siga ardiendo, pero sin hacer demasiado ruido en la carretera.
«La “Ley Frenazo” no es una solución solidaria; es la ratificación de un modelo de despojo donde las pérdidas se socializan entre los trabajadores y las garantías se reservan para los dueños del transporte y las grandes corporaciones», concluyen los autores. Frente a este nuevo golpe, sostienen que Chile no necesita frenazos cosméticos ni leyes a la medida del gran empresariado. Lo que se requiere con urgencia es una política de soberanía energética, la restitución inmediata de mecanismos reales de estabilización con control de precios a favor de la mayoría y el fin de un régimen indolente que gobierna con el garrote en alto para el pueblo y la chequera abierta para sus amigos de siempre.
Con Información de elsiglo.cl
