«La discusión energética no es un asunto meramente técnico reservado a consultores e ingenieros; es el terreno donde se define la equidad social, el costo de la vida de las familias y la soberanía de nuestros territorios. Mientras el gobierno promueve modificaciones regulatorias y ajustes fiscales, los actores políticos debe articularse con urgencia para defender una transición justa y con sentido territorial.»
Julio Maturana Franca, ex Subsecretario de Energía, y Fernando Monsalve, ex Coordinador Legislativo del Ministerio de Energía. 25/10/2026.
Los exfuncionarios sostienen que, en el contexto político e institucional de Chile bajo la actual administración de extrema derecha, se intenta presentar la regulación energética como una disciplina aséptica, estrictamente tecnocrática y sin ideología. Señalan que la ministra Rincón busca instalar la idea de que las tarifas, la distribución eléctrica, el mercado del gas, la generación, la transmisión o los subsidios son ecuaciones matemáticas que solo deben resolver los expertos y el libre mercado, con regulaciones pensadas exclusivamente en inversionistas y grandes capitales.
Para los autores, la energía tiene un rol cotidiano en cada hogar, uno geopolítico y otro transformador, con impacto creciente en la economía familiar y nacional. Afirman que la energía es profundamente política y que la política energética determina si un hogar vulnerable debe elegir entre pagar la luz o comprar alimentos, entre calefaccionar su casa o capear el frío incluso sin parafina, siguiendo los consejos del ministro Quiroz ante las históricas lluvias de octubre. También sostienen que la infraestructura energética decide si un municipio rural accede al desarrollo y que la regulación define cómo se distribuyen las cargas financieras entre grandes consorcios y consumidores residenciales.
Los exfuncionarios expresan preocupación porque múltiples frentes de discusión legislativa y regulatoria se desarrollan de manera fragmentada y con escasa visibilidad pública. Sostienen que no se puede actuar como un simple espectador pasivo y que el deber es articular una postura sólida, rigurosa, crítica pero constructiva, capaz de incidir en los proyectos en marcha y defender la equidad territorial y el bienestar de la ciudadanía.
Respecto de la reciente aprobación de la Ley ‘Ordenemos la Cuenta’ (Ley N° 21.833), indican que abordó deudas acumuladas por más de US$ 900 millones tras el congelamiento tarifario posterior a 2019 y extendió el subsidio eléctrico ya existente al 40% más vulnerable hasta 2027. Aunque la medida contó con apoyo transversal ante la urgencia de evitar cortes masivos, remarcan que los parches financieros y las renegociaciones voluntarias no reemplazan la necesidad de una discusión tarifaria estructural de largo plazo, y que debe haber mayor atención en la fiscalización ciudadana y política.
En materia de transparencia técnica, recuerdan que el Ministerio de Energía anunció que desde el 1 de enero de 2027 las cuentas de electricidad registrarán una baja promedio nacional del 4,3%, con caídas del 11% en Antofagasta, 10,2% en Atacama y 9,9% en Arica y Parinacota. Aunque cualquier alivio tarifario es bienvenido por las familias, consideran responsable transparentar la verdad técnica detrás de estos anuncios oficiales.
Los autores afirman que esta rebaja no responde a un milagro de gestión del gobierno actual, sino a la maduración de las licitaciones de suministro para clientes regulados adjudicadas durante 2022, 2023 y 2025, sumado al fin gradual de los antiguos y costosos contratos suscritos en 2008 y 2010. Sostienen que fue la planificación estatal y el impulso decisivo a las energías renovables lo que hoy permite sustituir bloques de energía cara por limpia y a menor precio. También consideran imperativo reivindicar ese legado de planificación pública y analizar el dilema que presenta en cuanto a estabilidad y seguridad en los contratos a largo plazo frente al avance de las nuevas tecnologías, que permiten generar más barato pero no pueden traspasarse o superponerse a lo ya adjudicado en contratos vigentes.
Sobre la Reforma a la Red Eléctrica (Ley de Redes), señalan que en septiembre se iniciaron las mesas de trabajo y que el proyecto ingresaría el primer trimestre de 2027. Añaden que la distribución es indiscutiblemente el eslabón rezagado de la matriz: el 95% de las interrupciones del suministro ocurre en estas redes, registrando en 2024 un promedio SAIDI de 27,6 horas al año por cliente, muy lejos de la meta de 4 horas al 2035 fijada en la Política Energética Nacional.
Para los exfuncionarios, este debate no puede quedar confinado a una conversación entre el Ministerio y los grandes ejecutivos de las empresas, cuyos intereses propios no siempre coinciden con los de ciudadanos, municipios y millones de hogares. Es imprescindible incorporar la dimensión ciudadana, municipal y política. Mencionan, por ejemplo, las municipalidades con los cobros de alumbrado público, las demoras en permisos de postación y la falta de capacidad para conectar terminales de electromovilidad y recarga pública. Los municipios deben convertirse en actores activos de las mesas técnicas.
Plantean que la distribución debe vincular los ingresos de las empresas a metas estrictas de calidad de servicio, soterramiento, resiliencia ante contingencias climáticas y democratización de los recursos distribuidos (Net Billing y almacenamiento local), impidiendo que el costo de la modernización se cargue desproporcionadamente a los usuarios. Además, consideran fundamental la equidad territorial y el trato justo entre los diversos territorios, y no toleran el uso de cierta tecnología e infraestructura en comunas acomodadas y una tecnología menor en la inmensa mayoría del país. Fricciones territoriales como la controversia por la Subestación Eléctrica Lo Campino, en Quilicura y Renca, evidencian que la infraestructura no puede seguir imponiéndose sobre las comunidades sin participación ciudadana vinculante e informada.
En el mercado del gas, indican que en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados se discute el proyecto sobre el Mercado del Gas Licuado y Gas Natural (Boletín N° 16.035-03). Tras los contundentes hallazgos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que constató abusos de margen por cerca de US$ 181 millones anuales en el gas licuado en cilindros, sostienen que la ley debe garantizar el acceso libre a las plantas de envasado a distribuidores Pymes e independientes, permitiendo que la competencia baje efectivamente el precio del cilindro en los barrios. Recuerdan que el proyecto piloto liderado por ENAP, denominado “gas de Chile”, que primero apuntó al mercado minorista y luego al mayorista, estuvo en el centro y flotación de este mercado y fue duramente castigado y cuestionado por parlamentarios defensores de intereses de las grandes empresas, que no permitirán que una empresa pública ingrese fácilmente al mercado, compita y logre un precio menor y un ahorro cuantificado para cientos de familias chilenas. La discusión sobre este energético se retomó el 7 de octubre y posiblemente forme parte de la agenda de la comisión los próximos meses.
Los autores añaden que la energía no se agota en la boleta de la luz. Los recientes ‘bencinazos’ y las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), promovidas para aliviar el gasto fiscal, han encarecido bruscamente las gasolinas y el diésel. En la geografía chilena, el alza del diésel se traslada directamente al transporte de carga y pasajeros, elevando los precios de los alimentos frescos, la carne, el pan y empujando la inflación por sobre el 4%.
Sostienen que acelerar el ajuste del MEPCO bajo una lógica de disciplina fiscal “sin anestesia” es una decisión política que golpea con extrema dureza a los sectores vulnerables y a las regiones extremas como Aysén y Magallanes. No aceptan que el equilibrio presupuestario se logre ahogando el consumo básico y la movilidad cotidiana de las familias.
Señalan que diversos cálculos han determinado que el shock del MEPCO, propiciado por la ministra Rincón junto al ministro Quiroz, ha resultado en que una familia con 1 automóvil a esta altura del año tiene $274.540 pesos menos en sus bolsillos. Esa equivalencia corresponde también, aproximadamente, a 75 kilos de pan menos, 125 litros de leche o 15 kilos de carne, todo esto gracias a la mano en el bolsillo que determinó esta decisión política de Rincón-Quiroz.
Finalmente, los exfuncionarios afirman que el sector energético atraviesa transformaciones decisivas. Entre la reforma a la distribución, la ley del gas, la electromovilidad y los precios de los combustibles, se define el modelo social de Chile para los próximos años. Si las dirigencias políticas, parlamentarios, municipios y organizaciones sociales actúan dispersos, la regulación será moldeada según las premisas del mercado desregulado y de directores ejecutivos de generación que hoy salen a celebrar las medidas del gobierno, que traen grandes utilidades para pocos y mucha precariedad para millones.
Concluyen que hoy existe la oportunidad única de construir una Mesa Energética Territorial real, no como la actual que maneja el gobierno y grandes intereses, con el objetivo de incidir con fuerza en el debate legislativo 2026-2027 para garantizar tarifas justas, resiliencia local y soberanía regulatoria. El futuro de la transición energética está abierto, pero es urgente asumir el desafío con una mirada técnica, política y popular.
Con Información de elsiglo.cl
