Son 1.254 los mártires en los 99 años de existencia del cuerpo de Carabineros de Chile y llama poderosamente la atención que el 80% de ellos pertenecía a personal de tropa (carabineros, cabos, sargentos, suboficiales) en tareas de vigilancia o procedimientos en terreno sin los debidos resguardos de parte de la jerarquía respectiva.
Alfonso Valenzuela. Periodista. Santiago. 06/10/2026. En cualquier caso, la muerte de un servidor público es lamentable y a menudo condenable. Por lo mismo, resulta necesario que Carabineros de Chile investigue seria y responsablemente los casos de miembros de la institución fallecidos en actos de servicio, algunos en extrañas y curiosas circunstancias, inclusive durante sus períodos de franco o ejerciendo labores ajenas al cumplimiento del deber.
Por ejemplo, desde el triple asesinato en Cañete, el año pasado, cuando los uniformados fiscalizaban un arresto domiciliario, hasta los últimos cinco casos calificados por el alto mando como “mártires”, se hace indispensable examinar la estrategia y tácticas utilizadas por carabineros y suboficiales enviados a operativos para enfrentar al crimen organizado y bandas de narcotraficantes altamente especializadas.
Sin trabajo de inteligencia, copamiento y control decisivo en sectores altamente vulnerables, la planificación de las operaciones de fiscalización y verificación resulta ineficiente e ineficaz para enfrentar a individuos que portan armamento —incluso superior al de los uniformados—, armas de guerra, hechizas y de alto poder de fuego.
La nueva ley que extendió el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas puede contribuir también a la labor policial, así como otras medidas de investigación, como la georreferenciación de sitios de sucesos, el manejo de pruebas y evidencias, y el perfeccionamiento de las tareas de pesquisa en la función policial, las que —en realidad— corresponden más bien a la PDI (Policía de Investigaciones).
El gobierno pone el acento en aumentar dotaciones, incrementar remuneraciones, atraer jóvenes para vestir el uniforme y reglamentar el uso proporcional de la fuerza (incluida la autodefensa privilegiada) mediante una ley que todavía discute el Parlamento. Sin embargo, parece más eficaz y necesario contar con mayor planificación en los operativos, un trabajo constante de inteligencia, interceptación de aparatos electrónicos, seguimientos, perseverancia y constancia antes de emprender una acción voluntarista de derecho público.
Todo indica que las instrucciones que reciben los carabineros se orientan mayormente al orden público y a reprimir manifestaciones ciudadanas, más que a perseguir el crimen, el delito, el narcotráfico y la delincuencia de alto nivel presente en organizaciones nacionales y supranacionales.
Es deber de la institución velar porque los operativos ordenados se realicen con respeto a los derechos humanos, el correcto uso de la fuerza y las demás medidas de protección y resguardo que corresponden a los uniformados enviados a enfrentar fenómenos —que desconocíamos— del crimen organizado a nivel nacional e internacional. Hoy en día, las exigencias racionales y científicas son cada vez mayores para un cumplimiento correcto, responsable y más eficiente del deber, sin sacrificar más vidas y con el debido respeto a una institución casi centenaria.
Con Información de elsiglo.cl
