Existen gobiernos que llegan al poder prometiendo administrar el Estado en beneficio de todos, mientras que otros dejan cada vez más evidente quiénes son sus interlocutores principales.
La megarreforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast parece responder esta pregunta de manera clara.
Para los grandes inversionistas surgen certezas, reducciones tributarias y estabilidad en las reglas comerciales. Para las familias endeudadas y las pequeñas empresas, la certeza apunta hacia otra dirección: cuando llegue el momento de pagar, deberán hacerlo completamente.
La contradicción resulta evidente.
El impuesto corporativo para las grandes empresas se reduce gradualmente del 27% al 23%. Se ofrece invariabilidad tributaria a grandes inversionistas durante períodos extensos, y algunos acceden a beneficios mediante el no pago de contribuciones.
Todo esto bajo la justificación de incentivar la inversión.
Nadie con pensamiento razonable se opone a la inversión. El inconveniente surge cuando el incentivo se convierte en privilegio y cuando la certeza jurídica opera con velocidades diferentes para el gran capital y para el ciudadano común.
El Gobierno parece olvidar que las pequeñas y medianas empresas no representan un actor secundario en la economía chilena.
Las MiPymes conforman aproximadamente el 88% del universo empresarial del país y generan entre el 60% y el 65% del empleo formal. Constituyen la base del empleo, del comercio y de la actividad económica diaria.
Son el almacén del barrio, el taller, el restaurante, el emprendimiento familiar, la pequeña empresa de servicios y el proveedor que frecuentemente trabaja para compañías más grandes.
Sin embargo, cuando se menciona a las MiPymes, la palabra que aparece no es “invariabilidad”.
Es “espera”.
Espera para recibir pagos.
Espera para acceder a financiamiento.
Espera para recuperar una factura.
Espera para salir de una deuda.
Mientras que al inversionista con millones de dólares se le promete estabilidad tributaria, una pyme puede estar esperando meses para recibir el pago de un trabajo ya realizado.
Mientras se discuten incentivos para atraer grandes capitales, miles de pequeños empresarios conocen perfectamente lo que significa vender hoy y cobrar después.
Mientras se protege al gran capital de modificaciones tributarias durante años, a una familia endeudada nadie le garantiza que su deuda no siga creciendo aceleradamente.
En este contexto aparecen los vetos presidenciales.
El Gobierno logró eliminar de la megarreforma la prohibición absoluta del anatocismo, el derecho al olvido financiero y las restricciones para pactar plazos de pago superiores a 30 días. El Senado aprobó los tres vetos el 12 de agosto.
En términos simples: se retiraron mecanismos que buscaban limitar los intereses sobre intereses, proteger a personas de quedar permanentemente marcadas por sus deudas y fortalecer la regla de pago oportuno a las MiPymes.
En este punto, la discusión deja de ser técnica.
Para una gran empresa, una tasa, una deuda o un plazo de pago representan una variable dentro de un balance.
Para una pequeña empresa, que le paguen a 30 días o a 120 puede significar tener que solicitar un crédito para pagar los salarios de sus trabajadores o simplemente cerrar.
Para una familia endeudada, que los intereses se acumulen sobre los intereses puede representar la diferencia entre avanzar o quedar atrapada durante años.
Surge entonces una pregunta incómoda:
¿Por qué la certeza parece garantizada para el gran inversionista, pero no para el pequeño empresario ni para el deudor?
La historia continúa con otro episodio más difícil de explicar.
La megarreforma incorporó una norma destinada a impedir que en zonas declaradas en estado de catástrofe, una familia o una MiPyme quede sin servicios básicos por una deuda.
La disposición establece que las empresas concesionarias deben reponer gratuitamente los servicios: electricidad y gas en un máximo de 48 horas, y agua potable y alcantarillado en un máximo de 24 horas. Además, prohíbe cobrar por la reconexión.
No se trata de condonar cuentas a nadie.
Se trata de algo tan fundamental como que en medio de una catástrofe como las que recientemente afectaron a Atacama y Biobío, una familia o una pyme no quede sin agua, luz o gas por una deuda pendiente. Cuando una casa está inundada, un barrio está aislado o una comunidad intenta recuperarse, la prioridad del Estado debería ser restaurar la vida normal de las personas, no profundizar su vulnerabilidad.
Se trata, además, de las mismas MiPymes que el país necesita para reconstruirse después de una catástrofe.
Sin embargo, el Gobierno decidió recurrir al Tribunal Constitucional para intentar impedir la aplicación de esta norma.
El argumento jurídico es que la disposición estaría fuera de las ideas matrices del proyecto y que, por esa razón, violaría la Constitución.
Esto puede discutirse desde una perspectiva legal.
Lo que resulta mucho más difícil de explicar políticamente es el momento elegido.
El requerimiento fue presentado durante la etapa final de la tramitación de la megarreforma. Mientras el Congreso votaba los vetos, el Gobierno ya había llevado este punto al TC.
Incluso más: el biministro del Interior y Vocero, Claudio Alvarado, reconoció que no había sido informado del ingreso del requerimiento, diciendo que simplemente “a alguien se le pasó tomar el teléfono”.
¿Descoordinación?
¿Falta de comunicación?
¿Una decisión deliberadamente mantenida en secreto?
No es posible afirmar lo último como un hecho.
Pero existe una pregunta que el Gobierno debería responder:
¿Por qué una decisión tan importante, que afectaba directamente el contenido de una norma que estaba siendo discutida y votada por el Congreso, no fue comunicada oportunamente a todos los actores políticos que participaban de la tramitación?
Porque la transparencia no consiste únicamente en presentar un documento ante el TC.
También consiste en que quienes toman decisiones cuenten con toda la información relevante antes de votar.
Si el Gobierno sabía que iba a recurrir al Tribunal Constitucional contra una norma aprobada por el Congreso, la pregunta es aún más simple:
¿Por qué no lo comunicó antes?
Existe algo profundamente simbólico en todo esto.
Chile ha experimentado incendios, terremotos, inundaciones y otras catástrofes. Se conoce que después de una emergencia no basta reconstruir casas.
Hay que reconstruir vidas.
Una casa sin electricidad no es completamente habitable.
Una familia sin agua no puede esperar una discusión administrativa.
Una persona electrodependiente no puede esperar a que termine una disputa jurídica.
Una pequeña empresa que intenta volver a funcionar después de un incendio no puede enfrentar además la amenaza de permanecer desconectada por una deuda.
Por eso esta norma tenía una lógica sencilla: en una zona de catástrofe, primero se recupera la vida y después se discute la deuda.
El Gobierno decidió llevar esa lógica al Tribunal Constitucional.
Y esto permite entender mejor el contraste de toda la megarreforma.
Para los grandes inversionistas: estabilidad.
Para las grandes empresas: rebaja tributaria.
Para las grandes inversiones: invariabilidad.
Para los pequeños: plazos de pago que pueden seguir extendiéndose.
Para los endeudados: menos protección frente al anatocismo.
Para quienes arrastran una deuda antigua: menos protección frente al historial financiero.
Para quienes viven una catástrofe: incluso la posibilidad de quedar sin servicios básicos puede terminar dependiendo de lo que resuelva el Tribunal Constitucional.
Entonces la pregunta deja de ser solamente cuánto recauda el Estado.
La verdadera pregunta es:
¿Para quién está diseñado este Estado?
Porque los impuestos no son un castigo para quienes les va bien. Son el precio de vivir en una sociedad organizada.
El gran capital también utiliza carreteras, puertos, tribunales, policías, hospitales, universidades, infraestructura y servicios públicos.
La diferencia es que en esta discusión pareciera que algunos quieren disfrutar de todos los beneficios del Estado y reducir al mínimo su aporte a financiarlo.
Y eso tiene un nombre: privilegio.
Un gobierno puede defender legítimamente una economía de mercado.
Puede creer que bajar impuestos genera inversión.
Puede apostar por el crecimiento.
Puede defender la iniciativa privada.
Todo eso es legítimo.
Lo que no puede hacer sin asumir el costo político es pedir sacrificios a algunos mientras entrega certezas y beneficios extraordinarios a otros.
Porque entonces ya no se trata solamente de una reforma tributaria.
Se trata de una concepción de sociedad.
Una sociedad donde el gran inversionista tiene invariabilidad, pero la pyme tiene incertidumbre.
Donde la gran empresa recibe una rebaja tributaria, pero el pequeño empresario debe financiar su negocio mientras espera que le paguen.
Donde se protege al capital de futuros cambios tributarios, pero no necesariamente a una familia frente al crecimiento de su deuda.
Donde en medio de una catástrofe, el Estado parece estar más preocupado de proteger la lógica financiera de las empresas concesionarias que de garantizar que una familia tenga agua, luz y gas.
Por eso la caracterización deja de ser una provocación.
Gobierno de los ricos, con los ricos y para los ricos.
No porque todos quienes forman parte del Gobierno sean ricos.
No porque toda política proinversión sea mala.
Y tampoco porque bajar impuestos sea incorrecto por definición.
Sino porque cuando se observa el conjunto de las decisiones aparece una pregunta que el Gobierno todavía no responde:
¿Quién está primero cuando llega la hora de repartir los beneficios y quién está primero cuando llega la hora de asumir los costos?
Porque si la respuesta siempre favorece al que más tiene, entonces ya no se trata simplemente de una megarreforma.
Se trata de una megaseñal.
Y esa señal parece indicar que en el Chile de Kast hay ciudadanos a los que se les pide esperar, pagar y sacrificarse.
Y otros a los que se les ofrece algo mucho más valioso: certeza.
La certeza de que, pase lo que pase, alguien siempre estará dispuesto a defenderlos.
Con Información de desenfoque.cl
