En Valparaíso, la Coordinadora por la Defensa de la Educación Pública de la región presentó este viernes ante la Contraloría Regional un requerimiento que cuestiona la legalidad de las medidas de desmantelamiento de la educación pública derivadas de los recortes implementados por el Gobierno de Kast.
El documento fue firmado por diversas organizaciones del sector educativo adscritas a la Coordinadora, entre ellas el Colegio de Profesores de la región y la comuna de Valparaíso, la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), la Federación de Estudiantes Universidad de Valparaíso (FEUV), la Asociación Territorial de Funcionarios Asistentes de la Educación SLEP Valparaíso (SITECOVA), el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Viña del Mar, y la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Educación de Valparaíso. El diputado Luis Cuello y la Consejera Regional Paula Rosso también participaron en la presentación.
El diputado Cuello argumentó que el requerimiento sostiene que se han adoptado medidas ilegales que vulneran el deber estatal de entregar educación, afectan derechos laborales y contravienen la ley de garantías de la niñez, que establece priorizar en la ley de presupuestos las políticas y programas sociales para menores. Señaló que “acá se ha torcido el mandato legal a través de un decreto, a través de una norma administrativa”.
La consejera Rosso describió el impacto concreto de los ajustes, indicando que los recortes han incluido cierre y fusión de cursos, así como combinación de niveles, lo que “implicaría entonces que no se van a dar ni responder a las necesidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje”. También señaló como problemático que a propósito de recortes en Junaeb se hayan disminuido las atenciones médicas y los controles en diversos niveles y cursos.
Andrés Arce, vicepresidente del Colegio de Profesores Regional Valparaíso, enfatizó la dimensión de justicia educativa, argumentando que las recientes modificaciones a la ley de servicios locales de educación pública instalan una noción de justicia educativa, pero esta recae siempre en las comunidades educativas. Criticó que se instale “un criterio economicista por sobre el resguardo de derechos” y expresó que las organizaciones educativas hacen “un llamado por justicia” mediante este requerimiento.
Alejandra Arévalo, presidenta de la comuna de Valparaíso del Colegio de Profesores, manifestó preocupación por la falta de transparencia en la definición de dotaciones para 2027 y enfatizó que “los profesores y los estudiantes no son piezas dentro de un rompecabezas presupuestario”, criticando que las decisiones se tomen de forma silenciosa sin transparencia con trabajadores y comunidades.
Judith Parra, presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios de JUNAEB, respaldó el requerimiento y destacó que el mes actual es clave en la discusión presupuestaria, convocando a considerar la educación como garantía de derecho y no como ahorros fiscales, y a pensarla como parte del desarrollo del país.
Alonso Carvajal, presidente de SITECOVA, expresó que la vulneración a menores y trabajadores en este gobierno fortalece la unidad en torno a la defensa de la educación pública.
Violeta Serey, presidenta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Educación de Valparaíso (AFEV), destacó que “la preocupación es transversal en las comunidades educativas” e hizo un llamado a la ciudadanía para no permitir retrocesos en derechos de menores y jóvenes en temas como acceder a educación de calidad e inclusión.
Carlos Fuenzalida, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Viña del Mar, valoró el trabajo conjunto de todas las organizaciones y reafirmó que “vamos a estar presentes para defender la educación pública mediante todas las herramientas legales”.
Gisela Ordóñez, secretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso y vocera del Zonal Quinta CONFECH, cerró las intervenciones respaldando la movilización desde la perspectiva estudiantil universitaria, expresando apoyo a profesores y asistentes de la educación, así como preocupación por la precariedad que afecta a estudiantes de educación pública escolar, demandando que tengan acceso a educación de calidad con objetivos y apoyo para convertirse en futuros profesionales.
Con Información de elsiglo.cl
