La Contraloría Regional de Valparaíso emitió el Informe N°827, que expuso un extenso conjunto de irregularidades administrativas, deficiencias en el control de personal y aplicación no justificada de recursos públicos en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso durante el periodo comprendido entre enero de 2024 y mayo de 2025. Ante la magnitud de los hallazgos, el organismo fiscalizador ordenó iniciar procedimientos disciplinarios e implementar medidas de carácter inmediato.
Uno de los casos más relevantes identificados en la auditoría corresponde a la tramitación tardía de un procedimiento administrativo de suspensión y remoción de un exdirector ejecutivo. Esta demora permitió que el exfuncionario continuara recibiendo sus remuneraciones líquidas hasta el 16 de marzo de 2026, alcanzando un monto acumulado de $247.557.391, a pesar de encontrarse separado de sus funciones.
Asimismo, se detectó el caso de un funcionario que simultáneamente prestaba servicios en el SLEP de Valparaíso y en la Municipalidad de La Calera, realizando actividades paralelas y percibiendo remuneraciones en periodos durante los cuales se encontraba en uso de licencia médica.
La fiscalización también reveló graves irregularidades en los procesos de selección de personal. En la administración central se encontraron seis contrataciones directas sustentadas únicamente en criterios generales como la «continuidad del servicio» o la «idoneidad», sin presentar justificaciones que acreditasen la imposibilidad de realizar un concurso público. De igual forma, la incorporación de dos personas para un programa especial omitió los procedimientos de selección públicos, transparentes e inclusivos que exige la normativa.
Contraloría también constató que funcionarios contratados para laborar en establecimientos educacionales fueron asignados desde el primer día a tareas administrativas en la administración central. El organismo fiscalizador señaló que la legislación vigente prohíbe las comisiones de servicio para docentes, mientras que para asistentes de la educación requiere fundamentos específicos y documentados. Además, varios trabajadores permanecieron en comisión de servicio por periodos superiores a un año, excediendo los plazos máximos permitidos por ley.
En el aspecto financiero, la auditoría identificó el uso de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) destinados a fines sin acreditación ni respaldo suficiente que justificara su aplicación correcta.
El informe también evidenció severas deficiencias en los sistemas de control de asistencia y jornada laboral, incluyendo justificaciones recurrentes por falta de marcación, registros manuales incompletos e inasistencias sin documentación adecuada. Respecto a horas extraordinarias y contratos a honorarios, se encontraron regularizaciones posteriores a la ejecución de labores, discrepancias entre horas autorizadas y pagadas, e informes de actividades con descripciones genéricas y repetitivas que no acreditaban el cumplimiento efectivo de las tareas.
Con Información de desenfoque.cl
