Xu Jiayin, reconocido en 2017 como el hombre más rico de China, fue condenado en primera instancia a cadena perpetua y al embargo total de sus bienes por los tribunales de Shenzhen. La sentencia lo declara culpable de un extenso esquema de corrupción que comprende falsificación de información financiera, emisión fraudulenta de acciones, desfalco y sobornos.
La caída del empresario, quien acumuló una fortuna estimada en 42.500 millones de dólares, no solo marca el fin de su carrera empresarial. También cierra un modelo de especulación inmobiliaria que derivó en crisis para la clase media.
Evergrande, fundada por Xu en 1996, creció bajo un modelo basado en compras en verde sobre plano, rotación rápida de capital y endeudamiento agresivo. Durante años, el holding se diversificó con la compra de clubes de fútbol, inversiones en vehículos eléctricos y una imagen pública de filantropía. El empresario afirmaba que su objetivo era “darle un hogar a la gente”.
Sin embargo, cuando la burbuja estalló en 2021 con el impago de su deuda extraterritorial, salió a la luz que la empresa tenía 1,4 millones de viviendas vendidas y cobradas que no habían sido construidas. El colapso financiero reveló pasivos superiores a 300.000 millones de dólares, afectando también a otras promotoras como Country Garden y China Vanke, y comprometiendo los ahorros de millones de familias.
En 2020, el gobierno chino implementó las “tres líneas rojas”, una regulación estricta para frenar el crédito a empresas sobreendeudadas, tras advertir que los precios inmobiliarios se habían vuelto inaccesibles. Esta medida, alineada con la premisa del presidente Xi Jinping de que “las viviendas son para vivir en ellas, no para especular”, cortó el financiamiento fácil y expuso que el modelo funcionaba como un esquema piramidal.
Pese a inyecciones de liquidez estatal, como un paquete de créditos subsidiados de 42.250 millones de dólares lanzado en mayo, el mercado no se recupera. La desconfianza de los compradores persiste y las ventas de suelo continúan en caída.
La sentencia en Shenzhen incluye multas de más de 2.300 millones de dólares contra Evergrande Group y su filial de construcción, además de penas de entre 6 y 18 años de prisión para cinco altos ejecutivos de la compañía. En una industria que representa cerca del 30% del PIB indirecto chino, la decisión judicial señala que la estabilidad social y el derecho a la vivienda no pueden subordinarse a la especulación financiera.
Con Información de desenfoque.cl
