El anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre la creación de una comisión técnica para revisar el Estatuto Administrativo ha generado una nueva controversia en el gobierno de José Antonio Kast. El Estatuto, que data de 1989, es el cuerpo normativo que rige a los trabajadores del Estado en materia de escala de salarios, cese de funciones, evaluación de desempeño, carrera funcionaria y aspectos relacionados con la función pública.
Quiroz indicó que la comisión estaría integrada por un economista independiente y técnicos de diversos sectores, que dispondrán de dos meses para realizar la revisión y entregar sus conclusiones y propuestas en diciembre, las cuales deberían orientarse hacia la modernización. El ministro señaló que “el estatuto administrativo tiene larga data, ha cambiado el mundo, han cambiado las circunstancias, se requiere adaptarse a este nuevo entorno”.
Sin embargo, desde el sector laboral se han encendido las alertas debido a que no se mencionó la participación de las organizaciones sindicales en esta instancia. José Pérez Debelli, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), manifestó que “no basta solamente un equipo de técnicos, eruditos, que uno los puede respetar, pero es importante la voz de quienes ejecutamos la función pública que sigue siendo estratégico para la ciudadanía”.
Pérez recordó que existe una mesa de trabajo formal entre el gobierno y la ANEF, establecida tras un encuentro entre la organización y el Presidente José Antonio Kast el 20 de mayo en La Moneda. Señaló que el propio Presidente designó al ministro del Trabajo y Previsión Social, al director del Servicio Civil y al subdirector de Racionalización y Función Pública para mantener un diálogo social permanente.
El presidente de la ANEF replicó que “queremos que se respete ese diálogo permanente con los gobiernos de turno, en particular con este Gobierno que ya tenemos una mesa de trabajo formal e institucional en áreas tan sensibles como es modernizar nuestro estatuto público. Esperamos que el ministro le pregunte a su jefe, al propio Presidente de la República, cuál fue el acuerdo con esta confederación sindical”.
El diputado del Partido Comunista Luis Cuello, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, señaló que “que el ministro Quiroz plantee la creación de una mesa distinta a la ya instalada entre el Ejecutivo y la ANEF demuestra una vez más la desprolijidad del gobierno”. Cuello enfatizó que “cualquier instancia de diálogo debe incorporar necesariamente a los trabajadores públicos”.
El presidente de la Confederación Fenats Nacional, Emerson Berríos, destacó que “las y los trabajadores públicos no pueden ser simples espectadores de una reforma que afectará directamente sus derechos y el funcionamiento del Estado. Nuestras bases estarán alertas y organizadas para defender la estabilidad laboral, la carrera funcionaria y la salud pública”.
La Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Educación (Andime), en una declaración pública, expresó que “rechazamos cualquier intento de modificar las normas que regulan el empleo público, la carrera funcionaria y los derechos de las y los trabajadores del Estado, sin la participación efectiva de sus organizaciones sindicales”.
Las organizaciones sindicales también han expresado preocupación sobre lo que consideran un intento de facilitar despidos bajo el argumento de la modernización. Quiroz mencionó que están “empeñados en lograr la consolidación fiscal. O sea, lograr equilibrar las cuentas no solo en el corto plazo, sino que a largo plazo de modo estructural”.
Berríos afirmó que “nos preocupa que esta revisión se plantee desde Hacienda, se relacione directamente con el ajuste fiscal y sea encabezada por un economista. El empleo público no puede ser tratado simplemente como un costo que debe reducirse ni convertirse en la variable de ajuste de las cuentas fiscales”. Agregó que “no aceptaremos que se utilice la modernización para facilitar despidos, reducir personal, precarizar los contratos o debilitar la carrera funcionaria. Un Estado más eficiente no es un Estado más pequeño ni con menos derechos”.
Andime señaló que “el Estatuto Administrativo no puede ser tratado como un mero instrumento de gestión fiscal ni sometido exclusivamente a la mirada de expertos designados por la autoridad”, y expresó que rechaza “la concepción de modernización que pueda convertirse en reducción del Estado, precarización laboral, pérdida de derechos o debilitamiento de la carrera funcionaria”.
Cuello aseveró que “no sería aceptable que el objetivo preconcebido de esta mesa sea debilitar y precarizar la función pública”.
Los puntos a revisar por los expertos incluirían: la dualidad entre planta y contrata, para establecer un régimen único de contratación; un nuevo mecanismo para la evaluación de desempeño; procesos más flexibles para contratar y desvincular a los funcionarios; y una nueva concepción de carrera funcionaria.
Con Información de elsiglo.cl
