Una auditoría interna llevada a cabo en el marco del Plan Inspección Total identificó irregularidades graves de carácter administrativo, financiero y de seguridad en la habilitación de las nuevas dependencias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ubicadas en calle Agustinas 1269, Santiago. El informe señala que el proyecto, iniciado en 2023, duplicó sus plazos de ejecución y presentó un sobrecosto del 146% respecto al presupuesto original.
La iniciativa contemplaba el traslado del ministerio desde sus antiguos espacios en Catedral 1401 hacia un inmueble fiscal que anteriormente funcionó como sede del diario La Nación. El Estado buscaba generar ahorros al prescindir del pago de arriendo. No obstante, la planificación inicial estimaba una inversión de $1.100 millones y un plazo de ejecución de un año y medio, cifras que se alejaron significativamente de los resultados finales.
El proyecto finalizó con un costo de $2.831.336.713 y su ejecución se extendió durante aproximadamente tres años y medio. Al aumento presupuestario se sumaron $120 millones de multa que el Estado debió cancelar por la terminación anticipada del contrato de arriendo anterior, además de otros $494 millones proyectados actualmente para reparaciones y adecuación del nuevo edificio. Como resultado, el ahorro fiscal esperado no se concretó.
El análisis de la auditoría enfatizó los procesos de adjudicación de obras. Conforme al documento, el contratista Alberto Felipe Olave Hernández concentró el 88% del gasto total del proyecto.
La investigación detectó un patrón cuestionable en las licitaciones: la empresa ALSA SpA, de propiedad de la esposa de Olave, participó en cuatro de cinco procesos y en todos fue declarada inadmisible por falta de documentación requerida. Otra firma recurrente, ELECSAN SpA, presentó ofertas económicas sistemáticamente superiores a las de Olave con márgenes reducidos. Según la auditoría, la participación de estas empresas permitió cumplir con el número mínimo de oferentes exigido por ley y evitar que las licitaciones fueran desiertas, sin generar competencia genuina por las obras.
La situación varió en la tercera etapa cuando postuló la empresa Massardo y Principios Patrimonio Chile Limitada, que presentó una oferta más económica que la de Olave y acreditó experiencia en restauración patrimonial. A pesar de condiciones superiores, la empresa recibió un puntaje inferior en la evaluación y perdió la licitación. El informe señala al arquitecto Mario Neira Quiroga, contratado bajo modalidad de contrata por el ministerio, como el funcionario responsable de esta adjudicación.
La auditoría también verificó que el traslado de funcionarios al edificio de Agustinas ocurrió entre el 13 y 20 de febrero de 2026 sin que estuvieran plenamente acreditadas las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad.
Durante la ocupación se registraron accidentes en el interior del inmueble. Además, la cartera decretó teletrabajo de excepción en seis oportunidades entre diciembre de 2025 y julio de 2026. Una de estas emergencias ocurrió por la aplicación de productos químicos nocivos durante un proceso de desratización en las oficinas.
Ante la gravedad de los hallazgos, la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Marcia Raphael, confirmó que todos los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional Metropolitano Centro Norte, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado para que investiguen eventuales delitos.
De forma paralela, la cartera instruyó un sumario administrativo actualmente en curso, mientras avanza en una revisión técnica y estructural externa para regularizar las instalaciones eléctricas, sanitarias y de seguridad del edificio.
Con Información de desenfoque.cl
