Seis meses después de la presunta incursión de Estados Unidos contra el barco pesquero ecuatoriano Fiorella, Amnistía Internacional señaló que la política estadounidense de ataque y hundimiento de embarcaciones en alta mar, justificada en el transporte de drogas hacia Estados Unidos, constituye una práctica de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos que debe cesar de inmediato.
El 20 de enero de 2026, el barco pesquero Fiorella desapareció en aguas internacionales siete días después de zarpar del puerto de Jaramijó, Ecuador. Desde entonces se desconoce el paradero de ocho de sus diez tripulantes. Los indicios sugieren que Estados Unidos pudo haber atacado la embarcación como parte de su política antidrogas denominada “Southern Spear” (Lanza del Sur), bajo la cual más de 60 naves han sido atacadas en la región y más de 200 personas han sido asesinadas desde septiembre de 2025.
El Laboratorio de Evidencias de Amnistía Internacional reconstruyó la ruta del barco utilizando datos del Sistema de Monitoreo de Embarcaciones (VMS) disponibles en la plataforma Global Fishing Watch. Estos datos confirman que el Fiorella salió del puerto de Jaramijó, ubicado en la provincia de Manabí, y navegó por aguas ecuatorianas en dirección a las Islas Galápagos, que pertenecen a Ecuador.
Amnistía Internacional viajó a las localidades de Manta y Jaramijó, donde entrevistó a las familias de los ocho desaparecidos: Gabriel Aladino Mero Delgado, Jefferson Ariel Mero Cueva, Bryan Alfredo Arcentales Mero, Juan Alfredo Arcentales Anchundia, Joel Steven Valencia Mero, José Norberto Mero Quijije, Juan Carlos Valencia Mero y Carlos Adrián Mendoza Macías. Las familias buscan a sus seres queridos y exigen respuestas a las autoridades ecuatorianas desde enero. La organización también se reunió con diversas autoridades y analizó declaraciones del expediente administrativo elaborado por la Capitanía de Puerto de Manta, perteneciente a la Armada del Ecuador.
A partir del análisis y contraste de estas fuentes, Amnistía Internacional reconstruyó la ruta del Fiorella y los posibles hechos ocurridos durante su travesía.
La ruta del Fiorella
El Fiorella era un barco pesquero palangrero dedicado principalmente a la captura de especies como marlín, atún, dorado y tiburones mediante un espinel o palangre, consistente en una línea principal de varios kilómetros de longitud equipada con cientos de anzuelos. La embarcación zarpó la noche del 13 de enero con diez tripulantes a bordo.
Poco después de emprender su ruta, la embarcación perdió la conexión a internet, por lo que la única comunicación posible fue a través del dispositivo satelital que portaba su capitán, Juan Carlos Valencia, quien mantuvo contacto diario con su familia y con los dueños del barco.
Aproximadamente a las 13:00 horas del 15 de enero, la embarcación se internó en la franja de aguas internacionales que separa la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Ecuador continental de la de las Islas Galápagos. Al día siguiente, alrededor de las 18:00 horas, salió de aguas internacionales e ingresó a la ZEE de Galápagos, donde permaneció hasta el 19 de enero, cuando aproximadamente a las 05:00 horas volvió a adentrarse en aguas internacionales.
Durante los primeros días de la travesía no se reportaron mayores contratiempos. Sin embargo, a partir del cuarto día de navegación, la embarcación Fiorella habría comenzado a ser objeto de un seguimiento sostenido por aviones, patrullas y drones con simbología de Estados Unidos. El capitán Valencia comunicó diariamente a su familia, a través de mensajes satelitales, su creciente preocupación por esta vigilancia.
La mañana del 20 de enero
Al amanecer de ese día, dos lanchas pesqueras, cada una con dos tripulantes, se desprendieron del barco nodriza Fiorella para tender varios kilómetros de espinel con anzuelos cebados, una tarea habitual en la pesca artesanal de altura. Una de esas lanchas, la Primer Mandamiento, se mantuvo a una distancia considerablemente mayor del Fiorella que la otra: aproximadamente 15 millas náuticas.
Alrededor de las 6:00 horas, la tripulación de la Primer Mandamiento terminó de colocar el espinel y se dispuso a desayunar. Todo transcurría con normalidad hasta las 13:00 horas, cuando por la radio escucharon gritos desde la otra lancha: “¡Capitán, capitán, capitán!”. Inmediatamente después, se perdió toda comunicación con ambas embarcaciones.
Los tripulantes de la Primer Mandamiento relataron a la Capitanía de Puerto que, a la distancia, divisaron una gran columna de humo en dirección al Fiorella, sin poder determinar con certeza si correspondía a un incendio a bordo del barco nodriza. Estos tripulantes fueron los únicos que lograron regresar con vida de esa jornada de pesca. Del Fiorella y de la segunda lancha desprendida no se ha vuelto a tener noticia.
El sistema de rastreo de la embarcación registró su última señal a las 13:06 horas, cuando navegaba en aguas internacionales, justo al cruzar el corredor marítimo que separa la ZEE de Galápagos de la ZEE continental de Ecuador.
Después de quedar a la deriva, el 22 de enero, alrededor de las 6:00 de la mañana, los dos integrantes de la lancha Primer Mandamiento fueron rescatados por otro barco pesquero y llevados de regreso a tierra.
Testimonios de las familias y sospechas de detención
Entre las familias existe la sospecha de que sus familiares pudieran haber sido detenidos arbitrariamente y trasladados a otro país, tal como habría ocurrido en marzo con las tripulaciones de la Negra Francisca Duarte II y el Don Maca, dos embarcaciones de una localidad cercana a Jaramijó. Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, dos meses después de la desaparición del Fiorella, estos dos barcos pesqueros con 16 y 20 personas a bordo habrían sido atacados por drones y su tripulación detenida presuntamente por personal estadounidense los días 17 y 26 de marzo respectivamente. Posteriormente habrían sido entregados a autoridades de El Salvador y trasladados a ese país, para ser finalmente devueltos a Ecuador.
“Las familias de las ocho personas cuyo paradero se desconoce temen que se trate de una desaparición forzada a manos de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses y ecuatorianas deben confirmar o desmentir si existió participación de agentes estatales de cualquiera de los dos países, llevar a cabo todas las acciones necesarias para dar con la suerte y paradero de las víctimas, y presentar evidencia fehaciente que demuestre qué fue lo que les pasó”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La respuesta de las autoridades ecuatorianas, únicas autoridades ante las que las familias del Fiorella han presentado sus denuncias, ha sido considerablemente limitada. Esto ocurre a pesar de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió acciones urgentes en favor de los ocho pescadores, solicitando a Ecuador su búsqueda inmediata y la investigación de los hechos.
A pesar de que la Capitanía de Puerto afirmó haber llevado a cabo la búsqueda de la embarcación y su tripulación, existen serias dudas de la exhaustividad y eficacia de estas acciones. De acuerdo con información del Ministerio de Defensa entregada al Comité de la ONU, no fue hasta el 22 de enero que el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo recibió la alerta de emergencia sobre la desaparición de la embarcación.
Además, tardaron un día más en activar el plan de búsqueda y rescate, y no comenzaron las actividades de cálculo para la búsqueda hasta el día 24. No existe detalle de las acciones emprendidas para dar con el barco o su tripulación. Fueron los dueños del Fiorella quienes, por sus propios medios, enviaron una nave el 26 de enero para intentar dar con los restos de la embarcación, encontrando el espinel.
Las familias de los tripulantes desaparecidos denunciaron que, al acudir a la Capitanía del Puerto en busca de información, el comandante les dijo que dejaran de buscarlos porque estaban muertos y debían “atenerse a las consecuencias”, en lo que interpretaron como una insinuación de que sus familiares estaban vinculados al narcotráfico.
“El comandante nos dijo: si ustedes saben a qué se fueron pues para qué los van a buscar. A mí me dio mucho enojo, y le dije: yo vengo a buscar a mi papá, ellos solo se fueron a pescar. Usted debería tener corazón y decirnos la verdad. Al siguiente día fuimos nuevamente y directamente nos cerraron la puerta”. Testimonio de la hija de un pescador en paradero desconocido.
Si bien existe una investigación penal abierta por desaparición involuntaria en la Fiscalía de Manta, Amnistía Internacional constató, durante su visita en junio, que las diligencias realizadas eran mínimas y no parecían orientadas a esclarecer los hechos.
Entre las falencias más graves destaca que, a más de cinco meses de ocurridos los hechos, la Fiscalía no había solicitado formalmente información a Estados Unidos para avanzar en la investigación, y que el expediente administrativo iniciado por la Capitanía de Puerto para la búsqueda de los pescadores ni siquiera estaba incorporado al expediente fiscal.
“Es como si el barco se hubiera esfumado y a nadie le preocupara cómo lo hizo ni qué pasó con las personas a bordo. ¿Acaso se fue volando? A más de seis meses de lo sucedido las autoridades ecuatorianas deben responder con claridad qué acciones han realizado para establecer los hechos, qué saben, qué no y cómo piensan atender los válidos reclamos de las familias de los desaparecidos. La investigación penal sobre estos hechos debe avanzar hasta identificar a los posibles responsables y llevarlos ante la justicia”, dijo Ana Piquer.
Las investigaciones han ocurrido en un clima de creciente violencia contra operadores de justicia por parte del crimen organizado en el país. En dicho contexto, ocurrió el asesinato de la Fiscal a cargo del caso, Gloria Alexandra Bravo Cedeño, el 14 de junio en la ciudad de Manta.
Sumado a esto, las familias dijeron sentirse desamparadas y angustiadas no solo debido a la incertidumbre sobre el destino de sus familiares, sino a que, en prácticamente todos los casos, la persona desaparecida era el sustento familiar.
“La cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador debe estar basada en la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho. Ambos países deben revisar los acuerdos bilaterales de seguridad existentes para garantizar que no contribuyen a la impunidad ni obstaculizan el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias”, señaló Daniel Noroña, director de incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos.
Acciones de Estados Unidos
Amnistía Internacional ha denunciado los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en aguas internacionales desde que el país presumiera su primer ataque el 2 de septiembre de 2025, por considerarlos ejecuciones extrajudiciales, es decir, homicidios deliberados e ilegales bajo el derecho internacional.
A pesar de la solicitud de información realizada por la organización al Comando Sur de Estados Unidos, así como de una reunión mantenida con su embajada en Ecuador, el país no ha confirmado ni desmentido que estos ataques sean de su autoría. De igual manera, congresistas estadounidenses de distintos Comités han solicitado información a los Departamentos de Estado, de Defensa y Seguridad Nacional, incluyendo al comando de la Guardia Costera, demandando el esclarecimiento de estos hechos y la confirmación de la participación de fuerzas de seguridad de ese país o de entidades privadas bajo su mando, sin que exista respuesta hasta el momento.
Existen indicios de que las ocho personas cuyo paradero aún se desconoce podrían sumarse a la extensa lista de víctimas de violaciones de derechos humanos de los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones y tripulaciones en aguas internacionales.
Sin embargo, a diferencia de los más de 60 ataques reconocidos hasta el momento, el posible ataque al Fiorella no fue anunciado ni por el presidente estadounidense Donald Trump ni por el Comando Sur, como suele ser habitual. Tampoco los ataques contra las embarcaciones Negra Francisca Duarte II y Don Maca fueron reconocidos oficialmente, a pesar de que, según las denuncias de los sobrevivientes, ambos barcos habrían sido hundidos por aeronaves no tripuladas con distintivos atribuidos a Estados Unidos.
Si se confirmara que Estados Unidos fue responsable del ataque al Fiorella, así como de los ocurridos contra la Negra Francisca Duarte II y el Don Maca, el saldo de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos asociadas a este tipo de operaciones podría ser mucho mayor de lo estimado hasta ahora.
“El Departamento de Justicia y las autoridades investigativas de las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen la responsabilidad de investigar y establecer posibles responsabilidades penales, no solo con relación al Fiorella, sino de todos los ataques a embarcaciones en alta mar. Asimismo, el Congreso de Estados Unidos debe impulsar una investigación legislativa sobre este grave incidente, con audiencias e informes que permitan esclarecer los hechos y determinar la posible participación de agencias públicas o entidades privadas bajo su mando. Además, todos los Estados deben suspender la cooperación internacional en materia de inteligencia y equipamiento militar que pueda estar destinado a este tipo de operativos ilegales”, concluyó Ana Piquer.
Con Información de desenfoque.cl
