Chile registra actualmente una tasa de natalidad de 0,99 hijos por mujer, la más baja en la historia de la región. Esta cifra aparece recurrentemente en informes demográficos y análisis sobre el futuro del sistema de pensiones, pero frecuentemente se omite otra estadística igualmente relevante: la cantidad de embarazos que no culminan en nacimiento.
De acuerdo con estimaciones médicas convergentes, la pérdida gestacional espontánea afecta entre el 10% y el 20% de los embarazos clínicamente reconocidos, cifra que puede alcanzar entre el 40% y 50% si se incluyen embarazos bioquímicos, aquellos perdidos antes de que la mujer tenga conocimiento de su embarazo. La Organización Mundial de la Salud registra aproximadamente 73 millones de abortos inducidos al año en el mundo. Al sumar ambas cifras a lo largo de la vida reproductiva, la proporción de embarazos que no terminan en nacimiento puede aproximarse, para muchas mujeres, a un tercio o más de su historia reproductiva total.
Chile no mantiene una estadística nacional consolidada que vincule estos datos con la caída de la natalidad. Sin embargo, es pertinente cuestionarse si esta ausencia estadística no constituye un síntoma del mismo patrón que otras cifras del país documentan con mayor claridad.
Una cuarta sordera, analizada desde otra perspectiva
La disminución de la natalidad chilena suele interpretarse como una decisión racional colectiva: costos de vivienda, incertidumbre laboral, postergación de proyectos personales. Todo esto es cierto y verificable. No obstante, existe una dimensión que este análisis económico no abarca: qué sucede en el plano psíquico en una sociedad que atraviesa embarazos perdidos —espontáneos e inducidos— en una proporción tan elevada como la documentada por la evidencia médica, sin contar con espacio institucional, ritual o social consolidado para procesarlos.
Bert Hellinger, fundador de las Constelaciones Familiares, identificó explícitamente el aborto —espontáneo o provocado— como el ejemplo más citado de exclusión sistémica en su obra: «todos los niños dados a otra persona, escondidos o abortados». Su tesis central, sostenida durante décadas de práctica clínica, plantea que lo que una familia no reconoce ni nombra no desaparece, sino que se transmite silenciosamente a la generación siguiente, hasta que alguien, sin comprender la razón, carga un peso que no le pertenece completamente.
Seis sorderas, y una cadena que pocas veces se lee en su totalidad
Chile posee, documentadas con cifras oficiales, seis formas de sordera institucional que operan sobre el mismo cuerpo en momentos distintos de una misma vida: la primera hora de vida negada en cuatro de cada cinco partos; la primera infancia sin educación preescolar ni sostén comunitario que la acompañe; el trabajo de cuidado ejercido sin remuneración ni reconocimiento previsional; la natalidad en descenso abrupto que constituye el centro de este artículo; la formación afectiva y sexual que no llega a tiempo para la adolescencia —Chile cuenta desde 2010 con una ley que reconoce esta necesidad, pero sin contenido mínimo obligatorio que la sustente en la práctica—; y la violencia de género que se denuncia sin protección cautelar real, donde más de la mitad de las víctimas de femicidio frustrado había denunciado previamente.
Estas seis sorderas rara vez se interpretan como una cadena única, aunque se interconecten con más frecuencia de la que el debate público reconoce. Sin educación afectiva y sexual oportuna —la quinta sordera—, aumenta la probabilidad de embarazos no planificados en la adolescencia: algunos terminan en aborto inducido, otros en nacimientos para los que la propia adolescente no contaba con información ni recursos reales para decidir con autonomía. El mismo país que no garantiza la primera hora, que segrega la educación temprana, tampoco entrega a tiempo la formación que permitiría a sus futuros adultos ejercer una decisión reproductiva genuinamente informada, antes de que la pregunta sobre maternidad o paternidad se les imponga, en lugar de elegirse.
En todos estos casos, el patrón se repite: algo ocurre, alguien lo expresa, y el sistema no responde con la forma que ese dolor necesitaría para procesarse. La pregunta pertinente es si la relación de un país entero con sus propios embarazos perdidos —sin ritual, sin nombre, sin espacio institucional para el duelo— no constituye, acaso, una variante adicional de la misma arquitectura de silencio.
No se trata de afirmar que la caída de la natalidad tiene una única causa emocional no procesada. Sería una simplificación tan falsa como ignorar por completo esa dimensión. Se trata, más bien, de preguntarse si un país que aprendió a no nombrar sus pérdidas gestacionales —igual que aprendió a no nombrar la sordera hacia la primera infancia, hacia el cuidado, hacia la denuncia de violencia— puede sostener, simultáneamente, un vínculo sano y libre de miedo con la decisión de traer nuevos hijos al mundo.
Una ley que Chile ya tiene, y casi nadie utiliza
Lo notable es que Chile ya adoptó este paso legal. La Ley 21.647, que crea el Registro Nacional de Mortinatos, promulgada en 2022, permite a madres y padres inscribir voluntariamente, con nombre, apellido y sexo, a un hijo fallecido antes de nacer, con efecto retroactivo para pérdidas anteriores a la ley. Antes de esa norma, la muerte de un niño en gestación implicaba, literalmente, su invisibilidad administrativa: ni siquiera el nombre elegido por sus padres podía figurar en la tumba, siendo reemplazado por la sigla NN. Según estimaciones oficiales citadas durante la tramitación, más de dos mil familias chilenas enfrentan esta situación cada año.
La ley existe. La pregunta que este artículo deja abierta es cuánta gente la conoce, cuánta la usa, y si el reconocimiento legal de un nombre, sin acompañamiento ritual o comunitario que lo sustente, basta para que ese duelo deje de transmitirse en silencio de una generación a la siguiente. Un país puede poseer, en el papel, exactamente el mecanismo que la evidencia sistémica recomienda, y aun así no haber resuelto el problema que ese mecanismo pretendía nombrar, si la ley queda ahí, disponible pero desconocida, sin que nadie la mencione en la sala de parto ni en el control médico posterior a una pérdida.
Un país que empieza, apenas, a contar en voz alta cuántas horas de vida les niega a sus recién nacidos, cuánto trabajo de cuidado deja sin remunerar, cuántas denuncias de violencia quedan sin protección real, ya posee, en el caso de los mortinatos, la herramienta legal que le falta en las otras sorderas que este texto documenta. El desafío, aquí, no es legislar. Es que esa ley deje de ser un derecho silencioso, y se convierta en una pregunta que alguien, en el momento exacto de la pérdida, se atreva a formular en voz alta.
Con Información de desenfoque.cl
