Al conmemorar el 50 aniversario de la creación de la Vicaría de la Solidaridad en Chile, se destaca su extraordinario esfuerzo por documentar las violaciones a los derechos humanos y por defender y apoyar a personas perseguidas por el régimen militar. La Vicaría asumió estas responsabilidades cuando el régimen logró clausurar el Comité de Cooperación para la Paz —el Comité Pro Paz—, fundado tres semanas después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
El Comité Pro Paz fue fundado por un conjunto de iglesias cristianas —entre ellas la Metodista, la Luterana, la Presbiteriana y la Bautista— y por la comunidad israelita, con representación del gran rabino en su directorio. Algunos elementos de la Iglesia Católica también participaron en su creación, como los jesuitas del Centro Bellarmino. A pesar de que la Iglesia Católica se dividió cuando el obispo castrense otorgó apoyo a la junta militar, el alto mando de las fuerzas armadas insistió en que la Iglesia realizara un Te Deum para “celebrar el renacimiento de la nación”, evento que se realizó el 18 de septiembre.
La labor del Comité de Cooperación para la Paz fue posible gracias al financiamiento del Consejo Mundial de Iglesias, organismo de las iglesias protestantes. El Consejo fue fundado en 1948, el mismo año en que Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las gestiones para involucrar al Consejo en Chile recibieron el apoyo de las iglesias protestantes, un esfuerzo que también lideró la Junta de Misiones Globales de la Iglesia Metodista en Estados Unidos, en coordinación con la Iglesia Metodista de Chile. El Consejo resultó ser la mayor fuente de financiamiento del Comité Pro Paz.
En una época en que también llegaron a Chile personas perseguidas por gobiernos autoritarios de otros países sudamericanos, las iglesias protestantes crearon el CONAR —Comité Nacional de Ayuda a Refugiados—, gracias a los esfuerzos del obispo luterano Helmut Frenz y otros, también con el aporte financiero del Consejo Mundial de Iglesias. Las iglesias crearon además el FASIC —Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas—, con programas similares a los que implementaría más adelante la Vicaría de la Solidaridad.
El CONAR apoyó a presos políticos buscando cambiar la pena privativa de libertad por extrañamiento, conforme al Decreto 504. FASIC se distinguió por su apoyo a la salud mental; y cuando ocurrió el atentado contra Pinochet en septiembre de 1986, asumió la defensa de los implicados, argumentando que toda persona merece el debido proceso penal.
Por sus actividades en defensa de los derechos humanos, el Comité Pro Paz fue duramente atacado por la junta militar desde su inicio, con la detención de personal del área jurídica y el forzamiento a varios de sus funcionarios a emigrar al extranjero. El Comité era una entidad de derecho privado y dependía de la justicia ordinaria, que podía cancelar su personalidad jurídica. El general Pinochet escribió una carta al cardenal Silva Henríquez insistiendo en que se cerrara el Comité. Con ello se crea, el 1 de enero de 1976, la Vicaría de la Solidaridad bajo el amparo de la Iglesia Católica, entidad de derecho público.
Esta decisión no se discutió con las otras iglesias, y que en un comienzo estas vieron como un gesto autoritario. Sin embargo, la mayoría del personal del Comité Pro Paz —una organización ampliamente ecuménica— pasó a la Vicaría de la Solidaridad, reconociendo que su situación personal era más segura y estable y que de ese modo podrían seguir la valiosa labor de proteger los derechos humanos. A su vez, las iglesias protestantes apoyaron la Vicaría, y el Consejo Mundial de Iglesias continuó aportando la mayor parte de su financiamiento hasta 1989.
Con Información de desenfoque.cl
