Un reciente informe de Corporación Ciudades con datos de Senapred actualizados a julio de 2026 reveló que el 80% de los municipios de la provincia del Limarí no posee un Plan Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres (PCRRD) decretado. Esta situación adquiere mayor relevancia considerando que la gestión nacional históricamente se ha enfocado en la respuesta reactiva y en el conteo de daños tras catástrofes, postergando inversiones en preparación y mitigación de largo plazo.
Tras la publicación de este diagnóstico, los municipios de Ovalle y Punitaqui presentaron explicaciones sobre sus avances técnicos en la materia. El Municipio de Ovalle indicó que actualmente cuenta con un Plan Comunal de Emergencia que ha permitido coordinar acciones de prevención, respuesta y recuperación ante contingencias. Aclaró que el PCRRD es un instrumento técnico y complementario para identificar y priorizar medidas de mitigación antes de desastres. La municipalidad se adjudicó durante este año un concurso para financiar la elaboración del estudio a través de una consultora, encontrándose en etapa de formalización administrativa, con proyección de finalización para diciembre.
El municipio ovallino descartó que la ausencia momentánea del PCRRD haya limitado su capacidad de respuesta o gestión de recursos públicos, citando como ejemplo obras ejecutadas con fondos propios e intervenciones en Benavente con Tocopilla y mejoras en el sector Parque Inglés. Destacó como elemento de máxima urgencia la aprobación del Plan Regulador Intercomunal para ordenar el territorio.
El alcalde de Ovalle, Héctor Vega Campusano, señaló que se encuentran en proceso de formalización del Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres, pero consideran prioritario lograr la aprobación del Plan Regulador Intercomunal. Explicó que las zonas de riesgo están identificadas desde hace años y que llevan más de cinco años esperando resolución. Agregó que la aprobación del nuevo Plan Regulador permitiría evitar que se continúe construyendo en zonas de riesgo, como sectores expuestos a inundaciones o remociones en masa, situación evidenciada durante la reciente emergencia con viviendas emplazadas en sectores técnicamente identificados como riesgosos pero aún no oficializados en instrumentos vigentes.
Vega Campusano enfatizó que esas zonas sí están consideradas en la propuesta del nuevo Plan Regulador Intercomunal, pero lamentablemente aún no entra en vigencia. Insistió en que es fundamental avanzar en este proceso para evitar construcciones en lugares con riesgos identificados, asegurando que la planificación territorial debe anticiparse a las emergencias y proteger la vida, seguridad y patrimonio de los vecinos.
Por su parte, la Municipalidad de Punitaqui abordó su borrador catalogado como “Plan No Recomendado Técnicamente” en el informe de Senapred. El equipo municipal explicó que dicha observación obedeció a ajustes metodológicos y de cartografía requeridos, los cuales están siendo subsanados para reingresar el documento a evaluación y lograr su aprobación y decreto dentro de los próximos meses.
Desde Punitaqui indicaron que se trabajó en la elaboración del Plan Comunal de Emergencia, entregado a Senapred para revisión. El principal nudo es de carácter técnico, con observaciones que deben subsanarse para obtener aprobación. Esperan avanzar en ambos procesos durante el segundo semestre de 2026. Agregaron que la falta del PCRRD formalizado condiciona el acceso a recursos destinados a prevención y mitigación, por lo que su regularización permitirá fortalecer la postulación y ejecución de proyectos preventivos.
Luis Herrera, encargado de la Oficina de Emergencias del municipio de Monte Patria, indicó que asumen esta tramitación como prioridad municipal, pero el principal punto crítico ha sido de carácter técnico por el alto estándar para el levantamiento de cartografía de amenazas y estudios de vulnerabilidad territorial. Señaló que Monte Patria es una comuna particularmente extensa con geografía compleja y múltiples riesgos asociados a crisis hídrica, remociones en masa e incendios forestales.
Herrera agregó que actualmente solicitan una consultoría externa y el instrumento se encuentra en proceso de revisiones con Senapred y profesionales municipales, proyectando su promulgación oficial mediante Decreto Alcaldicio durante el último trimestre del año. Aclaró que la ausencia del plan no inhabilita al municipio para acceder a recursos de respuesta inmediata ante desastres, ya que la ayuda de emergencia se activa a través de fichas y reportes Alfa. Sin embargo, representa un obstáculo para la fase de prevención, imposibilitando la priorización de proyectos para postular en forma de inversión a largo plazo ante fuentes como la Subsecretaría de Desarrollo Regional o el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Enfatizó que el decreto es vital para transitar desde una gestión reactiva hacia una verdadera planificación preventiva del territorio.
Cabe notar que al cierre de edición no fue posible obtener declaración del municipio de Río Hurtado respecto del estado de sus instrumentos preventivos.
En síntesis, el principal desafío para los municipios del Limarí radica en migrar desde una lógica reactiva subordinada al financiamiento de emergencias ya consumadas hacia una gestión prospectiva que logre articular la planificación territorial, el financiamiento regional y la continuidad de políticas públicas para reducir efectivamente la exposición de la comunidad ante los embates del clima.
Con Información de ovallehoy.cl
