El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer el informe “Envejecimiento y situación de las personas mayores en Chile según el Censo de Población y Vivienda 2024”. Sus resultados reflejan la magnitud y la diversidad de la transformación demográfica que vive el país: 3.665.028 personas tienen 60 años o más, lo que equivale al 19,8% de la población residente. Este grupo ya supera en número a las personas menores de 15 años.
La tendencia se ha acelerado: entre 1992 y 2024, la población de 60 años o más pasó de 1,3 millones a 3,7 millones y duplicó su peso relativo en el país. El INE proyecta que representará el 26,4% de la población en 2035, el 36,5% en 2050 y el 50,7% en 2070. Además, 593.010 personas ya tienen 80 años o más, etapa en la que aumentan los requerimientos de apoyos, cuidados y entornos que favorezcan la autonomía.
Los datos también muestran que envejecer no significa necesariamente dejar de trabajar: el 28,5% de las personas mayores declaró estar ocupada la semana previa al Censo.
En este contexto, adquiere especial relevancia la nueva Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Publicada el 1 de junio de 2026 y con entrada en vigencia el 1 de junio de 2027, establece un marco de protección de derechos y reconoce, entre otros, el derecho de las personas mayores a un trabajo digno y decente, con igualdad de oportunidades y de trato. Las cifras del Censo ayudan a dimensionar por qué la preparación no puede limitarse a un área específica: involucra cómo se trabaja, se atiende y se diseñan productos y servicios para una población cada vez más numerosa y heterogénea.
En el ámbito laboral, la ley incorpora al Código del Trabajo un capítulo aplicable a trabajadores de 60 años o más, de adopción voluntaria. Entre las medidas que podrán pactarse están jornadas con bandas horarias o de libre elección horaria; la suspensión de los efectos del contrato por acuerdo de las partes, sin pérdida de antigüedad; y el uso anticipado del feriado anual desde el séptimo mes de trabajo. Las funciones acordadas deberán ser compatibles con la condición física y las capacidades de cada trabajador.
Adicionalmente, para el sector privado, la norma establece que se debe propender a contar con canales de atención preferente y oportuna para personas mayores en establecimientos, oficinas de atención y plataformas digitales, además de utilizar un lenguaje claro, simple y adecuado. También reconoce el derecho a la conectividad y dispone que los medios digitales se desarrollen de manera intuitiva: la atención preferente debe considerar la experiencia completa, no solo la fila en una sucursal.
La exigencia alcanza a sectores como el comercio, la banca, las telecomunicaciones, los seguros, la salud privada y los servicios básicos. Si un proveedor, en los términos de la Ley N.º 19.496, incumple estas disposiciones, la infracción se considerará una violación específica del derecho a la no discriminación arbitraria reconocido en la normativa de protección al consumidor, sin perjuicio de los demás derechos de las personas mayores.
Mercedes Rico, fundadora de SelloMayor, sostiene que “la atención preferente no se resuelve con una fila exclusiva. Obliga a revisar cómo se atiende por teléfono, cómo se diseña una aplicación y cómo se redacta un contrato. Según la encuesta que realizamos con Datavoz, el 45% de las personas mayores cree que las marcas discriminan a personas de su edad, y entre quienes han vivido una discriminación directa, más de la mitad la atribuye a la atención al cliente. Con la nueva Ley, esa experiencia deja de ser solo un problema de reputación y pasa a ser un riesgo legal para las empresas que no se adapten”.
Por su parte, Octavio Vergara, director ejecutivo de SelloMayor, plantea que las empresas no deben esperar a que la ley entre en vigor, sino prepararse hoy: “Si bien la Ley entra en vigencia en junio de 2027, las decisiones que exige —cómo contratar, cómo atender y cómo diseñar los canales digitales— hay que tomarlas ahora. Las empresas que se anticipen no solo cumplirán la norma; estarán mejor preparadas para un país donde las personas mayores son una parte creciente de la fuerza laboral y de los consumidores”.
SelloMayor está trabajando para acercar a las empresas el impacto conjunto de la nueva ley y del envejecimiento poblacional, y traducirlo en decisiones y prácticas concretas. Entre julio y octubre de 2026 ha desarrollado diversas actividades, como charlas, webinars y encuentros presenciales en Santiago, Concepción, Puerto Montt y Antofagasta, para acercar los impactos y desafíos que tendrá la Ley. Así, se han realizado encuentros con la Red Interdisciplinaria Nueva Longevidad de la Universidad del Desarrollo, el Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez, ICARE, DEC Chile, entre otras. Estas iniciativas ya han llegado a más de 150 empresas e instituciones, que se están preparando para atender y acercar sus canales de atención a los ya más de 3,6 millones de adultos mayores de Chile.
Con Información de ovallehoy.cl
