Javier Milei mantuvo un diálogo con Marco Rubio, quien organiza la conferencia junto con el gobierno alemán. Esta semana, el Presidente volvió a hablar de una “alianza” entre la izquierda radical y el terrorismo islámico.
Estados Unidos prepara una nueva cumbre para discutir cómo perseguir a movimientos de izquierda a los que califica como “terroristas”. Voceros del Departamento de Estado, que dirige Marco Rubio, confirmaron a Página/12 que el encuentro está previsto para el próximo mes en Alemania.
En la primera edición de esa cumbre en Washington, Javier Milei había enviado a dos funcionarios de alto rango: el canciller Pablo Quirno y el número dos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), José Lago Rodríguez.
El 16 de julio pasado, Rubio encabezó la conferencia sobre el resurgimiento del terrorismo político, con enviados de más de 60 países. El Departamento de Estado describió el encuentro como la formación de una “coalición” contra la izquierda. En la apertura, el titular de esa cartera comparó su cruzada con la coordinación que funcionó en los años 70 y mencionó como ejemplos a Montoneros y Tupamaros. Según Rubio, la base del éxito de esta nueva iniciativa sería una vieja receta: el trabajo mancomunado de las fuerzas de seguridad y el intercambio de inteligencia, es decir, lo que ya existió en el Plan Cóndor.
Argentina, mediante los emisarios de Milei, tuvo un papel importante en el encuentro de julio. Según trascendió, Quirno fue uno de los oradores. No obstante, el canciller no difundió su discurso, pese al pedido expreso del diputado nacional Agustín Rossi, con el argumento de que estaba protegido por el secreto. Rossi comprobó que no todos los países siguen esa lógica: la canciller de Georgia, Maka Botchorishvili, publicó su intervención, en la que agradece a Marco Rubio por colocar el tema del terrorismo en lo más alto de la agenda.
La SIDE respondió al Frente de Izquierda y sus Trabajadores (FIT), cuyo referente es Myriam Bregman, que toda la información sobre la cumbre estaba alcanzada por la clasificación de seguridad y que su difusión podría comprometer el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). De acuerdo con Cristian Auguadra, la única información pública era la que distribuía el propio Departamento de Estado.
La semana pasada se conoció que el gobierno alemán había respondido a un pedido de informes de Die Linke (La Izquierda) sobre la coordinación antiterrorista con Estados Unidos. En esa respuesta, las autoridades señalaron que trabajaban en un encuentro que se realizaría en otoño —es decir, antes del 21 de diciembre— en Alemania.
Página/12 envió una consulta al Departamento de Estado. Voceros de ese organismo explicaron que la cumbre se hará en noviembre y que será coorganizada por Estados Unidos y Alemania. No precisaron la fecha, aunque es probable que ocurra después del 3 de noviembre, cuando se celebrarán en Estados Unidos las elecciones de medio término que serán una prueba de fuego para Donald Trump.
Milei pasó los últimos días en Estados Unidos. El jueves, mientras las fuerzas de seguridad reprimían la marcha que pedía que el Gobierno cumpliera con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU), Milei encabezó un acto en la embajada argentina en Washington, donde habló de una “alianza entre la izquierda radical y el terrorismo islamita”.
Al día siguiente, en los tribunales de Comodoro Py aparecieron unas quince denuncias del Departamento de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal Argentina (PFA). En un juzgado explicaron que se trataba de presentaciones que suelen hacerse a partir de relevamientos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en redes sociales. Según fuentes judiciales, no estarían vinculadas con actividades de ciberpatrullaje por la marcha.
El FBI mantiene un vínculo estrecho con el Gobierno. La versión oficial indica que el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA) se creó en coordinación con esa agencia estadounidense y es el primero de su tipo en la región. El 7 de octubre, el FBI compartió en sus redes sociales que había una delegación argentina para realizar un intercambio estratégico sobre contraterrorismo. Una publicación anterior del FBI en Miami precisaba que la comitiva estaba integrada por diez funcionarios del Ministerio de Seguridad, la SIDE, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público Fiscal (MPF).
El viernes, la Oficina del Presidente informó sobre una comunicación telefónica entre Rubio y Milei en la que supuestamente se habló, entre otros temas, de “promover la seguridad compartida en todo el hemisferio”. Tras la conversación se supo que dos enviados del Departamento de Estado estarán en Buenos Aires entre el 19 y el 26 de octubre: Christopher Landau, número dos de Rubio, y Juan Pablo Segura, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental.
Cada tanto, Milei reactiva la agenda antiterrorista. Semanas atrás, afirmó en una entrevista que había echado del país a 30.000 terroristas. Esa afirmación no tiene sustento en ningún dato disponible. Es posible que el Presidente haya asociado —como suele hacer Trump para justificar deportaciones masivas— a personas que migran con delitos graves, como pueden ser actos terroristas.
A fines de agosto, cuando los jefes de la SIDE debieron comparecer ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI), Lago Rodríguez admitió que no manejaban una hipótesis sobre extremismo de izquierda, como la que impulsa Rubio en Estados Unidos y que Milei saca a relucir cada tanto en sus declaraciones públicas.
Un relevamiento al que accedió este diario mostraba que la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), dependiente de la Procuración General de la Nación, sostenía que hay 92 causas abiertas por tipos penales compatibles con estos casos. Hay fiscales, como Carlos Stornelli, que no ocultan su alineamiento con la prédica oficial y emplean algunos de esos tipos penales contra quienes protestan contra el Gobierno, como ocurrió con los detenidos por manifestarse contra la Ley Bases o contra la reforma laboral.
El Gobierno introdujo un capítulo vinculado al terrorismo en el proyecto “Defensa de la Soberanía Nacional”, que utilizó la causa Malvinas como caballo de Troya para promover una reforma integral del sistema de inteligencia, defensa y seguridad interior. De aprobarse, se creará por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que funciona desde el gobierno de Mauricio Macri.
Para que una persona o una entidad ingrese al RePET no se necesita una condena penal; basta con una “sospecha razonable”. De ese modo, quienes son acusados por el Ejecutivo de estar vinculados al terrorismo pueden sufrir distintas consecuencias: se inmovilizan sus bienes, se les prohíbe contratar con el Estado o recibir subsidios. En un documento que distribuyó esta semana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que se trata de una forma de “castigo administrativo”.
Hace un año, el Gobierno incluyó a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu en el RePET. Las mujeres sufrieron múltiples afectaciones: se congelaron sus billeteras virtuales, se cancelaron las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y se cayeron pensiones por discapacidad. Meses atrás, relatores de Naciones Unidas advirtieron sobre la forma arbitraria en que se maneja el RePET. Nada de esto parece corregirse con el proyecto oficial. El principal cambio es que pasará a depender directamente de la Unidad de Información Financiera (UIF), que tiene contacto directo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que históricamente reclamó la adopción de la legislación antiterrorista que ahora le sienta tan bien a la administración de La Libertad Avanza (LLA).
Luciana Bertoia, Página 12, 18/10/2026.
Con Información de elsiglo.cl
