El Servicio Electoral de Chile (SERVEL) presentó el Observatorio de Violencia Digital contra las Mujeres en Política. La creación de este organismo responde a evidencia, experiencias, testimonios y seguimientos que han evidenciado la necesidad de generar una herramienta para atender las nuevas realidades que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas comprometidas con la actividad política.
Se trata de una iniciativa inédita que posiciona a Chile como referente regional en el desarrollo de herramientas para monitorear, registrar, prevenir, visibilizar y contribuir a enfrentar una de las formas de violencia que más ha impactado la participación política de las mujeres en entornos digitales.
La ceremonia fue encabezada por Pamela Figueroa, presidenta del Consejo Directivo de SERVEL, quien destacó que la creación del Observatorio responde al compromiso institucional de fortalecer la democracia mediante la generación de evidencia, prevención y desarrollo de capacidades para enfrentar un fenómeno que representa un desafío creciente. En el evento participaron consejeros directivos de SERVEL, el Director Nacional de SERVEL Raúl García, representantes del Tricel, Minrel, academia, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
Figueroa señaló que “lo que los números describen no es la experiencia individual de mujeres que eligieron exponerse a los riesgos de la vida pública. Describe un patrón, una regularidad, un mecanismo que opera de manera consistente sobre las mujeres que ejercen liderazgo político, independientemente de su cargo, su partido o su ideología”. Agregó que cuando un fenómeno es sistemático deja de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión pública, y que una democracia que tolera que sus representantes electas sean silenciadas enfrenta un problema fundamental de convivencia democrática.
El Observatorio constituye el primer sistema institucional permanente impulsado por el organismo electoral para monitorear la violencia digital contra las mujeres en política mediante análisis de big data y escucha digital, elaboración de informes públicos y generación de conocimiento que contribuya a la discusión legislativa y a elaborar estrategias de prevención.
La iniciativa cuenta con un Consejo Asesor conformado por Georgiana Braga-Orillard, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile; Mónica Soto Fregoso, presidenta de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas; y Marcela Ríos Tobar, directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Karen Ahues, jefa de la Unidad de Comunicaciones de SERVEL, liderará la coordinación del Observatorio, mientras que el monitoreo y análisis estarán a cargo de los equipos de Comunicaciones de SERVEL y de Gobernanza y Territorio del PNUD, vinculándose también las unidades de Estudios, Formación Ciudadana y Atención Ciudadana de SERVEL.
Mónica Soto Fregoso señaló que “la violencia política digital contra las mujeres adopta múltiples formas, campañas de desprestigio, ataques sobre la apariencia física, amenazas, sexismo e incluso difusión de contenidos privados sin consentimiento. Asimismo, micromachismos que se presentan como inocentes o como parte de la libertad de expresión”. Destacó que si esta violencia pretende sembrar miedo y silenciar voces, la acción colectiva articula fuerzas para regenerar la confianza y fortalecer una democracia plena, igualitaria, inclusiva y libre de todas las violencias.
Georgiana Braga-Orillard agregó que “la violencia digital tiene consecuencias profundas. Afecta el ejercicio de derechos fundamentales, deteriora la calidad del debate público y genera un efecto silenciador que desincentiva la participación política de las mujeres y, en muchos casos, las lleva a abandonar la vida pública. El costo no lo pagan únicamente ellas; lo paga la democracia en su conjunto”.
Alejandra Sepúlveda, gerente del proyecto regional de IDEA Internacional, manifestó que “la violencia política digital de género no es un problema individual de las mujeres que la sufren. Es un problema público, institucional, electoral”. Señaló que para enfrentar una violencia que se adapta rápidamente se necesita evidencia sistemática, metodologías comparables, capacidad de monitoreo y lectura de patrones, pasando de la indignación a la respuesta coordinada.
Un momento central de la jornada fue un panel moderado por Paula Escobar, periodista, escritora y Fundadora y Directora Ejecutiva de la Cátedra Mujeres y Medios de la Universidad Diego Portales. Participaron Mónica Maureira, vicepresidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará; Marcela Sabat, exsenadora y exdiputada; y Camila Vallejo, exministra de la Secretaría General de Gobierno, quienes abordaron los principales desafíos para prevenir este tipo de violencia.
Mónica Maureira felicitó la labor del Observatorio, señalando que “la sistematización de la evidencia sobre la violencia digital contra la mujer en política es un primer paso en la estructura preventiva”.
Marcela Sabat valoró lo inédito de la iniciativa y puso el foco en los partidos políticos, señalando que “la violencia digital es una proyección de la violencia en la vida diaria y eso es una conversación que todavía los partidos políticos no tienen. Y aquí cuando hablamos de violencia contra la mujer entendemos que la sufren transversalmente todas las mujeres, no importa su militancia política”.
Camila Vallejo remarcó que este fenómeno “termina siendo una amenaza no solamente para los derechos humanos de las mujeres, sino que al final también para las democracias. Porque al pretender sacar de la esfera pública a mujeres lideresas en política, en el periodismo, en otro tipo de organizaciones, lo que busca al final es sacar de la participación política más del 50% de la población mundial”. Expresó su esperanza de que desde el Congreso se apruebe la Ley de Violencia Digital de Género para tipificar este tipo de violencia y establecer sanciones proporcionales a la defensa de los derechos de las mujeres y niñas en el país.
Con Información de elsiglo.cl
