Se documentan seis canales de riego rotos que reflejan una misma lógica: un sistema que escucha, registra, diagnostica, y no repara. Estos incluyen la primera hora robada, la primera infancia sin comunidad, el cuidado no remunerado, la caída de la natalidad, la educación afectiva retrasada, y la reciente falta de acción ante 330 femicidios frustrados, con medidas cautelares decretadas solo en el 12,4% de los casos.
Esta semana se identifica una séptima sordera: la del Estado completo, que a través de Aduanas, Contraloría, Hacienda y Cochilco, ve, registra, firma documentos y timbra embarques de cobre sin que una fracción significativa de la riqueza del país quede plenamente declarada en origen. Se estima una fuga de hasta veintiún mil millones de dólares anuales por los puertos nacionales.
El análisis se apoya en la investigación del economista Héctor Vega Tapia, autor de “Cobre. El Metal de la Discordia. Crónica de un Saqueo” (Editorial Forja, 2025), mediante una metodología que compara lo declarado ante el Servicio Nacional de Aduanas con el valor reportado por fundiciones y refinerías extranjeras frente al London Metal Exchange. Se presentan estas cifras como hipótesis con respaldo documental, sujetas a auditoría independiente.
La recuperación de la riqueza del cobre es una lucha histórica en Chile, marcada por la nacionalización de Salvador Allende y la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras de 1982 bajo Pinochet, que transformó a los concesionarios en propietarios de los yacimientos. Esta ley permanece vigente y es el fundamento jurídico sobre el que las transnacionales de la Gran Minería del Cobre han construido su posición sobre recursos que la Constitución declara patrimonio de la Nación.
En el ejercicio 2023, la diferencia acumulada entre valores declarados y reportados en fundiciones extranjeras alcanzó 4.700 millones de dólares en cuatro puertos y mineras. En 2024, la brecha ascendió a 6.400 millones de dólares, con un total declarado en Aduanas de 20.730 millones frente a 27.130 millones de dólares reportados en ultramar, una diferencia del 23,6%.
En el puerto Coloso (BHP), se declararon 9.600 millones de dólares frente a 12.000 millones reportados. En Los Vilos (Los Pelambres), 2.770 millones frente a 3.650 millones. En Patache (Collahuasi), 5.000 millones frente a 7.000 millones. En Coquimbo (MinTeck CDA), 560 millones frente a 730 millones. En Ventanas (Codelco Andina y Anglo American Los Bronces), 2.800 millones frente a 3.750 millones.
Si la brecha calculada fuera real en la magnitud estimada, deprimiría artificialmente la base imponible sobre la cual se calculan los tributos corporativos. Aplicando una carga tributaria efectiva combinada entre el 35% y el 40%, el Estado de Chile habría dejado de percibir entre 2.240 y 2.560 millones de dólares en recursos fiscales solo en 2024.
Se cuestiona por qué las transnacionales capturan renta significativa mediante prácticas de declaración que requieren revisión, por qué más de trece millones de toneladas de ácido sulfúrico generado en destino y valorado en más de dos mil millones de dólares ni siquiera se declaran en los documentos aduaneros chilenos, y si es sostenible un sistema diseñado en 1982 y modificado en 2019 que redujo el control de catorce a solo cuatro minerales.
Para resolver esta séptima sordera, se propone instalar equipos de espectrometría con absorción atómica, horno de grafito y difracción de rayos X en los trece puertos de exportación, con un costo aproximado de sesenta mil dólares por equipo. Esta medida permitiría cuantificación exacta de los metales presentes en las materias primas embarcadas y requeriría solo una instrucción presidencial al Servicio Nacional de Aduanas.
Australia, como comparación, exporta toneladas de minerales brutos, pero cuenta con un marco tributario exigente, royalties estatales rigurosos y normas de precios de transferencia implementadas por la Autoridad Tributaria Australiana. En sus grandes puertos no se delega la valorización exclusivamente en declaraciones juradas, sino que existen sistemas de muestreo con rayos X y análisis espectrométricos para asegurar que los valores se tasuen a precios de mercado abiertos, reduciendo espacio para subfacturación sistemática.
Para que este diagnóstico active un rol fiscalizador vinculante del Estado, se propone que organizaciones sociales, sindicatos mineros, economistas o parlamentarios presenten formalmente ante la Contraloría General de la República un requerimiento de auditoría especial de desempeño al Servicio Nacional de Aduanas y a Cochilco, investigando por qué no se emplean mecanismos de trazabilidad en puertos sobre concentrados y subproductos.
La cifra base de 6.400 millones de dólares surge de contrastar el valor FOB declarado en Aduanas con el valor de los elementos metálicos contenidos valorizados según mercados internacionales. Los costos de transporte, tratamiento y refinación no están descontados porque representarían la brecha neta de subfacturación en origen. La magnitud se presenta como estándar conservador dentro de una hipótesis con respaldo documental, no como cifra judicialmente comprobada.
Con Información de desenfoque.cl
