Daniela Pizarro A., periodista, 17/11/2026.
La seguridad laboral en la minería volvió a ser materia central en la sesión de este lunes de la Comisión de Minería y Energía del Senado, que abordó la situación actual de la Política Nacional de Salud y Seguridad en la Minería en Chile, los desafíos en prevención de accidentes y el fortalecimiento de la fiscalización.
A la instancia asistieron el Ministro de Minería; Sernageomin; la Dirección del Trabajo; el Instituto de Seguridad Laboral; la Confederación de Trabajadores del Cobre y la Confederación Minera de Chile.
El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) presentó cifras preliminares que registran 13 personas fallecidas en accidentes mineros durante 2026. La cifra representa un aumento respecto de las 11 víctimas fatales de 2024, aunque se mantiene por debajo de las 20 registradas en 2025.
Del total de 13 fallecidos este año, seis trabajaban en la pequeña minería y otros seis en empresas contratistas, lo que volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad de quienes trabajan en empresas subcontratistas.
La Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN) expuso una mirada crítica sobre las brechas de fiscalización y sostuvo que la seguridad minera debe ser una prioridad efectiva de la política pública. Bajo el planteamiento “Sin fiscalización, no hay prevención”, la organización advirtió sobre la necesidad de fortalecer la fiscalización, garantizar la participación sindical y avanzar en la implementación de la Política Nacional.
La CTMIN está integrada por seis entidades sindicales, entre ellas la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), FESUC, FESUMIN, la Federación Minera de Chile y CONFEMIN, y señaló que representa aproximadamente a 250 mil trabajadores y trabajadoras de la minería nacional.
En su presentación, la organización advirtió sobre las diferencias entre los registros de Sernageomin y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO): mientras Sernageomin contabilizó 44 fallecidos entre 2023 y 2025, SUSESO registró 24 en el mismo período, debido a diferencias en los criterios de clasificación y cobertura de ambos organismos.
Para la colectividad sindical, más allá de las diferencias estadísticas, la preocupación principal está en la persistencia de accidentes fatales y en las debilidades del sistema de fiscalización.
Uno de los antecedentes más relevantes fue un informe de la Contraloría General de la República que identificó 3.517 faenas mineras sin fiscalización durante el período 2022-2024, con una cobertura nacional que cayó desde el 25% en 2022 al 14% en 2024.
La situación presenta brechas especialmente preocupantes en regiones mineras. En Atacama se identificaron 2.863 faenas sin fiscalización de un universo de 3.889, mientras que en Antofagasta se contabilizaron 553 faenas sin fiscalizar de un total de 1.182.
A juicio de la CTMIN, estos antecedentes demuestran que no basta con disponer de normas y políticas preventivas si no existen los recursos humanos, técnicos y presupuestarios necesarios para garantizar su cumplimiento en terreno.
En ese marco, la organización planteó cinco líneas de acción prioritarias: aumentar los recursos destinados a fiscalizadores, movilidad y capacitación; transparentar la dotación y cobertura regional; establecer metas anuales verificables; mejorar el registro y seguimiento de los accidentes fatales en toda la cadena productiva, y acelerar la implementación de la Política Nacional de Seguridad y Salud Minera.
Asimismo, solicitó hacer seguimiento a la toma de razón de esta política por parte de la Contraloría y establecer mecanismos de seguimiento tripartito, con participación del Estado, las empresas y las organizaciones sindicales. La presentación concluyó con la frase: “Ninguna meta productiva está por sobre la vida de las y los trabajadores”.
El subsecretario de Minería, Álvaro González, presentó las acciones impulsadas por el Ejecutivo para enfrentar la accidentabilidad y fortalecer la prevención. Entre las medidas destacó la conformación de una Mesa Transversal por la Seguridad Minera, realizada el 16 de octubre, y el desarrollo de mesas regionales para recoger antecedentes y propuestas de los distintos actores de la industria.
Según la presentación, el proceso contempla cinco etapas: instalación de espacios de diálogo, recopilación de antecedentes, trabajo directo con empresas y sindicatos, sistematización de propuestas y presentación de medidas durante marzo de 2027. El Ejecutivo informó además que ha desarrollado 45 instancias de diálogo en 11 regiones, con la participación de 1.599 personas, incluyendo representantes de empresas, pequeña minería, sindicatos, gremios, servicios públicos y trabajadores de faenas.
La exposición recordó el marco normativo que debe orientar estas acciones, que incluye los convenios 155 y 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Reglamento de Seguridad Minera (DS 132), el DS 44 sobre gestión preventiva de riesgos laborales y la Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería. También se mencionaron herramientas para fortalecer la gestión preventiva, como la priorización de entidades empleadoras, la autoevaluación de riesgos, la asesoría preventiva inicial, la elaboración de planes de trabajo y el seguimiento de la accidentabilidad, junto con desafíos de trabajo macrozonal y coordinación institucional con Sernageomin para articular las capacidades de los organismos públicos responsables de la prevención y seguridad laboral.
La presidenta de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Ana Lamas, sostuvo que los accidentes mineros no pueden analizarse como hechos aislados, pues también están relacionados con la incertidumbre laboral, los riesgos psicosociales, la precarización del trabajo y el debilitamiento de los derechos laborales. “Nosotros no somos solamente una cifra o una estadística. Aquí hay vidas, hay familias y hay comunidades que son golpeadas”, enfatizó, y llamó a que el país deje de limitarse a lamentar los accidentes y avance hacia medidas concretas para impedir que sigan ocurriendo.
Lamas exigió explicaciones sobre la demora en la toma de razón de la Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería, iniciativa construida mediante un trabajo tripartito, y señaló que su implementación debe articularse con una fiscalización efectiva y mayores responsabilidades para las empresas. También puso énfasis en las desigualdades que enfrentan los trabajadores contratistas, advirtiendo que sus condiciones laborales y niveles de protección no son equivalentes a los de trabajadores de planta, y planteó la necesidad de avanzar en legislación para terminar con los abusos de la subcontratación, fortalecer la internalización y garantizar igualdad salarial y de derechos laborales.
Asimismo, vinculó la seguridad con el debate estratégico sobre el futuro de la minería y la distribución de sus riquezas, preguntando quiénes se benefician de la producción y quiénes asumen sus costos. En esa línea, reafirmó la defensa de Codelco 100% estatal y rechazó las fórmulas de privatización encubierta, señalando que la empresa debe fortalecer su desarrollo, invertir en fundiciones y refinerías y avanzar hacia una estrategia de industrialización que agregue valor a los recursos naturales.
Finalmente, la presidenta de la CTC insistió en que la participación de las organizaciones sindicales en instancias estatales no puede limitarse a convocatorias formales. “No queremos una participación solamente formal”, señaló, y exigió que las propuestas de los trabajadores sean escuchadas, incorporadas y consideradas en las decisiones, junto con mecanismos de seguimiento de los compromisos y respuestas concretas.
La sesión no logró dilucidar por qué, después de casi un año de ingresada, la Contraloría General de la República no da el vamos a la normativa. El senador Daniel Núñez subrayó que “no me calza, no me cuadra que aún la Contraloría no haya hecho la toma de razón, aquí tiene que haber un motivo, entonces quisiéramos saber qué gestiones han hecho (Ministerio) para acelerar esto. Nosotros ya mandamos un oficio. Esto es increíble, porque hay trabajadores que fallecen, pero también quienes tienen accidentes con secuelas graves”. Y agregó que “le pido al secretario analizar qué acción administrativa podemos realizar, porque todos los procesos tienen sus tiempos y ya han pasado más de ocho meses y no sabemos qué pasa. Me parece que no es razonable ni correcto”.
Frente a ello, el subsecretario de Minería explicó que “el Ministerio de Minería toma conocimiento en el marco del seguimiento que se hace en el consejo superior laboral minero, ya que es el Ministerio del Trabajo quien está a cargo de ello. Entiendo que es el subsecretario del Trabajo quien está haciendo seguimiento y está tratando de acelerar este proceso, por tanto no hay voluntad de retrasar y no ha llegado ningún tipo de oficio con observaciones”.
El senador Miguel Ángel Calisto recalcó que “veo una inacción por parte del Ministerio del Trabajo, eso es evidente, por tanto pediría un informe o invitarlos a la próxima sesión para saber cuáles son las gestiones que han hecho”.
Con Información de elsiglo.cl


