Mientras parlamentarios consideran inaceptable la disminución real del 14% en los fondos destinados a enfermedades de alto costo dentro del Presupuesto 2027, la ministra May Chomalí afirma que la entrega de medicamentos está garantizada por ley y atribuye el ajuste a un simple tecnicismo.
La presentación de la propuesta de Ley de Presupuestos para 2027 abrió un tenso debate político y sanitario sobre los recursos asignados a la protección frente a enfermedades de alto costo. De acuerdo con proyecciones elaboradas por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, vinculado a la Ley Ricarte Soto, sufrirá un ajuste a la baja al pasar de 189.696 millones de pesos en 2026 a 166.951 millones de pesos en 2027. Aunque la diferencia nominal ronda los 22.745 millones de pesos, al considerar el efecto de la inflación la reducción efectiva equivale a una contracción cercana a los 28 mil millones de pesos, lo que representa una caída del 14% en términos reales.
El anuncio del ajuste presupuestario provocó inmediatas y severas objeciones desde el Poder Legislativo. El senador y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro (PS), calificó la medida como un golpe inhumano contra los pacientes que dependen exclusivamente de esta legislación para salvar sus vidas, y exigió la pronta restitución de los montos recortados. En la misma línea, el senador Iván Flores (DC) cuestionó que se reduzca el financiamiento garantizado para diagnósticos, tratamientos y medicamentos de las 27 patologías cubiertas por la norma. Asimismo, el diputado Fabián Ossandón (PDG) instó a la administración del Presidente José Antonio Kast a transparentar las razones del recorte y a detallar las certezas financieras con que operará el sistema.
Ante los cuestionamientos transversales, la ministra de Salud, May Chomalí, salió al paso para descartar eventuales desabastecimientos en la red de atención pública. La secretaria de Estado fue enfática en señalar que la entrega de insumos farmacológicos se mantendrá inalterada tanto para los usuarios vigentes como para quienes sean diagnosticados e ingresen al programa. En ese sentido, la autoridad calificó la reducción como un ajuste técnico derivado de la estructura de la norma, y remarcó que, al tratarse de un mandato legal, el Estado tiene la obligación de cumplir las garantías vigentes. A través de canales oficiales, desde el Ejecutivo agregaron que, si resulta insuficiente el monto inicial asignado para el próximo ejercicio, la cobertura se completará mediante reasignaciones durante el año, tal como ha ocurrido en períodos anteriores.
La controversia presupuestaria coincide con la discusión parlamentaria de una reforma a la propia Ley N° 20.850, que busca otorgar sostenibilidad financiera de largo plazo al fondo. La iniciativa legal en trámite plantea elevar el aporte fiscal anual permanente desde los actuales 100 mil millones de pesos a 185 mil millones de pesos, lo que implica un incremento estable de 85 mil millones. De igual forma, el proyecto propone ampliar del 80% al 90% el margen de recursos comprometibles respecto del costo anual previsto, mejorar los criterios de actualización de precios e incorporar reglas más claras para articular la transición de prestaciones hacia el sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES).
Con Información de desenfoque.cl
