Gustavo Espinoza M. Periodista. Lima. 08/10/2026.
Las elecciones municipales y regionales realizadas en el Perú el pasado domingo 4 de octubre dejaron al gobierno de Keiko Fujimori en la más absoluta orfandad. Fuerza Popular, el partido oficialista, no obtuvo victoria en siquiera una circunscripción electoral. No logró ninguna alcaldía provincial. Tampoco ganó ningún gobierno regional. En suma, no obtuvo nada en unos comicios en los que sufragaron no menos de veinte millones de peruanos. El descalabro fue absoluto, incluso en las pocas regiones en las que el hoy partido del gobierno había alcanzado la victoria en las justas electorales libradas en abril y junio de este mismo año.
En el extremo, el millonario Joaquín Ramírez, tan cercano a Keiko Fujimori, que esta vez postuló con un símbolo distinto para diferenciarse del oficialismo, también perdió cuando todas las encuestas lo daban como ganador seguro en lo que había sido una suerte de baluarte personal: Cajamarca.
Claro que Fuerza Popular no fue la única organización perdedora. También perdió el APRA, que hizo el ridículo a nivel nacional, aunque pudo acercarse al 10% de los votos en lo que antaño era “la capital del Sólido Norte”, es decir, Trujillo; donde, además, Alianza para el Progreso, el partido que lo reemplazó en estima ciudadana en los últimos 15 años, también perdió abrumadoramente. Su compañero de infortunio fue el PPC, el Partido Popular Cristiano, emblemática figura de la derecha católica.
En contraste, se confirmó la existencia de una fuerte base social de oposición al régimen perfilada a lo largo del sur andino. En Cusco, esta vez la ciudad más definida, Verónica Mendoza obtuvo un triunfo significativo que sacó de quicio a la derecha. Sus adversarios, a falta de argumentos serios, simplemente la acusaron de “filo terrorista”, quizá como una manera de adelantar los “cargos” que le harán apenas puedan, a la luz de las leyes de excepción que ya están diseñando.
Es importante subrayar que esta caída del oficialismo atenazó también a Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga, que logró mucho menos de lo que había anunciado, pese a contar con el apoyo abierto de la “Prensa Grande” y de las “encuestadoras”, que hasta el fin le daban una holgada victoria que nunca se concretó. Sectores más bien “centristas” lograron arrebatarle puestos que ya tenía seguros, marchando a contrapartida del discurso agresivo y radical de su mascarón de proa.
Como quien no aprendió nada de las experiencias anteriores, la izquierda nuevamente marchó dividida. Tras colectivos locales, sin embargo, logró ganar puestos de autoridad provincial y regional en distintas zonas del país, afirmando un claro discurso anti oficialista.
Los resultados electorales, no obstante, asomaron envueltos en una agria disputa referida al pedido de “facultades delegadas” formulado por el régimen y demandado al Poder Legislativo. En el tema, Fuerza Popular se manejó con la delicadeza con la que se mueve un rinoceronte en una cristalería. Eso la llevó a aceptar finalmente facultades “recortadas” que habrán de limitar su accionar. Aun así, resulta peligroso por el debate pendiente en el Senado y por el uso que el Ejecutivo habrá de darles más adelante.
Y es que no se trata tan solo de propuestas inviables, sino también de estilos de gestión incompatibles con la realidad. Combinar exigencias reales con pedidos puntuales destinados a privilegiar a grandes empresarios o introducir propuestas para acabar con derechos laborales de los trabajadores no tiene que ver con la inseguridad ciudadana que hay que combatir, ni con los daños que se esperan de la corriente de “El Niño”.
Es claro que se trata, realmente, de un burdo intento de pescar a río revuelto. Aprovechar que se tienen “facultades delegadas” para apoyar a los exportadores y a los banqueros que donaron ingentes sumas de dinero a Fuerza Popular y que ahora extienden la mano para “recuperar lo suyo”. Por lo demás, lo que desvive al gobierno es la posibilidad de meter a la Fuerza Armada en los Penales para “controlarlos por dentro”. Cuando algo como eso ocurrió, en 1985, 1986 y 1992, se consumaron contra los presos crímenes abyectos que el fujimorismo parece empeñado en repetir.
Por lo general, la gente no entiende “la ira” de Keiko. Ella puede recurrir a Decretos de Urgencia constitucionalmente contemplados, o enviar proyectos de ley a las Cámaras Legislativas, que para eso fueron elegidas. Lo que no puede es saltarse con garrocha a los Poderes del Estado, sin consumar un Golpe que la mimetizaría con el Alberto de abril del 92. Porque lo sabe —y teme a sus consecuencias— es que opta por la inacción.
Y esa inacción tiene distintas modalidades. Una de ellas es optar por salir del país con la mayor frecuencia posible. Ya se fue a Estados Unidos durante 5 días para justificar una doméstica perorata de 12 minutos. Ahora busca visitar a Bukele para ver si este puede regalarle un baño de florecimiento. Y luego viajar a España para una cita Iberoamericana. Si viaja a El Salvador, tal vez podría inquirir por una frase dicha por el mandatario de ese país: “si un gobierno no logra derrotar a la delincuencia, es sólo porque la delincuencia está dentro de ese gobierno”. Y si va a España —como ambiciona— podría tal vez preguntar por qué en ese país proponen la expulsión de las bases militares yanquis, mientras aquí ella busca insertarlas en suelo peruano.
Quizá el deseo de salir del país tenga una doble razón: eludir los problemas de aquí, o gobernar más al Perú desde el exterior. Después de todo, ella perdió las elecciones aquí, y las “ganó” tan solo con la ayuda tramposa del voto en el exterior, gracias a Donald Trump y a “diplomáticos” en Estados Unidos y Argentina.
De ahí su sometimiento servil al dictado de Washington. Y que se ha graficado en la presencia del “Escudo de las Américas” en Bolivia para destituir y detener al fiscal general de ese país por detener e investigar a Cerimedo y sus cómplices. La participación de diplomáticos peruanos en los hechos merece un categórico repudio.
Igual rechazo merece la intolerable injerencia del embajador de los Estados Unidos en los asuntos internos de nuestro país. Hace muy poco se ha sabido que la represión brutal consumada contra los pobladores de Jicamarca derivó de una gestión del embajador Bernie Navarro, quien exigió por escrito ese desalojo para favorecer compras de terreno en la zona hechas por una empresa yanqui.
Con Información de elsiglo.cl
