Un gobierno que declaró la seguridad como su emergencia no debería dejar fuera la seguridad de quienes trabajan. La semana pasada, un grupo de diputados —con firmas del Partido Republicano, de un independiente de Renovación Nacional y el respaldo del Partido de la Gente— ingresó un proyecto para suspender por cinco años la Ley Karin, que protege a los trabajadores frente al acoso y la violencia laboral, y para restituir mientras tanto las reglas anteriores a agosto de 2024.
La ley lleva el nombre de una funcionaria de salud cuya muerte, tras sufrir violencia laboral, conmovió al país. El autor expresa respeto al referirse a este tema y advierte que escribe desde fuera del derecho: es economista y psicoanalista relacional, y su mirada se limita a lo que observa desde la salud mental y la economía.
Los defensores del proyecto sostienen que el sistema se saturó: más de 66.000 denuncias acumuladas a diciembre de 2025, unas 22.000 por semestre, y solo un 42% preclasificado como materia propia de la ley entre agosto de 2024 y junio de 2025. Quienes defienden la ley responden con las cifras de la Superintendencia de Seguridad Social: más de 33.000 atenciones psicológicas tempranas en el primer año, cerca de ocho de cada diez por acoso laboral y alrededor de un 73% solicitadas por mujeres.
Un número alto de denuncias admite dos lecturas legítimas: un diseño que no filtra bien, o una violencia antigua que por primera vez encontró dónde decirse. Las cifras solas no deciden entre ellas. Decide lo que hacemos con ellas: si preguntamos por qué hay tantas denuncias, o solo cómo reducirlas.
Hay una verdad que ambos bandos podrían compartir: que el 58% restante no sea materia de la ley es un problema de admisibilidad y de derivación, y eso se arregla perfeccionando el procedimiento. Suspender cinco años la protección es otra cosa. Es tan idiota como apagar el termómetro y esperar que baje la fiebre.
En su trabajo clínico, el autor ve algo que ningún indicador administrativo captura bien. Una persona humillada de manera sostenida en su lugar de trabajo no solo sufre: aprende a vivir en alerta. Su cuerpo se organiza para sobrevivir, no para pensar ni para crear. Desde la economía, eso se llama productividad perdida. Desde la clínica, se llama una persona que dejó de sentirse a salvo donde pasa la mayor parte de su vida despierta.
El autor considera necesarios cuatro movimientos para que un sistema de protección funcione de verdad, y señala que la Ley Karin los contiene en germen.
El primero es apapachar: la atención psicológica temprana que describe la Superintendencia es, en lenguaje cotidiano, crear un suelo antes de pedirle nada a la persona.
El segundo es escuchar: el canal de denuncia es el primer lugar donde muchas personas son oídas.
El tercero es resonar: que alguien en la organización reconozca que lo ocurrido sí ocurrió y que importa.
Y el cuarto, el que más falla en todas las instituciones, es verificar: investigar con rigor, en plazos razonables, sin presumir ni culpa ni inocencia. Escuchar no es verificar. Una ley que escucha y no verifica produce frustración, y quienes hoy la critican por lentitud apuntan, quizás sin quererlo, a ese cuarto movimiento débil. La respuesta es fortalecerlo, no desmontar los otros tres.
A esos cuatro movimientos hay que sumar la comunidad. El acoso laboral aumenta donde el resto mira hacia otro lado. Una cultura que normaliza la humillación necesita testigos silenciosos, y una ley que da permiso para hablar rompe ese pacto de silencio. Desde la óptica del autor como constelador sistémico, lo que se calla en un sistema tiende a volver, de una u otra forma. Devolver la violencia laboral a la invisibilidad no la elimina; la devuelve al lugar donde más daño hace.
El autor sostiene esto como una lectura clínica e imagina que, aplicados a un sistema legal, estos movimientos pueden reducir el acoso. Es una hipótesis de trabajo que le ayuda a ordenar lo que observa, y que quien lea puede contrastar con su propia experiencia. Su práctica complementa la atención médica y psicológica, no la reemplaza.
Si se busca coherencia, la propuesta es simple: fortalecer una etapa de admisibilidad que ordene y derive lo que queda fuera de la ley, acotar plazos de investigación, dotar de capacidad a las instituciones que investigan y sostener la atención psicológica temprana. El propio Gobierno trabaja en cambios al reglamento con ese fin, según la columna comentada. Ese es el camino de la responsabilidad.
La verdadera emergencia no es el exceso de denuncias. Es que una parte de nuestro país trabaja con miedo, y que un país con miedo no prospera. Un gobierno que hace de la seguridad su bandera tiene aquí una oportunidad de mostrar que la entiende completa.
Con Información de desenfoque.cl
