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Por Derechos Digitales – Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL)
Un nuevo informe de Derechos Digitales examina los procesos legislativos sobre IA en Brasil, Colombia y Perú. El documento advierte que, mientras las propuestas integrales de regulación quedan estancadas por el cabildeo de las Big Tech y las tensiones geopolíticas, prosperan leyes fragmentadas que excluyen impactos centrales como la desinformación, la violencia de género y la huella ecológica.
El debate regulatorio de la inteligencia artificial (IA) en América Latina vive un momento crítico. Aunque los gobiernos de la región procuran posicionarse en el mapa tecnológico mundial y atraer inversiones, la discusión normativa está cada vez más marcada por intereses económicos, presiones comerciales de Estados Unidos y el intenso lobby de grandes tecnológicas, lo que debilita el alcance de los marcos de protección de los derechos humanos.
En ese contexto, Derechos Digitales publicó «¿Hacia dónde va la regulación de la IA en la región?», una investigación que revisa las dinámicas legislativas recientes en Brasil, Colombia y Perú. El estudio identifica cómo se conforman las agendas regulatorias en la región, qué temas consiguen instalarse y cuáles quedan postergados ante la urgencia de atraer capitales o de aplicar respuestas de carácter principalmente penal.
El análisis revela una tendencia clara hacia normas reactivas y fragmentadas. En Brasil, el proyecto de ley más ambicioso de la región —que contemplaba clasificaciones por niveles de riesgo, transparencia para las Big Tech y derechos ante decisiones automatizadas— fue aprobado por el Senado en 2024, pero sigue bloqueado en la Cámara de Diputados. En Colombia, de al menos diez iniciativas debatidas en la legislatura de 2024 y 2025, nueve fueron archivadas y solo prosperó la Ley 2502 de 2025, dedicada a la sanción penal de la suplantación de identidad. Perú, en cambio, aprobó la Ley 31814 (reglamentada en 2025), un marco pionero pero abstracto y orientado a la promoción tecnológica, al que se sumaron reformas que incorporan el uso de IA como agravante penal en delitos como difamación o abuso sexual infantil.
La investigación alerta sobre vacíos profundos que permanecen fuera del debate público: la ausencia de medidas preventivas y de debida diligencia para las plataformas frente a la violencia de género facilitada por tecnologías, el efecto de la IA generativa en la integridad informativa más allá de los procesos electorales y la huella ecológica del sector. Este último aspecto es especialmente crítico, ya que la flexibilización de las exigencias de transparencia ambiental coincide con el acelerado aumento del consumo de agua y energía de los centros de datos que se instalan en la región.
“La regulación de la IA en América Latina está quedando atrapada una vez más en el falso dilema entre innovación o regulación. Observamos un creciente rumbo hacia la desregulación en materia ambiental y en protección de datos, así como la preservación de intereses corporativos enfocados en mantener el status quo de la autorregulación. Estas tendencias precisan de contrapesos de alcance regional. Es urgente recuperar la discusión y exigir marcos normativos con perspectiva de derechos pensados desde y para América Latina”, señaló Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Públicas de Derechos Digitales.
El informe concluye que los parches legislativos no sustituyen la necesidad de regulaciones integrales con fiscalización efectiva. Ante un escenario de alineamientos geopolíticos y presiones comerciales, Derechos Digitales insta a los Estados latinoamericanos a priorizar la debida diligencia, la transparencia algorítmica y la garantía de los derechos fundamentales en el desarrollo y la implementación de sistemas de IA.
Con Información de desenfoque.cl
