El pasado 8 de mayo de 2026, se constituyó la “Mesa de Reactivación Laboral” convocada por el Ministro del Trabajo y Previsión Social Tomás Rau Binder, bajo la presidencia de David Brau, Director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. La mesa fue integrada por nueve profesionales y ex autoridades provenientes de centros de estudios y gabinetes técnicos.
La mayoría de los integrantes mantienen vínculos con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Del total, seis son economistas, dos ingenieros y una abogada. No hubo representación sindical ni de organizaciones de trabajadores, ni tampoco de juristas o especialistas en derechos laborales. Esta composición refleja un diseño economicista y no constituye un órgano de diálogo social tripartito, lo que explica en parte la dirección de las 22 propuestas que surgieron de la mesa.
Las propuestas de la instancia apuntan a flexibilizar conquistas laborales y a asumir medidas que facilitan el despido a discreción, revirtiendo protecciones que parecían consolidadas. Se propone reemplazar la Indemnización por Años de Servicio (IAS) por una indemnización “a todo evento” financiada con una cotización adicional al Seguro de Cesantía.
Del informe se desprende que los técnicos atribuyen el deterioro del empleo principalmente al alza en costos laborales, como consecuencia del aumento del salario mínimo entre 2022 y 2025, la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas entre 2024 y 2028, y el incremento de siete puntos en la cotización del empleador entre 2025 y 2034. Los esfuerzos propuestos se centran en el crecimiento económico, la eficiencia del mercado laboral y el incremento de la productividad.
El informe reconoce que en Alemania, Francia y Portugal la flexibilidad horaria se intercambió por contrapartidas pactadas en negociación colectiva, con coberturas superiores al 65%. En Chile, donde la cobertura de negociación colectiva es inferior al 30%, las mismas flexibilidades se proponen por vía legal directa, sin el contrapeso colectivo de los trabajadores.
De las 22 propuestas contenidas en el informe, no todas afectan negativamente al trabajador de forma directa. Entre las propuestas se encuentran la “Sala Cuna Universal”, “Jardín Infantil de 2 a 4 años”, “Cuidado extraescolar”, “subsidios al empleo” y el “programa Talento Joven”, además de propuestas en capacitación y apertura de microdatos. Sin embargo, el núcleo más problemático se concentra en la regulación laboral con impacto en empleo.
La propuesta de eliminar gradualmente la IAS constituye el cambio más estructural y lesivo. Se propone reemplazarla por una indemnización “a todo evento” financiada con una cotización adicional al Seguro de Cesantía, comenzando por los nuevos contratos. El informe identifica el “efecto candado” como una consecuencia de la IAS. Sin embargo, este efecto es precisamente lo que protege al trabajador actualmente, pues encarece el término del contrato y genera un freno a despidos arbitrarios. Convertirla en un fondo capitalizado individual abarata radicalmente el costo de despedir y traslada al trabajador el financiamiento de su desvinculación.
La mesa propone explicitar que la causal “necesidades de la empresa” abarca cierres, bajas sostenidas de ventas o producción y cambios organizacionales. Se propone además reponer la causal “falta de adecuación del trabajador” como parte de las causales de despido. Ambas medidas facilitan el despido a discreción y revierten una protección consolidada. La causal “falta de adecuación” fue eliminada en 2001 precisamente por su carácter subjetivo y su potencial arbitrariedad.
Respecto a la jornada laboral, la mesa propone extender el período de referencia de la jornada de 4 a 52 semanas. Actualmente, la ley permite establecer turnos laborales por ciclos no superiores a 4 semanas. La propuesta buscaría normalizar lo extraordinario al permitir promediar la jornada ordinaria en ciclos de hasta 15 o 52 semanas, manteniendo el techo de hasta 52 horas semanales. En la práctica, el empleador podría concentrar semanas de jornada larga y compensarlas con semanas cortas, sin pagar horas extraordinarias. El informe cuantifica que en una actividad con 12 semanas de alta demanda, el ahorro de costo laboral anual sería de 9,4%.
La mesa propone fortalecer la polifuncionalidad, permitiendo pactar dos o más funciones independientemente de su naturaleza. De aprobarse, se revierte el criterio de “única naturaleza de servicios” fijado por la Dirección del Trabajo y la Corte Suprema. Un cambio así amplía indefinidamente lo exigible bajo un mismo contrato y remuneración.
Respecto a las jornadas excepcionales, la propuesta 14 plantea simplificar la autorización y renovación de jornadas excepcionales en sectores de operación continua como minería, data centers y transporte público. Esto representa una reducción del control administrativo previo sobre jornadas atípicas y extenuantes.
La propuesta sobre teletrabajo de cuidadores sin sujeción a jornada presenta como beneficio lo que en realidad arriesga la protección horaria del trabajador. La propuesta, bajo la apariencia de “flexibilidad para cuidar”, elimina el límite de horas, el pago de sobretiempo y el registro de asistencia.
Se propone constituir una mesa sobre judicialización laboral para elevar los estándares de exigencia de las demandas judiciales y analizar sistemas alternativos de resolución de conflictos laborales, fundamentándose en “el problema de la creciente judicialización que se está observando en materia laboral”. Esta orientación es especialmente preocupante, pues subyace una crítica a las exigencias de los trabajadores obligados a acudir a los tribunales de justicia.
La propuesta de reducción temporal de jornada ante shocks económicos supone reducir tanto la jornada como el salario de forma proporcional, compensando parte con cargo al Seguro de Cesantía. El trabajador verá reducida no solo su jornada sino también su remuneración, con menoscabo futuro de su cuenta individual de cesantía.
Respecto a la Ley N° 21.553 de aplicaciones de transporte, la propuesta elimina el requisito de licencia profesional de los conductores, lo que supone rebajar los requisitos de seguridad y los estándares de formalización del rubro, fortaleciendo la informalidad del sector.
La propuesta de eliminar la focalización del Subsidio Unificado al Empleo pretende autorizar el conocimiento previo del empleador sobre la eventual calificación del trabajador, bajo pretexto de incentivar la contratación. Esto puede resultar en debilitar la focalización en la población más vulnerable.
El patrón que recorre las propuestas de regulación laboral con impacto en empleo parece coherente: transferir al trabajador el riesgo y el costo de la variabilidad económica que hoy soporta el empleador. Se abarata el despido, se reduce el pago por la intensidad de la jornada, se amplía lo exigible por la misma remuneración y se flexibilizan jornadas y protecciones laborales.
Casi todos estos cambios exigen reforma legal de fondo del Código del Trabajo y, en algunos casos, también de la Ley N° 19.728 sobre Seguro de Cesantía. Llama la atención que se propongan por vía legal directa y no a través de la negociación colectiva o diálogo social, pese a que el propio informe reconoce que fue esa institución la que en Europa permitió que las reducciones de jornada no destruyeran empleo.
Las propuestas de la mesa de reactivación laboral se traducen en una suerte de reforma laboral que importa un golpe directo a derechos conquistados por los trabajadores y que se creían consolidados. Subyace una apuesta por debilitar las relaciones laborales, traspasar el costo laboral al trabajador, promover ahorro forzoso en la IAS, soslayar la ley de 40 horas y colocar trabas a la justicia laboral, lo que podría traducirse en una inestabilidad social de desconocidas consecuencias.
Con Información de elsiglo.cl
