Viernes, 20 de Noviembre de 2026
Nacional

Las propuestas económicas del PC: costo y financiamiento de su plan contra el desempleo

Según lo publicado por El Siglo el 20/11/2026, el Partido Comunista de Chile (PC) presentó una propuesta para influir en el Presupuesto 2027 que combina inversión pública, subsidios al empleo, ayudas a los hogares y más recursos para vivienda, salud y transporte. La colectividad proyecta crear 500 mil puestos de trabajo con un plan de obras públicas, aunque no entrega un presupuesto detallado para todas sus medidas. Su financiamiento considera un impuesto por una sola vez a las grandes fortunas, nueva deuda y la postergación de la rebaja tributaria a las grandes empresas.

La iniciativa reúne 14 demandas aprobadas en la Conferencia Nacional del PC, realizada entre el 16 y el 18 de octubre, y plasmadas en el documento “Demandas urgentes para un Chile Justo, Próspero y Compartido”. Busca incidir en la discusión del Presupuesto 2027 y plantea una alternativa a la política de ajuste fiscal del Gobierno: en vez de priorizar la contención del gasto, propone aumentar la inversión pública, fortalecer los ingresos de los hogares y destinar más recursos a servicios sociales.

El diagnóstico del partido sostiene que Chile enfrenta una crisis de demanda interna y de distribución de ingresos. El documento sitúa la desocupación en 9,6%, con una tasa superior al 12% entre las mujeres y cercana al 22% entre los jóvenes. Sobre esa base, el PC rechaza que la reducción de la jornada laboral a 40 horas o el aumento del salario mínimo sean la causa principal del desempleo.

La respuesta combina medidas inmediatas, como un ingreso de emergencia para personas afectadas por la cesantía, con inversiones de mayor alcance en infraestructura y vivienda. También incorpora iniciativas en transporte, salud, seguridad y compras públicas para productores locales. El documento se pregunta cuánto costaría el programa, de dónde saldrían los recursos y qué tan detalladas están las estimaciones.

La primera demanda plantea un presupuesto público de $95,6 billones para 2027, un 10% más que en 2026. La propuesta se contrapone al proyecto presupuestario del Gobierno, que el documento del PC describe con un crecimiento del gasto de 1,5% y recortes en gobiernos regionales, cultura y ciencia.

El PC propone sumar $7,4 billones, equivalentes al 2% del producto interno bruto (PIB), para financiar vivienda, inversión pública, ingresos de emergencia, subsidios al empleo, prevención municipal del delito, transporte gratuito para personas mayores y reposición de programas recortados. Con esta expansión presupuestaria, estima que la tasa de desocupación podría bajar desde el 9,6% a un rango de entre 8% y 8,5%.

El eje principal para crear empleo es un plan nacional basado en inversión pública. La propuesta contempla invertir $16,4 billones entre 2027 y 2029 en infraestructura intensiva en trabajo asalariado, con énfasis en la participación de pequeñas y medianas empresas como contratistas. La lógica es que las obras públicas generen empleos directos y, a la vez, impulsen la actividad de proveedores y empresas vinculadas. La meta anunciada es crear 500 mil empleos nuevos en tres años, monto que la plataforma calcula como el 4,5% del PIB.

Como referencia, el documento compara esta iniciativa con un plan del Gobierno que, según las cifras que atribuye al INE para junio-agosto de 2026, contempla $1,3 billones para generar 100 mil empleos.

En protección económica para quienes pierden su trabajo, la propuesta incorpora dos medidas: ampliar el uso del componente solidario del seguro de cesantía y crear un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) acotado a tres meses. En el primer caso, plantea utilizar el fondo solidario del seguro de cesantía para complementar los ingresos de trabajadores que perciban menos de $1,5 millones mensuales durante seis meses. El documento señala que el fondo acumula $3,65 billones y que 261.946 personas reciben el seguro, cifra que utiliza para dimensionar las limitaciones de la cobertura. La segunda medida contempla un IFE de $276.777 mensuales durante tres meses, equivalente a la mitad del salario mínimo bruto.

Según el cálculo del PC, llegar a 980 mil personas durante ese período costaría unos $814 mil millones, cerca del 0,2% del PIB. Ese monto corresponde a un escenario de cobertura estimado por el PC.

El PC también propone intervenir en los ingresos laborales y en las barreras de acceso al mercado del trabajo. En materia salarial, recoge la propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de avanzar hacia un salario vital, cuyo objetivo es que ninguna familia trabajadora viva bajo la línea de la pobreza. El documento compara el salario mínimo bruto de $553.553 con una línea de pobreza de $671.031 para un hogar de cuatro personas, correspondiente a agosto de 2026. Si ese hogar arrienda, la línea considerada aumenta a $994.038. La comparación busca mostrar que un salario individual puede resultar insuficiente para cubrir las necesidades de una familia.

Para aumentar la contratación de mujeres y jóvenes, propone ampliar los subsidios al empleo y destinar hasta US$530 millones anuales a estas medidas. El objetivo es elevar en dos puntos porcentuales su participación laboral y generar, según sus estimaciones, 220 mil puestos de trabajo: 170 mil para mujeres y 50 mil para jóvenes. La iniciativa incluye financiamiento y capacitación mediante Sercotec, FOSIS y BancoEstado para emprendimientos liderados por mujeres, apoyo a la formalización y medidas para trabajadoras agrícolas y de temporada, vinculadas a la contratación formal y a la disponibilidad de salas cuna en zonas rurales.

A estas medidas se suma una propuesta para enfrentar el endeudamiento educativo y facilitar el primer empleo de los egresados. El PC cita como referencias modalidades de contratación y subsidios existentes en Uruguay para el primer empleo, además de programas de pasantías remuneradas en Portugal.

La propuesta habitacional ocupa un lugar relevante dentro del plan económico comunista porque busca responder al déficit de viviendas y reactivar la construcción. El documento señala un déficit de 491.904 viviendas y la existencia de 1.428 campamentos, donde viven 120.584 familias. También sostiene que durante 2026 se recortaron 20.413 subsidios DS49, dirigidos a las familias del 40% más vulnerables.

Para abordar el problema, propone crear un banco público de suelo, impulsar cooperativas de vivienda y desarrollar un sistema de arriendo protegido. La medida presupuestaria central es financiar 50 mil subsidios DS49 durante 2027. El costo estimado asciende a $2,4 billones, equivalentes al 0,66% del PIB. El PC proyecta que esta inversión podría impulsar la demanda interna entre 0,7% y 1,4% del PIB y reducir la tasa de desempleo entre 0,7 y 1,6 puntos porcentuales.

La propuesta amplía su estrategia más allá de la contratación directa y plantea utilizar el gasto público para estimular actividades económicas y responder a necesidades territoriales. En alimentación escolar, propone que JUNAEB destine el 30% de las compras de alimentos del Programa de Alimentación Escolar a pequeñas y medianas empresas agrícolas y a la agricultura familiar campesina. También propone aplicar una regla equivalente a la alimentación de los hospitales públicos.

Según el documento, la agricultura familiar campesina vendió $4.126 millones al programa en 2023, menos del 0,4% de su presupuesto, mientras cinco empresas concentraban más del 70% de las raciones. El PC estima que su propuesta podría canalizar entre $127 mil millones y $190 mil millones al año hacia productores locales y sostiene que no requeriría gasto fiscal adicional, porque se trataría de redirigir compras existentes.

En transporte, los comunistas plantean gratuidad para todas las personas de 65 años o más en el transporte público del país, a cualquier hora. El Instituto de Ciencias Alejandro Lipshtuz (ICAL) estima un costo anual de entre $55 mil millones y $175 mil millones, que se financiaría dentro del subsidio nacional al transporte público. También propone reponer recursos para el transporte regional y crear un sistema nacional de transporte rural e interurbano. El costo estimado de reponer el fondo regional es de $45 mil millones para 2027.

En seguridad pública, plantea reforzar la prevención municipal, financiar mil nuevos cupos en Carabineros y duplicar los recursos del Sistema Municipal de Seguridad, que el documento sitúa en $17.105 millones. La propuesta incluye recuperación de espacios públicos, participación vecinal y medidas para perseguir los recursos del narcotráfico.

En salud pública, la última demanda plantea fortalecer la atención primaria, reducir las listas de espera y recuperar inversión en infraestructura hospitalaria, con especial atención a regiones y zonas rurales. Entre sus medidas está elevar el aporte por persona inscrita en la atención primaria —conocido como per cápita— a $16.000 en dos años. El documento estima que esto requeriría $0,44 billones en 2027 y $0,89 billones cuando alcance su régimen.

También propone reponer $302 mil millones de financiamiento hospitalario para operar pabellones y reducir listas de espera, restituir el nivel real de financiamiento de la Ley Ricarte Soto, por unos $28 mil millones, e invertir en hospitales, CESFAM y postas. El costo adicional estimado para 2027 es de $0,77 billones, equivalentes al 0,2% del PIB. Según ICAL, el plan permitiría sostener unos 25 mil puestos de trabajo en salud.

El financiamiento es uno de los aspectos más relevantes de la propuesta. El PC distingue entre los recursos destinados a inversión pública y aquellos que se utilizarían para financiar medidas de ingreso. Para la inversión pública, plantea un impuesto por una sola vez a las grandes fortunas, con una recaudación estimada de $6 billones, y nueva deuda por $10,4 billones. El documento atribuye la primera cifra a la estimación de un proyecto presentado en 2020 y señala que la deuda equivaldría al 2,9% del PIB en total, distribuida entre 2027 y 2029. La justificación es que la infraestructura puede impulsar nueva inversión privada y elevar el crecimiento económico en los años siguientes.

Para financiar las medidas de ingreso, propone postergar la rebaja del impuesto a las grandes empresas desde el 27% al 23%. Según sus cálculos, esta decisión liberaría $1,2 billones en 2027, $2,5 billones en 2028 y $3,6 billones anuales desde 2029. Se trata de mecanismos distintos: el impuesto a las grandes fortunas sería un ingreso extraordinario por una sola vez; la deuda permitiría financiar inversión durante varios años; y la postergación de la rebaja tributaria evitaría una reducción de la recaudación prevista.

Entre las medidas con costos explícitos están el plan de empleo, los subsidios habitacionales, el IFE, la gratuidad del transporte para personas mayores, la reposición del fondo de transporte regional y el fortalecimiento de la salud pública. Otras, como la ampliación del seguro de cesantía, el primer empleo y el plan de seguridad, no cuentan con un presupuesto total individualizado, pues son proyecciones que se siguen construyendo.

La discusión del Presupuesto 2027 será, por tanto, una instancia para contrastar las prioridades políticas del PC con la disponibilidad de recursos, las condiciones de implementación y los resultados esperados para los sectores más golpeados de la economía. Finalmente, la propuesta resume su orientación con una crítica a la política tributaria del Gobierno: «Nos dicen que no hay plata. Pero sí hubo para bajarles los impuestos a los que más tienen».

Con Información de elsiglo.cl

gerente

Redacción.

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