Domingo, 22 de Noviembre de 2026
Nacional

La vivienda constituye hoy una de las principales banderas de lucha

En una entrevista con El Siglo, publicada el 22/11/2026 y firmada por Ana María Olivares, Mario Neira, secretario general del Colegio de Arquitectos, sostuvo que más de 120 mil familias viven hoy en campamentos en Chile y que el problema no radica solo en la persistencia de las necesidades, sino en que el Estado ha decidido responder menos. Neira afirmó que “hoy se ha roto una tendencia de integración urbana y social sostenida”.

Neira ocupa la secretaría general del Colegio de Arquitectos desde 2024. Ha participado en el Movimiento de Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno, recibió el Premio Alberto Risopatrón y, desde septiembre de 2026, representa a las asociaciones gremiales en el COSOC del municipio de Santiago.

Según explicó, esa tendencia de integración se construyó a lo largo de cuatro gobiernos y alcanzó su punto más alto en mayo de 2022, con la promulgación de la Ley 21.450 de Integración Social, 6866, que dio origen al Plan de Emergencia Habitacional (PEH). El plan tuvo respaldo transversal: en diciembre de 2025, el Senado y la Cámara aprobaron por unanimidad su prórroga hasta fines de 2029, cuando registraba un avance del 91% en su meta de 260 mil viviendas. No obstante, el proyecto de Presupuesto 2027, en discusión en el Congreso, no le asigna recursos.

La principal inquietud de Neira es el DS49, subsidio del Minvu que permite a las familias del 40% más vulnerable obtener vivienda sin crédito hipotecario. De acuerdo con sus datos, en el primer llamado de 2026 sus recursos bajaron cerca de 60%, de 15,8 a 6,3 millones de UF, mientras que el proyecto de Presupuesto 2027 reduce los cupos de 40 mil a 25 mil.

El costo se medirá en años, advirtió: la espera, que había disminuido de entre 10 y 20 años a entre 8 y 12, “volverá a aumentar de manera significativa”, y miles de familias con proyectos en marcha enfrentarán “importantes demoras y probables cancelaciones”.

Sobre el crecimiento de los campamentos, Neira señaló que existen “causas múltiples, asociadas principalmente a la precarización de la vida en su conjunto, una condición propia del modelo neoliberal que nos domina desde la dictadura”, situación que “aumentó exponencialmente” con el estallido social y la pandemia. A su juicio, el campamento no es una falla del sistema, sino su expresión, la de un modelo “que no busca solucionar esta problemática, porque es parte del engranaje que lo sostiene”.

Indicó que en los últimos años el Estado ha generado “más desalojos que soluciones”. También se refirió al Decreto Supremo 68 del gobierno de José Antonio Kast, que flexibiliza densidad, altura y estacionamientos y promete una baja de hasta 15% en el precio de las viviendas nuevas. El Colegio de Arquitectos advirtió que no hay estudios que respalden ese efecto y que el beneficio podría ser capturado por el alza del suelo. Su crítica más dura apuntó a la Operación Sitio 2.0, que entrega terrenos en la periferia “sin urbanización, ni servicios, ni viviendas”; tras años de vivienda social en zonas centrales, la calificó como “un claro retroceso social y urbano”.

El arriendo se ha convertido en uno de los gastos más críticos para las familias. Neira explicó que el mercado ha girado hacia “el negocio del arriendo de grandes grupos económicos y fondos de inversión internacional, donde la vivienda pasa a ser un activo financiero”, con alzas sostenidas que los sueldos no alcanzan a seguir. Añadió que el desequilibrio también es de poder: “Los grandes rentistas no tienen contrapeso social o institucional”, mientras que, lamentó, “en nuestro país, los arrendatarios no están organizados”.

Para las familias de clase media que no califican para subsidios ni acceden a crédito hipotecario, y para las familias jóvenes, propuso el arriendo a precio justo: que los municipios amplíen la oferta de vivienda pública para que puedan ahorrar y comprar a mediano plazo. Ese programa también queda fuera del proyecto de Presupuesto 2027. La escala local es clave, sostuvo, porque en las comunas estallan problemas como el de las personas en situación de calle, pero los municipios “actualmente no tienen los recursos” para enfrentarlos. Según el Colegio de Arquitectos, el DS68 agrava esa situación al restarles herramientas de planificación e ingresos por permisos de edificación.

Por eso, su propuesta apunta al fondo del modelo. Si pudiera cambiar una sola cosa mañana, dijo, sería “terminar con la actual política subsidiaria” y reemplazarla por una política social de gestión planificada y estratégica dirigida por el Estado, en la que los gobiernos locales administren los recursos destinados a los problemas de vivienda, barrio y ciudad de cada comuna, con respaldo permanente de los Serviu regionales y de corporaciones de mejoramiento urbano.

Neira también impulsa un Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores articulado con la CUT y los estudiantes, lo que exige fortalecer el apoyo a comités de vivienda y allegados. El potencial movilizador, afirmó, se observa en las protestas que se extienden por Europa y en dos triunfos recientes de la izquierda con la vivienda como consigna: el de Zohran Mamdani en Nueva York, con la promesa de congelar arriendos, y el de Die Linke en Berlín, primera fuerza en septiembre en una ciudad de arrendatarios. “La vivienda es hoy, a nivel de la crisis global, una bandera de lucha de primer orden”, concluyó.

Con Información de elsiglo.cl

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Redacción.

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