El Ministerio de Justicia respaldó la firma de los decretos al argumentar el cumplimiento de la doctrina de la Corte Suprema, mientras la oposición calificó la medida como inaceptable y anunció una ofensiva parlamentaria que incluye solicitudes de información e interpelación.
A las puertas de un intenso debate en el Congreso, la revelación de la firma de 56 decretos de rebaja de condenas a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores de edad provocó un terremoto político. La información, divulgada inicialmente por Interferencia, detalla que entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, la cartera de Justicia acogió un total de 56 solicitudes —27 correspondientes a abuso sexual y 29 a violación de menores—, con una sola petición rechazada. En el marco histórico de este beneficio, datos institucionales indican que en los últimos cinco años se han otorgado 332 rebajas de pena por delitos sexuales en el país, de las cuales 276 corresponden a la administración previa de Gabriel Boric.
Ante el impacto de los antecedentes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó la controversia desde el Congreso Nacional y aseguró que el procedimiento no respondió a un acto arbitrario, sino a la aplicación de la jurisprudencia fijada por el máximo tribunal. Sobre el marco regulatorio y la actuación de la cartera, el secretario de Estado explicó que “a partir del año 2022 se modificó la ley y se prohíben beneficios a quienes cometen esos delitos. Con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, se rechazaban también esas solicitudes y la excelentísima Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el ministerio, incluso en la resolución respectiva se cita cada uno de esos fallos, fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos”. En esa línea, Rabat recalcó que “nada más que eso, es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema”, y agregó frente a los cuestionamientos que “usted tiene que cumplir la sentencia judicial a través de un acto administrativo, pero es la Corte Suprema la que estableció que las personas a quienes ese beneficio se le otorgaba antes del año 2022 eran merecedoras de ellos”. Además, precisó de forma categórica que “el gobierno no comenta los fallos judiciales”.
La controversia también marcó el debut comunicacional del nuevo subsecretario de la Segegob y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, quien desestimó cualquier intencionalidad política tras las resoluciones. Expresó que “eso es una noticia que, por supuesto, la vi en los medios y que es bastante malintencionada, porque supone que hubo una cierta voluntad o intención del Ejecutivo de perdonar a algunos delincuentes que hayan cometido abusos sexuales, y hay que aclarar el procedimiento. Este es un procedimiento establecido en la ley, no es arbitrario por parte de la autoridad”. Asimismo, la autoridad remarcó el apego irrestricto al marco legal y sostuvo que “aquí no estamos hablando de algo que si nos gusta o no nos gusta, sino que estamos hablando de algo que está establecido en la ley, es un derecho y no somos un gobierno arbitrario, somos un gobierno que cumple con la normativa y la normativa es clara”. Finalmente, Arenas respaldó el actuar del gabinete de Justicia al afirmar que “el ministro de Justicia tiene todos los antecedentes caso por caso, cada uno, nombre, delitos, temas, etcétera. Se ha mencionado también que lo van a citar o interpelar en la Cámara de Diputados. Bueno, pero yo les digo que el Ministerio de Justicia no tiene nada que ocultar en esta materia y que, por el contrario, el procedimiento fue impecable”.
En la vereda opuesta, la Bancada de Diputadas y Diputados Indep-PPD formalizó un oficio dirigido al ministro Fernando Rabat y al subsecretario Luis Silva para exigir la nómina completa de los 56 decretos exentos, sus fechas, tribunales de origen, tiempo de reducción concedido y el criterio jurídico utilizado para no aplicar la exclusión de la Ley N° 21.421. Al fundamentar la acción, la jefa de la bancada PPD-Independientes, Andrea Parra, fustigó que “el Ministerio de Justicia parece más el Ministerio de la Impunidad. Es incomprensible la rebaja de condena a 56 delincuentes condenados por abuso sexual y violación de menores. Por decreto se están burlando de las víctimas, y de todos quienes confiamos en la justicia”, y advirtió además que “violentan estas acciones inconsultas del Gobierno, que se llena la boca con seguridad, pero le da la espalda a mujeres y niños agredidos sexualmente. Oficiaremos para determinar todas las responsabilidades, desde el ministro Rabat hacia abajo”.
En la misma postura, el integrante de la Comisión de Constitución, José Montalva, calificó el hecho como “gravísimo” y sostuvo que “como bancada vamos a solicitar las resoluciones, sus fundamentos y el criterio jurídico utilizado para considerar que no les era aplicable la exclusión de la ley 21.421 tratándose de delitos de esta gravedad. El gobierno debe transparentar si estaba legalmente obligado a conceder esta rebaja y demostrarlo caso a caso. Las víctimas y el país merecen una explicación clara”. Por su parte, el diputado Carlos Carvajal calificó de “realmente vergonzoso e inmoral que el Gobierno haya decidido rebajar la pena de 56 condenados por abusos sexuales o violaciones a menores de edad, sin ni siquiera que hayan mediado recursos judiciales por parte de los condenados”, y señaló que el acto es “totalmente contradictorio con la supuesta prioridad que le quiere dar el Gobierno a la protección de la infancia”.
Mientras tanto, el parlamentario Carlos Cuadrado matizó al señalar que “creo que el Gobierno ha sido claro en establecer que están obedeciendo una orden judicial. Sin embargo, la parte positiva es que se modificó la ley que permitía este tipo de rebajas y, a partir de febrero pasado, nunca más gente como la que hoy día va a tener beneficios va a poder optar por esto”, y añadió que “es importante que el Gobierno, el Ministerio de Justicia, aclare cuál es su posición al respecto. Ellos pueden decir que están cumpliendo un mandato judicial, pero lo importante es que den una señal política de qué es lo que piensa el Gobierno respecto de esto y cómo va a seguir hacia adelante”.
A la arista fiscalizadora se sumó la bancada del Partido Comunista, que anunció la preparación de una interpelación parlamentaria en contra del titular de Justicia. El diputado Marcos Barraza calificó la situación como de “la máxima gravedad” y confirmó que la colectividad buscará reunir las firmas de la oposición, argumentando que “en consecuencia, estamos estudiando una interpelación al ministro Rabat, al ministro de Justicia, que es la cartera responsable de estas rebajas de pena, indultos que son muy dañinos”. El legislador cuestionó la justificación técnica de la cartera y agregó que “ellos podrían objetar una decisión tan dañina para las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país”, concluyendo que la acción buscará fijar responsabilidades políticas para frenar la aplicación de este tipo de medidas.
Con Información de desenfoque.cl
