Viernes, 20 de Noviembre de 2026
Nacional

La razón por la que debemos resistir

Javier Albornoz Rebolledo, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, planteó en un texto fechado el 19/11/2026 que el ajuste fiscal comienza a sentirse en distintos ámbitos de la vida nacional. A las dificultades que enfrentan las familias por la cesantía, los salarios que no alcanzan, el endeudamiento y el costo de la vivienda se suman los recortes presupuestarios y la perspectiva de menores ingresos fiscales por las rebajas tributarias impulsadas por el gobierno. Sus consecuencias serán especialmente sensibles en las comunas donde la salud pública, los programas sociales y la inversión del Estado son fundamentales para la vida de sus habitantes.

El acuerdo con los camioneros volvió a poner sobre la mesa las prioridades del gasto público. Su costo fiscal fue calculado en 820 millones de dólares, mientras para 2027 se contemplan 25 mil subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, lejos de los más de 47 mil considerados inicialmente para 2026. Aunque se trata de partidas distintas, el contraste es evidente: el gobierno encontró recursos para responder a una presión gremial, mientras miles de familias siguen esperando una vivienda. La negociación atendió principalmente intereses sectoriales y corporativos, sin resolver de fondo el encarecimiento del transporte.

Para el autor, los costos del ajuste no se distribuyen de manera equivalente y tampoco todas las demandas reciben la misma respuesta. Esta desigualdad se expresa en las condiciones de vida de millones de personas, especialmente de quienes dependen de su trabajo y de los servicios públicos.

En estas circunstancias cobra especial importancia, según el texto, la resistencia estratégica frente a los retrocesos que amenazan los derechos y las conquistas sociales. Su expresión va más allá de la lucha que se desarrolla en el Congreso: también está presente en las comunas, en las organizaciones sociales y en las numerosas experiencias de participación que forman parte de la historia del país.

Las recientes movilizaciones del Frente Común, que reúne a la CUT, organizaciones estudiantiles y al movimiento de pobladoras y pobladores, expresaron preocupaciones compartidas frente a los recortes presupuestarios. La jornada nacional del 18 de noviembre reunió a trabajadores, estudiantes y pobladores en defensa de los recursos destinados a educación, empleo y servicios públicos. Son demandas que afectan directamente la vida de las familias y que, de acuerdo con el texto, merecen ser escuchadas por el gobierno.

Chile tiene una larga tradición de luchas poblacionales, sindicales y sociales. Muchas de las conquistas que hoy forman parte de la vida cotidiana fueron posibles gracias al esfuerzo de generaciones de dirigentes y comunidades que se organizaron por la vivienda, la salud, la educación y mejores condiciones laborales. Esa experiencia sigue viva en miles de organizaciones que trabajan con enormes dificultades y recursos limitados.

En las comunas existen numerosos espacios donde participar: juntas de vecinos, uniones comunales, comités de adelanto, agrupaciones de allegados y arrendatarios, comités de seguridad, organizaciones medioambientales, clubes de personas mayores y consejos de usuarios de salud, entre otros. Allí se enfrentan problemas concretos y se defienden intereses que muchas veces no encuentran suficiente atención en las instituciones.

También están las iglesias y comunidades religiosas, los clubes deportivos, las agrupaciones culturales y juveniles, los colectivos muralistas, las organizaciones de ciclistas, las bibliotecas populares y tantas otras expresiones que mantienen la vida de los barrios. No todas nacen de un conflicto; muchas reúnen a las personas alrededor del deporte, la cultura, la solidaridad o el cuidado del entorno. Participar, colaborar y aportar en ellas fortalece la convivencia y los vínculos entre vecinos.

El movimiento de pobladoras y pobladores tiene una importancia particular. El déficit habitacional, los altos arriendos, el endeudamiento y las dificultades para acceder al suelo urbano afectan a cientos de miles de familias. Se necesitan políticas sostenidas, financiamiento suficiente y una participación efectiva de las organizaciones sociales. La coordinación de sus distintas expresiones puede dar mayor fuerza a demandas que llevan años esperando soluciones.

En este contexto adquiere relevancia la convocatoria del Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores para el 27 de noviembre frente al Ministerio de Vivienda. La movilización recoge el descontento de quienes enfrentan dificultades para acceder a una vivienda y cuestionan las orientaciones presupuestarias del sector. La vivienda sigue siendo una deuda social que no admite nuevas postergaciones.

El mundo del trabajo y la realidad poblacional están estrechamente relacionados. La pérdida de un empleo afecta al hogar, al comercio local y a la vida del barrio. La precariedad laboral, las deudas y las dificultades habitacionales forman parte de problemas que se agravan mutuamente. De ahí la importancia de la relación entre organizaciones sindicales y territoriales.

La defensa de los presupuestos municipales y regionales merece especial atención. Menos recursos pueden traducirse en obras postergadas, servicios sobrecargados y menores oportunidades laborales. Lo mismo ocurre con la atención primaria de salud, cuyos equipos enfrentan demandas crecientes. La discusión presupuestaria no puede quedar reducida al cumplimiento de metas fiscales, dejando de lado sus consecuencias para la población.

La seguridad es otra preocupación que no admite indiferencia. El narcotráfico, la delincuencia y la violencia afectan la convivencia y restringen el uso de los espacios públicos. Se requiere una acción eficaz del Estado, persecución del delito y prevención, junto con políticas que permitan recuperar los barrios y ofrecer oportunidades a las juventudes.

A estas dificultades se agregan los conflictos ambientales, la escasez de agua y las demandas de los pueblos originarios. En distintas regiones, las comunidades enfrentan problemas relacionados con la contaminación, las actividades productivas y el acceso a recursos fundamentales. Son asuntos que forman parte de la discusión sobre el desarrollo del país y sobre quiénes reciben sus beneficios y soportan sus costos.

La lucha institucional tiene una responsabilidad importante. El trabajo parlamentario, municipal y regional permite defender derechos, fiscalizar decisiones y promover soluciones. Su relación con las organizaciones sociales amplía las posibilidades de participación y fortalece el carácter democrático de la acción pública.

Chile necesita empleo, mejores ingresos, inversión pública, vivienda y servicios capaces de responder a las necesidades de su población. El crecimiento económico no puede descansar sobre el debilitamiento de los derechos sociales ni sobre nuevas cargas para las familias trabajadoras.

El país ha enfrentado períodos difíciles y la organización social ha sido una herramienta fundamental para defender derechos y conquistar mejores condiciones de vida. Esa experiencia sigue presente en las poblaciones, los sindicatos y las comunidades que se reúnen para resolver sus problemas.

Según el autor, “Resistir es defender lo conquistado, oponerse a los retrocesos y cuidar los espacios donde las personas se encuentran, participan y trabajan por sus comunidades”. La democracia también vive en esas organizaciones, en sus dirigentes y en quienes dedican parte de su tiempo a mejorar la vida de los demás.

En tiempos como estos, concluye, defender esa vida colectiva, sus derechos y sus conquistas es también defender a Chile.

Con Información de elsiglo.cl

gerente

Redacción.

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