El analista, periodista e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, analizó la contingencia política y social en declaraciones difundidas por Radio Nuevo Mundo el 14/11/2026. Abordó las movilizaciones sociales que enfrenta el gobierno de ultraderecha, los cuestionamientos al jefe de asesores del Segundo Piso por el no pago de derechos de aguas, las rebajas de condenas a violadores de derechos humanos y el escenario económico del país. Puso énfasis en el carácter ciudadano y popular de las protestas y en la necesidad de fortalecer la organización social frente a las políticas gubernamentales.
Lagos sostuvo que las actuales protestas responden a un malestar social acumulado y forman parte de una larga trayectoria de movilizaciones populares. Mencionó el estallido social, las movilizaciones estudiantiles de 2011, la Revolución Pingüina y las luchas de trabajadores, comunidades mapuches, jóvenes y organizaciones feministas. A su juicio, el modelo económico heredado de la dictadura y profundizado en las décadas posteriores mantiene sus características esenciales, por lo que la movilización social sigue siendo una herramienta fundamental para enfrentar las políticas del Gobierno.
“La única forma de enfrentarlo es como se está haciendo en estos días”, afirmó Lagos, quien además cuestionó el carácter autoritario del Ejecutivo y su subordinación, según señaló, a los intereses de corporaciones internacionales.
Respecto de la movilización de transportistas y del movimiento No + TAG, Lagos planteó la importancia de distinguir las demandas de los pequeños transportistas de los intereses de los grandes empresarios del rubro. Recordó que algunos dirigentes han marcado distancia de los propietarios de grandes flotas de camiones y han cuestionado su papel histórico durante el golpe de Estado. También apuntó al sistema de concesiones de autopistas, señalando que estas fueron establecidas principalmente desde 1990 y que, desde la perspectiva del interés público, se encuentran ampliamente pagadas. “Ahí hay un negocio de una magnitud increíble, estratosférica, que tienen corporaciones transnacionales y no van a soltar tan fácil”, sostuvo.
Asimismo, defendió el alcance ciudadano de las demandas del movimiento No + TAG, argumentando que sus reivindicaciones no benefician exclusivamente a quienes participan en las movilizaciones, sino que pueden representar mejoras para el conjunto de la población. Destacó expresiones territoriales de descontento, como caceroleos, concentraciones en plazas y distintas manifestaciones comunales, y advirtió que no se trata de acciones aisladas, sino de la expresión de un malestar social y económico que se viene acumulando desde hace tiempo.
Sobre la controversia en torno al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Cristián Irarrázaval, y las explicaciones del Ejecutivo acerca de su vinculación con una sociedad que mantiene deudas, Lagos cuestionó la respuesta del subsecretario, quien habría señalado que Presidencia informó que Irarrázaval se había retirado de dicha sociedad en marzo. Para el analista, ese antecedente no resuelve los cuestionamientos sobre las responsabilidades asociadas. “¿Acaso alguna hipotecaria, algún banco le perdona a uno la vida porque se retiró de algo meses antes? ¿Le perdona las deudas? Nada, nada”, planteó. En ese contexto, acusó un intento de blanqueamiento de la situación y cuestionó los estándares del Gobierno en materia de probidad y combate a la corrupción. “Los estándares básicos, reales, concretos de lucha contra la corrupción, este gobierno ya los tiene bien en el suelo”, afirmó.
Lagos también se refirió a las rebajas de condenas otorgadas a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y vinculó esta política con los cuestionamientos que enfrenta el Ministerio de Justicia y la acusación constitucional impulsada contra su titular. Sostuvo que el debate parlamentario pondrá a prueba el compromiso de las distintas fuerzas políticas con los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. A su juicio, el argumento central de la acusación apunta a la existencia de un plan sistemático del Gobierno para favorecer la impunidad de violadores de derechos humanos.
El analista estableció además una relación entre la gravedad de los crímenes cometidos durante la dictadura, particularmente aquellos que involucraron torturas y violencia sexual contra mujeres, niñas y niños, y la preocupación que generan las actuales rebajas de condenas a personas responsables de delitos de esa naturaleza. En esa línea, advirtió sobre lo que considera un proceso de relativización de la gravedad de estos crímenes y señaló que las decisiones del Ejecutivo no pueden analizarse como hechos aislados, sino en el contexto de una orientación política que, según sostuvo, busca abrir paso a mayores niveles de impunidad.
En materia económica, Juan Andrés Lagos abordó el reconocimiento del escenario de recesión técnica por parte del Gobierno y del ministro de Hacienda, y señaló que se trata de una situación que ya había sido advertida desde distintos espacios de análisis. Destacó que la situación económica del país y sus causas fueron parte de los debates de la Conferencia Nacional del Partido Comunista, tanto en el informe presentado por su presidente, Lautaro Carmona, como en las resoluciones políticas de dicha instancia.
Finalmente, el analista abordó las discusiones en torno a Codelco y las iniciativas que, a su juicio, podrían favorecer los intereses de grandes corporaciones internacionales. Lagos sostuvo que los intentos de avanzar sobre la principal empresa estatal del cobre responden a una aspiración histórica presente durante la dictadura y en los años noventa, pero que actualmente tendría un componente adicional: favorecer a corporaciones transnacionales estadounidenses. “Esto de tratar de agarrar Codelco es el viejo deseo que se tuvo bajo dictadura, que se tuvo en los noventa, pero que hoy día tiene un claro sello y es favorecer a algunas de las corporaciones transnacionales norteamericanas”, concluyó.
Con Información de elsiglo.cl
