Por Lucas Leite
Chile está mostrando a América Latina, en tiempo real, qué ocurre cuando la promesa de recortar todo deja el discurso y se convierte en presupuesto. José Antonio Kast asumió el cargo en marzo con un mensaje claro: reducir el Estado, bajar el déficit y permitir que el mercado, aliviado, vuelva a invertir y contratar. Siete meses después, el país registra un desempleo del 9,6%, el más alto en más de cinco años, y un gobierno con más del 60% de desaprobación.
El panorama económico descrito por BBC Mundo es severo. El Producto Interno Bruto cayó 0,5% en el primer trimestre y 0,2% en el segundo, frente al año anterior, la peor contracción desde la pandemia. La inversión productiva, pública y privada, se estancó en el segundo trimestre, la demanda interna casi no creció y el Fondo Monetario Internacional rebajó su proyección para 2026 a 0,6%, lo que deja a Chile con la peor perspectiva de la región después de Bolivia.
El episodio que mejor resume la lógica del gobierno se conoció como “bencinazo”. Cuando la guerra contra Irán disparó el precio del petróleo, la mayoría de los países buscó formas de amortiguar el impacto, mientras Santiago decidió dejar que el mercado actuara por sí solo, porque compensar la subida costaría demasiado al ajuste fiscal. En un país que importa casi todo el petróleo que consume, la gasolina se encareció alrededor de 30% y el diésel subió más de 40%; el aumento se trasladó al flete y a los alimentos, la inflación alcanzó 4,1% en julio y las ventas de los supermercados cayeron 1,2% en agosto.
El recorte siguió adelante con una reducción del 3% en el presupuesto de todos los ministerios, la disminución y el cierre de programas sociales calificados como ineficientes y una caída de la inversión pública. El detalle revelador está en el otro lado de la balanza: en octubre, el presidente sancionó una reforma que reduce gradualmente el impuesto a las empresas de 27% a 23% y garantiza a los grandes inversores reglas tributarias congeladas a largo plazo. El sacrificio se distribuyó de abajo hacia arriba, y el alivio, de arriba hacia abajo.
Es justo señalar que la economía chilena también sufrió shocks ajenos al gobierno, como la caída de 17,4% en la minería en agosto por problemas operativos y clima adverso. Aun así, la política fiscal está frenando el crecimiento, porque menos gasto público significa menos demanda en una economía que ya se desaceleraba. Y el propio gobierno parece haberlo percibido: anunció un plan de 1.300 millones de dólares en obras y subsidios para crear 100 mil empleos hasta 2027, una medida que no figuraba en la receta de marzo y que reconoce, en la práctica, el papel del Estado cuando el mercado deja de contratar.
Para Brasil, que va a las urnas el domingo, la comparación es inevitable. Aquí el desempleo se situó en 5,3% en el trimestre cerrado en agosto, el menor para el período desde 2012, con un récord de 103,5 millones de personas ocupadas, según el IBGE. El vecino muestra con números el costo de cambiar política económica por eslogan, y quien paga ese costo primero es siempre el trabajador que pierde el empleo y la familia que ve el precio del combustible llegar a la mesa.
Lucas Leite es profesor de Relaciones Internacionales, PhD en Política Internacional. Sao Paulo.
@lucasableite
Con Información de desenfoque.cl
