Existen frases que, aunque no se sepa con certeza quién las pronunció, describen con precisión algunas formas de ejercer el poder. «Mantén al pueblo pobre y ocupado» es una de ellas, atribuida habitualmente a Nicolás Maquiavelo. La idea conserva una inquietante actualidad: un pueblo preocupado por llegar a fin de mes tiene menos tiempo para preguntarse por qué las cosas son como son. Y si además se le cierran las puertas de la educación, sus posibilidades de cambiar su propia historia se reducen de manera considerable.
No es necesario imaginar una conspiración de las élites para entenderlo. Basta observar cómo se distribuyen las oportunidades, quiénes acceden a ellas y quiénes deben conformarse con lo que hay. La desigualdad no consiste solamente en que unos tengan más dinero que otros. También implica que algunos puedan elegir su futuro, mientras otros deben aceptar lo que la necesidad les impone.
En Chile, durante demasiado tiempo, entrar a la universidad fue un privilegio condicionado por el bolsillo de los padres. Había jóvenes con talento y ganas de aprender, pero cuyas familias sencillamente no podían pagarles una carrera. Para muchos, la alternativa era endeudarse durante años o renunciar. Así de simple. Así de injusto.
Por eso la gratuidad universitaria, impulsada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet e implementada a partir de 2016, significó mucho más que una política de financiamiento. Buscaba que el origen social no determinara hasta dónde podía llegar un joven. No resolvió todos los problemas de la educación superior, pero abrió una puerta que durante décadas estuvo prácticamente cerrada para miles de familias.
Y ahora surge la pregunta de si vale la pena financiar la educación porque hay profesionales que no encuentran trabajo.
El senador Javier Macaya lo planteó de esta manera: «¿Qué sentido tiene ponerle plata a la gratuidad universitaria o seguir financiando la educación superior si finalmente los chicos que están saliendo tampoco están teniendo las posibilidades de encontrar trabajo?».
La pregunta parece razonable a primera vista. Nadie quiere que un joven pase años estudiando para terminar desempleado. Es legítimo exigir que el Estado utilice bien los recursos públicos. Pero hay algo que no cuadra en el razonamiento: ¿desde cuándo la falta de oportunidades laborales se resuelve restringiendo las oportunidades de educación?
Si hay profesionales que no encuentran empleo, revisemos qué pasa con el mercado laboral, la planificación de las carreras, el desarrollo productivo y la capacidad del país para aprovechar el conocimiento de sus jóvenes. ¿Por qué la primera sospecha debe recaer sobre el derecho a estudiar y no sobre una economía que no logra ofrecer suficientes oportunidades?
Una universidad no es una fábrica de trabajadores. Allí se aprende una profesión, por supuesto, pero también a pensar, discutir, cuestionar y comprender la sociedad. Se forman médicos, profesores, ingenieros, periodistas y científicos; también personas con mayores herramientas para desenvolverse en el mundo. Un título no garantiza un empleo, pero eso no significa que estudiar sea inútil cuando el mercado laboral no responde como debería. Significa que el país tiene una tarea pendiente.
La educación también cambia las relaciones de poder. Un joven que puede estudiar ya no depende exclusivamente de los contactos de su familia ni de las oportunidades que otros estén dispuestos a concederle. Puede aspirar a algo distinto, cuestionar lo que antes parecía inevitable y llegar a espacios que durante generaciones estuvieron reservados para otros.
Las élites no necesitan reunirse en una habitación para ponerse de acuerdo en cómo conservar sus privilegios. Basta con que las decisiones políticas terminen favoreciendo, una y otra vez, a quienes ya tienen ventajas, mientras se presenta como un exceso cualquier intento de ampliar las oportunidades de los demás.
A esa discusión se suma Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, quien hace un tiempo vinculó la disminución de postulantes al Servicio Militar con las políticas de gratuidad universitaria. Si los jóvenes tienen más posibilidades de estudiar, parece sugerir el argumento, el reclutamiento militar se resiente.
Detengámonos un momento. Si un muchacho de una familia modesta puede ingresar a la universidad sin que sus padres deban endeudarse durante años, quizás prefiera ese camino antes que buscar en el uniforme una oportunidad de formación, estabilidad o sustento económico. ¿Y cuál sería el problema? ¿Que los jóvenes puedan elegir? ¿Que la pobreza deje de ser una razón para tomar decisiones que, en otras circunstancias, podrían haber sido distintas?
Si la gratuidad universitaria hace que algunos jóvenes ya no necesiten ingresar al Servicio Militar para buscar un futuro, el problema no es que la educación les haya quitado postulantes a las Fuerzas Armadas. El problema sería que la pobreza hubiese sido, durante demasiado tiempo, una forma de reclutamiento.
Una sociedad verdaderamente libre debería celebrar que un joven pueda elegir su futuro sin que la necesidad económica decida por él. No se trata de descalificar el Servicio Militar ni de negar la importancia de contar con Fuerzas Armadas preparadas. Se trata de algo más sencillo: que la vocación y la decisión personal pesen más que la falta de alternativas.
Estas declaraciones tampoco ocurren en el vacío. Se producen bajo el gobierno de José Antonio Kast, que ha puesto sobre la mesa restricciones al gasto y cambios en las prioridades presupuestarias. Cuando se cuestionan las oportunidades de los sectores populares y se les pide aceptar los sacrificios como si fueran inevitables, corresponde mirar más allá de los números. Una cosa es administrar responsablemente los recursos públicos y otra muy distinta es convertir la estrechez económica de las familias en una razón para reducir sus expectativas.
A estas alturas aparece una palabra incómoda: kakistocracia. El término proviene del griego y se utiliza para describir “el gobierno de los peores”. No basta con que un gobernante piense distinto de nosotros para merecer esa calificación. Tiene que ver con la incompetencia, la mediocridad en el ejercicio del poder y la incapacidad de comprender las consecuencias de las propias decisiones.
Y aquí va una pequeña licencia, porque la política también tiene sus ironías: kakistocracia, Kast. Basta pronunciar las dos palabras para advertir un parecido fonético que parece una broma del idioma. Por supuesto, el apellido del presidente no demuestra nada. Para eso están los hechos, las decisiones y sus resultados. Pero el juego de palabras tiene su gracia cuando un gobierno que prometió eficiencia, orden y capacidad debe responder por las consecuencias de sus propias políticas. La ironía está servida; la evaluación, como corresponde, debe hacerla la ciudadanía.
La kakistocracia no se demuestra por un apellido, sino por la calidad de un gobierno. Y un gobierno empieza a mostrar sus debilidades cuando confunde autoridad con capacidad, ahorro con eficiencia y discursos grandilocuentes con resultados concretos.
Volvamos a la frase atribuida a Maquiavelo. Mantener al pueblo pobre y ocupado puede ser una manera eficaz de apartarlo de las preguntas importantes. Si alguien pasa el día buscando cómo pagar el arriendo, alimentar a sus hijos o llegar a fin de mes, difícilmente tendrá tiempo y energía para discutir las decisiones de quienes gobiernan. Y si, además, se le hace creer que estudiar no sirve porque no garantiza un empleo, el círculo parece cerrarse.
No hace falta prohibir los libros. Basta con convencer a la gente de que no vale la pena abrirlos.
Lo preocupante de las declaraciones de Macaya y Ramírez no es que planteen preguntas sobre el gasto público. Esas preguntas son legítimas. Lo preocupante es que, en ambos casos, la ampliación de las oportunidades educativas aparece vinculada a un problema: los titulados que no encuentran trabajo o los jóvenes que dejan de postular al Servicio Militar.
¿Y si cambiamos la pregunta? ¿Y si, en vez de preguntarnos cuánto cuesta que los jóvenes estudien, nos preguntamos cuánto pierde Chile cuando una persona capaz no puede desarrollar su potencial? ¿Cuánto pierde el país cuando una familia debe renunciar a la universidad porque no tiene dinero? ¿Cuánto pierde una democracia cuando sus ciudadanos tienen menos herramientas para comprender y cuestionar las decisiones del poder?
La educación no es una garantía de éxito. Es una posibilidad. Y para miles de familias chilenas, la gratuidad ha significado precisamente eso: la posibilidad de que sus hijos lleguen más lejos de lo que ellas pudieron llegar.
La discusión no es solamente sobre la gratuidad universitaria, el Servicio Militar o las cuentas fiscales. Es sobre el país que queremos construir: uno donde el origen familiar determine el futuro, o uno donde los jóvenes tengan la posibilidad de elegirlo.
La educación puede incomodar al poder porque enseña a cuestionarlo. Y tal vez esa sea una de sus virtudes más importantes.
En cuanto a la kakistocracia, dejemos que hablen los hechos. El parecido con Kast es apenas una ironía fonética. Lo verdaderamente importante es que el gobierno no termine demostrando, con sus propias decisiones, que el chiste era bastante más serio de lo que parecía.
Con Información de desenfoque.cl
