Miércoles, 18 de Noviembre de 2026
Nacional

Guía de intervención comunitaria propone construir democracia desde el territorio en las comunas de Chile

Según Sergio Aliaga Matus, Dr. en Filosofía Política de la Fundación Pensamiento & Reflexiones Humanistas, en un texto fechado el 18/11/2026, “El fortalecimiento de las comunidades territoriales por medio de resolver sus necesidades colectivas es un primer paso, entre varios, para fortalecer los espacios sociales, deportivos, culturales; el logro de articulaciones democráticas de quienes habitamos el país asegura una convivencia sin exclusiones, diversa y con perspectiva de país para todas y todos”.

Aliaga sostiene que el trabajo territorial ha cobrado una renovada importancia ante el paro de transportistas y las demandas sectoriales, que evidenciaron de inmediato la vulnerabilidad de la vida cotidiana en las comunas. Frente a esas demandas, la organización territorial permite detectar falencias y carencias de alimentos en ferias libres, la interrupción de insumos en los Centros de Salud Familiar (CESFAM) o el impacto del alza en el costo de la vida familiar.

Cuando existe una organización comunitaria sólida, la respuesta no se traduce en pánico, sino que reactiva redes preexistentes —como compras colectivas, abastecimiento coordinado con pequeños comerciantes y comedores solidarios—, lo que revela una clara relación, y a la vez tensión, entre las demandas gremiales y las reivindicaciones sociales de base.

La última movilización del transporte demostró dos cuestiones fundamentales. Primero, que mientras el gremio enfoca sus peticiones en aspectos normativos o de costos específicos (como la estabilización de combustibles, tarifas de peajes o seguridad en carreteras), el trabajo territorial conecta esos problemas con demandas estructurales más amplias: el costo de la vida y el acceso a servicios básicos. Segundo, que una unidad amplia y férrea es indispensable para alcanzar las demandas planteadas. En este escenario, la planificación territorial aporta la capacidad de analizar críticamente si una movilización de gran escala responde a intereses corporativos o si efectivamente recoge las urgencias de sectores populares.

De este modo, la planificación participativa y la organización de base funcionan como el motor que traduce las grandes crisis nacionales en agendas de acción local. Las tensiones provocadas por las movilizaciones no son eventos ajenos, sino una señal de alerta temprana —un “téngase presente”— que permite identificar las zonas más expuestas a la especulación de precios, los pasajes con mayor aislamiento y los grupos prioritarios —como personas mayores y personas cuidadoras— que requieren asistencia inmediata.

En definitiva, un trabajo territorial riguroso constituye la infraestructura social que transforma las coyunturas de conflicto nacional en oportunidades para profundizar la autogestión, la solidaridad colectiva y la capacidad de negociación de las comunas ante el Estado y los mercados.

No obstante, esta labor exige articular una planificación rigurosa que trascienda la mera presencia física o el asistencialismo puntual, estructurando una intervención capaz de construir un tejido social autónomo y sostenible. El punto de partida es un diagnóstico colectivo, horizontal y participativo en el que la comunidad diseña su territorio para interpretarlo, reflexionar sobre él y transformarlo. Este proceso metodológico demuestra que los vecinos son agentes activos en la identificación de sus propias necesidades, tensiones y recursos.

En esa fase inicial se deben identificar los actores clave —juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, organizaciones juveniles, colectivos ambientales y feriantes—, comprendiendo las dinámicas internas de poder, la historia de las luchas locales y la memoria comunitaria de cada barrio o villa. Este conocimiento profundo evita la imposición de recetas externas y permite ajustar las acciones a la heterogeneidad sociocultural y socioeconómica de cada sector.

Para consolidar la confianza comunitaria, es fundamental mantener una comunicación transparente y constante, estableciendo compromisos acotados y realizables que demuestren efectividad desde las primeras fases. La tarea de despliegue y relación directa se centra en la constitución de espacios permanentes de deliberación, tales como asambleas comunales o mesas de trabajo temáticas.

En este engranaje, el rol del activador territorial debe ser el de un facilitador y articulador que impulse la formación técnica y política de los líderes locales, fortaleciendo sus capacidades de gestión frente a los municipios, los CESFAM y otros organismos estatales, y evitando la dependencia de agentes privados.

Asimismo, la sostenibilidad de este trabajo se sustenta en la creación de proyectos autogestionados y en el acceso estratégico a la oferta pública. Esto implica asesorar a las organizaciones comunales en el diseño y postulación a fondos concursables (como el FONDEVE, fondos del Gobierno Regional o el FNDR), al tiempo que se potencian iniciativas autónomas como redes de cuidados compartidos, bibliotecas populares y comités de seguridad. Una evaluación posterior, mediante jornadas de reflexión, asegura la rectificación oportuna de las metodologías y fortalece la cohesión social frente a los constantes desafíos del entorno local.

Todo este enfoque surge como respuesta a la desigualdad estructural histórica presente en la planificación y las políticas en las comunas chilenas, caracterizadas por una toma de decisiones basada en diagnósticos externos donde el habitante es reducido a un mero receptor pasivo. Fichas de caracterización social, encuestas estandarizadas y proyectos diseñados en oficinas centrales han demostrado, una y otra vez, su incapacidad para resolver las tensiones profundas que atraviesan a las comunas del país.

Frente a este modelo agotado, la planificación participativa social se consolida como un paradigma alternativo indispensable: no se trata simplemente de recopilar opiniones, sino de desplegar una metodología de construcción de conocimientos y experiencias donde la comunidad organizada asume el rol fundamental de diagnosticar, priorizar y proyectar su propio entorno vital.

En una guía práctica para la organización comunitaria y laboral, se detalla cómo constituir juntas de vecinos, comités y sindicatos. Las Juntas de Vecinos (JJVV) constituyen la unidad básica de representación territorial. La ley exige residir en la unidad territorial correspondiente e ir a la sede con el RUN y comprobante de domicilio —boleta de servicios, certificado de residencia o contrato de arriendo— para quedar inscrito en el Libro de Registro de Socios.

La normativa de la Ley N° 19.418 para las JJVV establece cuatro pasos. Primero, reunir el quórum etario: se convoca a vecinos mayores de 15 años en una proporción directa al tamaño de la comuna, con 50 personas en comunas de hasta 10.000 habitantes; 100 en aquellas de entre 10.001 y 30.000; 150 si tienen entre 30.001 y 100.000 habitantes; y 200 vecinos en comunas que superen los 100.000 habitantes.

Segundo, contar con la presencia de un Ministro de Fe: con al menos 8 días hábiles de anticipación se debe solicitar la asistencia del Secretario Municipal, un Notario o un funcionario municipal designado para validar el acto.

Tercero, celebrar la asamblea constitutiva: durante la sesión se aprueban los estatutos corporativos y se eligen tanto un Directorio Provisorio como una Comisión Electoral Provisoria, dejando todo consignado en el acta que levanta el Ministro de Fe.

Cuarto, inscribir la entidad: los organizadores tienen un plazo máximo de 30 días posteriores a la asamblea para presentar copia del acta y los estatutos en la Secretaría Municipal, trámite con el cual nace formalmente su personalidad jurídica.

Los Comités de Adelanto son respuestas rápidas para urgencias concretas. No siempre es necesario abarcar toda una unidad vecinal para resolver una urgencia específica. Bajo el alero de la Ley N° 19.418 existen las Organizaciones Comunitarias Funcionales —como clubes deportivos, centros culturales y los populares Comités de Adelanto—, diseñadas para abordar problemáticas específicas de una calle, un pasaje o una villa.

Se constituyen con un quórum mínimo de apenas 15 personas mayores de 15 años, sin importar el tamaño de la comuna. El procedimiento es idéntico al de una Junta de Vecinos —asamblea con Ministro de Fe, aprobación de estatutos y depósito en la Secretaría Municipal—, lo que permite obtener personalidad jurídica y tramitar el RUT ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

El ciclo orgánico de cuatro fases contempla, primero, un diagnóstico participativo mediante puerta a puerta o encuestas para jerarquizar urgencias (seguridad, retiro de basura, áreas verdes, conectividad o salud).

Segundo, una convocatoria abierta a acontecimientos comunitarios informales que generan confianza antes de la formalización, como talleres técnicos o jornadas de limpieza.

Tercero, una estructuración formal: el salto desde la agrupación de hecho hacia un Comité de Adelanto autónomo o una comisión de trabajo dependiente de la JJVV.

Cuarto, un seguimiento institucional: la formulación y postulación de proyectos a fondos concursables estatales y municipales, tales como el FONDEVE, el FNDR o los Presupuestos Participativos.

Del territorio hacia el sindicato: cuando la articulación se traslada al ámbito laboral, entra en vigor el Libro III del Código del Trabajo (artículos 212 y siguientes), que regula la constitución de sindicatos bajo reglas específicas.

Sobre el quórum según tamaño de empresa (Art. 227), en organizaciones con más de 50 trabajadores se exige un mínimo de 25 socios que representen al menos el 10% de la dotación total. No obstante, si en la empresa no existe un sindicato vigente, la ley permite constituirlo con solo 8 trabajadores, otorgando el plazo de un año para completar el quórum legal. En empresas de 50 o menos trabajadores también bastan 8 socios, mientras que los sindicatos interempresa o de trabajadores independientes requieren al menos 25 integrantes.

En cuanto a la asamblea y el voto secreto, la constitución debe celebrarse ante Ministro de Fe (de la Dirección del Trabajo, Notario Público u Oficial del Registro Civil), instancia en la que se aprueban los estatutos y se elige al directorio mediante votación secreta.

Respecto de la protección laboral, para evitar represalias durante el proceso, los trabajadores que concurren a la constitución gozan de fuero laboral desde los 10 días anteriores a la asamblea y hasta 30 días después de realizada, con un tope máximo de 40 días.

Finalmente, el directorio dispone de 15 días corridos desde la asamblea para depositar el acta original de constitución y dos copias de los estatutos en la Inspección del Trabajo correspondiente, momento en que el sindicato adquiere plena personalidad jurídica.

“El fortalecimiento de las comunidades territoriales por medio de resolver sus necesidades colectivas es un primer paso, entre varios, para fortalecer los espacios sociales, deportivos, culturales; el logro de articulaciones democráticas de quienes habitamos el país asegura una convivencia sin exclusiones, diversa y con perspectiva de país para todas y todos”.

Con Información de elsiglo.cl

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Redacción.

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