El Ejecutivo ha iniciado diálogos con parlamentarios para evaluar la posibilidad de presentar un proyecto de ley que postergue en un año la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, normativa aprobada por el Congreso en agosto de 2024. Esta ley, que debe comenzar a regir el próximo 1 de diciembre, establece obligaciones para servicios públicos y empresas privadas respecto al tratamiento de información privada y reconoce formalmente los derechos de los titulares de dichos datos.
La propuesta de aplazamiento surge tras los argumentos de diversos gremios empresariales que señalan una falta de certeza jurídica, ya que la agencia estatal encargada de supervisar la materia aún no ha sido implementada, pese a que debió estar operativa a más tardar el 1 de junio de 2026. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, indicó que se busca que la implementación de esta ley sea óptima, confirmando que están en diálogos con legisladores para determinar si se requiere más tiempo.
El diseño preliminar que maneja el Gobierno indica que la Agencia de Protección de Datos Personales comenzaría a operar el 1 de diciembre de 2026, pero la vigencia general de la ley se desplazaría al 1 de diciembre de 2027, sin descartar un plazo de postergación menor si no se obtiene el respaldo necesario en el Congreso.
La necesidad de implementar adecuadamente este marco regulatorio responde al nuevo régimen de infracciones que contempla la ley, el cual establece sanciones que van desde los 358 millones de pesos hasta los 1.400 millones de pesos. Estas multas podrían incluso triplicarse o alcanzar el 4% de los ingresos anuales por ventas en casos de reincidencia o agravantes detectados por la agencia.
Sin embargo, la puesta en marcha de este organismo fiscalizador se encuentra paralizada tras el rechazo del Senado en mayo pasado a la terna de consejeros propuesta por el Ejecutivo, debido a que los candidatos no representaban las distintas sensibilidades del mundo político. A esto se suma la dificultad declarada por el Ejecutivo para reclutar profesionales aptos debido a las estrictas normas de incompatibilidad y exclusividad laboral, frente a remuneraciones brutas mensuales estimadas en 6 millones de pesos para consejeros y 7,1 millones para el presidente de la entidad. Estos sueldos están por debajo del promedio de jefaturas de servicios fiscalizadores comparables, que alcanzan montos recomendados de hasta 13,5 millones de pesos según un informe de la comisión asesora de 2025.
Para resolver esta situación, el Gobierno planea ingresar el proyecto de ley la próxima semana, el cual no solo aplazaría la vigencia sino que propondría ajustes para facilitar la instalación de la agencia, entre los que se estudia aumentar el número de consejeros de tres a cinco. Asimismo, se evalúa incrementar el salario de los consejeros mediante una nueva interpretación administrativa de la norma actual para evitar modificaciones legales adicionales.
La alternativa de postergación genera posturas divididas en el Congreso. El senador Matías Walker manifestó su rechazo tajante al proyecto, calificando de inaceptable suspender la aplicación de la ley debido a la incapacidad del poder político para acordar los nombres del consejo. En contraste, Marcelo Drago, presidente de la Asociación Chilena de Profesionales en Protección de Datos Personales, consideró positivas las medidas analizadas tras sostener una reunión de trabajo en La Moneda con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.
El Ejecutivo espera definir los detalles de la iniciativa tras una reunión de coordinación que los ministros García Ruminot y Daniel Mas sostendrán antes de este viernes, con la expectativa de realizar el anuncio oficial durante la próxima semana.
Con Información de desenfoque.cl
