La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el megaproyecto financiero y tributario impulsado por la administración de José Antonio Kast, con el respaldo de la derecha, la extrema derecha y el Partido de la Gente. La oposición expresó su rechazo señalando que la iniciativa perjudicará las políticas de beneficio social y el fortalecimiento del Estado, mientras favorecerá explícitamente al gran empresariado, consorcios financieros y personas de muy altos patrimonios, algunos de los cuales recibirán beneficios cercanos a los 3 mil millones de dólares de acuerdo a legisladores de la coalición progresista.
El proyecto reduce consistentemente varios impuestos de las grandes empresas y súper ricos, establece una invariabilidad tributaria que la oposición considera antidemocrática y autoritaria, respalda a inversionistas extranjeros y locales garantizándoles indemnizaciones, reintegración del sistema tributario, y rebaja transitoria al impuesto a la herencia y repatriación de capitales.
Las fuerzas legislativas del progresismo y la izquierda anunciaron que presentarán requerimientos ante el Tribunal Constitucional, argumentando que el proyecto contiene alteraciones constitucionales y normas contrarias a la Constitución. Expresaron preocupación respecto a la invariabilidad tributaria, los privilegios injustificados para financistas y grandes empresarios, y la vulneración de normas jurídicas. Existe reserva de constitucionalidad respecto de 12 artículos.
La diputada Daniela Serrano, jefa de bancada del Partido Comunista e Independientes, señaló que “Chile, en la emergencia climática que vive hoy, acaba de quedar al descampado” y anunció que irán al tribunal constitucional. Advirtió que “el gobierno que se denominó de la emergencia solamente le urge salvarle el bolsillo a quienes más tienen, y no a las personas que en estos momentos la están pasando mal”.
Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, afirmó que “toda la preocupación que tenía José Antonio Kast respecto a seguridad, empleo, inmigración, era simplemente un Caballo de Troya para hacer avanzar el proyecto que realmente le importa, reducirle los impuestos a los más ricos”.
Ana María Gazmuri, subjefa del Comité PC e Independientes, expresó que “la derecha y el PDG aprobaron gran parte de una megarreforma tributaria que no reconstruye Chile”. Señaló que el proyecto “reduce impuestos a las grandes empresas y a los altos patrimonios, debilita la recaudación fiscal afectando recursos esenciales para salud, educación, vivienda y reconstrucción”. Agregó que la reforma “consagra una inaceptable invariabilidad tributaria por hasta 20 años, amarrando las decisiones de futuros gobiernos y limitando la capacidad democrática del Estado”.
Jaime Araya, legislador del Partido por la Democracia, expresó que “Chile no está en condiciones de hipotecar el futuro de nuestro país” y anunció que irán “directo al Tribunal Constitucional porque se ha aprobado la megarreforma de los súper ricos”.
La diputada Irací Hassler calificó la aprobación como un “gigantesco traspaso de recursos a los más ricos del país” y señaló que será recordada “porque beneficia a los más ricos del país y porque obliga a recortar los recursos que financian los derechos de las grandes mayorías”. Explicó que “cada peso que el Estado deja de recaudar es un peso menos para financiar las políticas públicas”.
Hassler añadió que “las cerca de 1.500 personas más ricas de Chile recibirán en promedio 450 millones de pesos al año directamente gracias a esta reforma”. Citó estudios de académicos y del Consejo Fiscal Autónomo para sostener que “la menor recaudación no se compensa con crecimiento. Lo que sí genera es déficit fiscal y aumenta la desigualdad”.
El diputado Luis Cuello cuestionó las medidas argumentando que “el gobierno aplicó medidas de ahorro fiscal para implementar, de forma anticipada, la reforma tributaria: primero con el benzinazo, luego quitándole presupuesto a los colegios, jardines infantiles y hospitales públicos”. Enfatizó que “esta reforma le mete la mano al bolsillo a los chilenos” y que beneficiará al “dueño del Banco de Chile”, el ministro de Economía y la familia presidencial.
Daniel Manouchehri, diputado del Partido Socialista, advirtió que “se le hace una transferencia de 3.000 millones de dólares a los más ricos” y señaló que el proyecto “va a llevar” al país “a un estancamiento y a un desastre fiscal”, sin generar nuevos empleos.
Con Información de elsiglo.cl
