Mientras la Fiscalía Centro Norte tomó a su cargo la investigación penal derivada de la denuncia de parlamentarios por las apuestas fallidas en instrumentos derivados, en la Cámara de Diputados se completaron las firmas para votar este lunes la creación de una Comisión Especial Investigadora.
La crisis originada por las cuantiosas pérdidas en los fondos de pensiones más conservadores del sistema previsional avanzó al mismo tiempo en el ámbito judicial y en el Congreso Nacional. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia Vásquez, envió formalmente a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte la denuncia de la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri para investigar eventuales delitos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La causa quedó a cargo del fiscal regional Francisco Jacir y busca establecer responsabilidades penales en la administración de los recursos. El Ministerio Público precisó que “Esta remisión constituye una actuación formal del Ministerio Público destinada a dar curso a los antecedentes presentados, conforme a las atribuciones legales de la institución”, y aclaró que esta derivación no implica un pronunciamiento previo sobre la existencia de ilícitos.
El origen de la controversia judicial está en la salida de emergencia que las administradoras debieron ejecutar respecto de contratos derivados financieros, conocidos como swaps, contratados en mercados internacionales. A través de estos instrumentos, las siete AFP del sistema acordaron recibir un rendimiento fijo a cambio de pagar la tasa de interés fijada por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), apostando a una baja en los tipos de interés norteamericanos. No obstante, la Fed elevó los costos de endeudamiento debido a las tensiones globales, lo que provocó una fuerte caída en el valor de los títulos de renta fija. Esto hizo que los contratos perdieran valor de manera acelerada y acumularan un descalabro para el sistema que Bloomberg calculó en US$11 mil millones, además de que el Fondo E registrara un retroceso del 10,4% en su rentabilidad real entre enero y septiembre de este año.
Paralelamente al frente penal, el Poder Legislativo prepara una amplia fiscalización política después de confirmarse la recolección de 62 firmas de los diputados Jaime Araya y Héctor Ulloa para crear una Comisión Especial Investigadora en la Cámara Baja. La instancia parlamentaria busca revisar el desempeño del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia de Pensiones entre 2018 y 2026, y evaluar si hubo omisiones o conductas negligentes al no prever el impacto en el Fondo E, cuyas pérdidas directas asociadas a este ítem superan los US$7.700 millones. La solicitud se votará en el pleno este lunes, ocasión en la que Araya declaró que “Invitamos a todos los parlamentarios y parlamentarias a que ojalá el lunes de manera unánime se apruebe la creación de esta Comisión Especial Investigadora”.
Al fundamentar la acción fiscalizadora, los impulsores de la medida subrayaron la urgencia de crear mecanismos de reparación y eventuales sanciones penales frente a la conducta de las gestoras. El diputado Jaime Araya sostuvo que “Es necesario profundizar en esto, establecer responsabilidades, saber qué es lo que hizo el ente regulador y, lo más importante, saber cuáles son las rectificaciones, modificaciones legales para lograr que de una vez por todas se le devuelva la plata a los trabajadores y estas conductas sean sancionadas penalmente”. A su vez, el diputado Héctor Ulloa advirtió sobre la señal política que dará el hemiciclo al señalar que “Sería una muy mala señal que diputados o diputadas se negaran a investigar una situación que afecta los ahorros de tantos chilenos y chilenas. Esperamos un respaldo unánime, porque la preocupación por las pensiones debe demostrarse con hechos y no quedarse solamente en declaraciones”.
La comisión investigará si las autoridades ejercieron oportunamente sus facultades regulatorias para proteger el patrimonio previsional y si se consideraron medidas de indemnización para los cotizantes afectados, en un momento en que las administradoras siguen cobrando sus comisiones de gestión. Al cerrar su postura sobre la votación que comenzará el lunes, Ulloa enfatizó que “Los afiliados merecen saber qué pasó, quiénes deben asumir responsabilidades y qué medidas se tomarán para reparar el daño”.
Con Información de desenfoque.cl
