Tras la contundente derrota de Estados Unidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde 136 países votaron a favor de debatir el bloqueo estadounidense contra Cuba, apenas 9 en contra y 30 se abstuvieron, el Departamento de Estado norteamericano intensificó su postura. A través de un comunicado oficial, Washington indicó que el gobierno del presidente Donald Trump “seguirá utilizando” todas las herramientas disponibles bajo el argumento de la seguridad nacional.
Posteriormente, realizó una amenaza directa: “Los líderes de Cuba simplemente deben optar por comprometerse con reformas reales, la paz y la prosperidad, antes de que sea demasiado tarde”. Con esta estrategia confrontacional, funcionarios políticos como el secretario de Estado Marco Rubio y el propio Trump desestiman el multilateralismo, minimizan la importancia de la Asamblea General y desatienden el rechazo mayoritario de la comunidad internacional.
Al mantener esta política, la Casa Blanca amplía la extraterritorialidad de sus leyes e implica a terceros países mediante sanciones y acciones contra entidades o personas que incumplan sus medidas unilaterales, incluso más allá de las fronteras estadounidenses. Por esta razón, el canciller cubano Bruno Rodríguez subrayó que no se trata de un conflicto bilateral, sino de una cuestión internacional que vulnera la soberanía de todos los Estados.
Esta nueva escalada convierte el bloqueo en una guerra económica integral. Se trata de un sistema de asfixia deliberadamente diseñado para interrumpir el suministro de combustible y obstaculizar la infraestructura energética, constituyendo un ataque directo a los derechos humanos fundamentales que afecta la salud, la alimentación, la educación y los servicios básicos de la población cubana.
En lugar de aceptar las recomendaciones de la ONU y establecer diálogos mediante canales diplomáticos, Washington reaparece con un discurso característico de la Guerra Fría. Este cambio narrativo arriesgado posiciona nuevamente al “comunismo” como el adversario principal en sus exposiciones, desplazando el argumento del “narcoestado”, lo que genera preocupación internacional ante posibles agresiones o intervenciones en la región.
Bajo esta postura se encuentra la antigua aspiración geopolítica de subordinar el territorio de la mayor isla de las Antillas. El propósito fundamental es ejecutar proyectos expansionistas de turismo inmobiliario, controlar las rutas comerciales del Caribe para empresas estadounidenses y someter, en última instancia, el ideario independentista de un pueblo soberano que ha elegido defender su derecho a la autodeterminación.
Ante esta ofensiva, la comunidad internacional no puede permanecer pasiva frente a tácticas que pretenden reemplazar el derecho internacional por el ejercicio de la fuerza. En la actualidad, respaldar a Cuba implica defender la paz, el principio de no intervención y el derecho fundamental de cada nación a definir su propio camino sin tutelas imperiales.
Con Información de elsiglo.cl
