El acuerdo recientemente suscrito entre el PPD y el Ministro de Hacienda evoca lo ocurrido durante los primeros meses de la primera administración de Piñera. En ese período, la oposición se debatía entre la política de consensos y la intransigencia democrática. El terremoto además limitó su capacidad para ejercer su rol de manera amplia. Los papeles que algunos actores políticos habían asumido se invirtieron, y en un régimen fuertemente presidencialista, era lógico que la derecha llevara la iniciativa sin que ello les pareciera anormal.
Sin embargo, la movilización social estableció límites. Los numerosos llamados del entonces Presidente de la República a acuerdos nacionales y consensos no encontraron eco excepto entre sus aliados. El corazón de la democracia de los acuerdos fue debilitado. Piñera, en el final de su mandato, recibió en La Moneda a dirigentes estudiantiles, sindicales y de padres, aunque sin resultados significativos. Los cambios ocurrían entre los propios partidos de oposición. Las alianzas políticas tradicionales sucumbieron ante movilizaciones de estudiantes, ambientalistas y trabajadores, incluido el primer paro de trabajadores de planta de CODELCO en democracia en 2011 y un paro nacional de la CUT. Surgieron entonces nuevas alianzas y actores políticos como el Frente Amplio.
Se eliminó el sistema binominal mayoritario, pilar de la estabilidad política de la transición, iniciándose un ciclo de reformas limitadas que apuntaban en dirección opuesta. Muchas fueron rechazadas por el Tribunal Constitucional y otras por el parlamento debido a la ambigüedad política prevaleciente.
Actualmente, reeditarla no resulta atractiva para muchos. Es utilizada solo como recurso retórico o como advertencia ante la inestabilidad producida por la incapacidad de la élite de reconstruir su consenso sobre una base material frágil. El bajo crecimiento económico estimado en 1,8% para este año no alcanza ni para satisfacer la ambición de grandes empresarios y capital hiperconcentrado. Las posibilidades de recursos para educación, salud, vivienda, salarios, transporte público, seguridad y cultura son limitadas. Una encuesta reciente del CEP sugiere un aumento de la conflictividad social.
Durante la transición había recursos para todos, incluso para programas focalizados. Actualmente estos son los primeros en sufrir ajustes. Negociar compensaciones resulta impensable por el margen minúsculo disponible. Recurrir al Tribunal Constitucional para oponerse al Proyecto de Reconstrucción es una estrategia que puede inducir un debate nacional sobre cómo hacerse cargo de sus objetivos sin afectar derechos de familias trabajadoras, PYMES y medio ambiente, considerando que el proyecto responde únicamente a intereses del gran empresariado.
Recurrir al Tribunal Constitucional es un primer paso importante, siempre que motive a partidos de oposición y organizaciones sociales y de trabajadores a involucrarse. Las compensaciones deberían expresar la capacidad para obtener la parte que les corresponde del crecimiento económico que asegure sus derechos y libertades. Lo requerido es poner sobre la mesa aspiraciones y propuestas, como sugiere el senador Daniel Núñez respecto a recuperar soberanía.
El presente del PPD es solo un síntoma de un partido en declive que basa su razón de ser en dos senadores. Lo importante es lo que dice la oposición completa sobre crecimiento económico, salarios, riquezas mineras, impuestos e industria nacional, al igual que las organizaciones de trabajadores, estudiantes, ambientalistas y de género. La coyuntura actual puede ser el epílogo para quienes no lo hagan. Se puede subsistir siendo ambiguos y existir en la intrascendencia, o bien ser protagonista aunque sea derrotado en la coyuntura, sembrando las semillas de un futuro mejor.
Con Información de elsiglo.cl
