Dos noticias de esta semana, leídas por separado, parecen anecdóticas. Leídas en conjunto, funcionan como un pronóstico del Chile que viene.
La primera es la del Danstar. Entre el 10 y el 15 de noviembre zarpará desde Punta Arenas el buque chileno Danstar para reabrir, después de décadas, una ruta comercial directa entre Punta Arenas y Puerto Stanley / Puerto Argentino, Malvinas/Falkland. Habrá viajes mensuales, con carga privada y negocio entre privados. Para Punta Arenas, esto significa romper el monopolio de Montevideo como abastecedor de las islas, además de empleo y movimiento portuario.
La segunda es la del avión. El Gobierno argentino denunció penalmente a la multinacional Thales, contratista de sus propias Fuerzas Armadas, por dos vuelos entre Punta Arenas y Malvinas los días 19 y 24 de septiembre con el avión G-FPLD, de matrícula británica, sin pedir autorización a la ANAC argentina. La denuncia quedó en el juzgado de Sebastián Ramos; el fiscal Ramiro González pidió antecedentes y la ANAC solicitó el decomiso del avión. Buenos Aires sospecha que esos vuelos calibraron ayudas a la navegación para el proyecto Sea Lion, el megayacimiento offshore de Navitas (65%) y Rockhopper (35%) ubicado a 200 km al norte del archipiélago, que busca comenzar a extraer en 2028.
Argentina observa ambos asuntos con la misma lupa: el decreto 256/2010, que exige permiso previo argentino a todo buque que vaya entre puertos argentinos y Malvinas, Georgias y Sándwich, y el decreto 457/2021, firmado en la era Fernández, que menciona la «exploración, estudio y control conjunto del Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces / Drake».
En este escenario entra una tercera pieza: la carta del almirante Miguel Ángel Vergara y cinco ex comandantes en jefe de la Armada —Codina, González, Larrañaga, Leiva y De la Maza— publicada en El Mercurio.
No es una carta cualquiera. Vergara y varios de los firmantes vivieron el Beagle de 1978 al borde de la guerra. Su diagnóstico es duro: «La historia aconseja prudencia pero también firmeza». Sostienen que Argentina, más allá del signo político de sus gobiernos, mantiene aspiraciones históricas de proyección al Pacífico y de consolidación en el sector que Chile denomina Tierra de O’Higgins en la Antártica. Advierten que «la paz y el bienestar no pueden alcanzarse a costa de la soberanía». Recuerdan que el 25 de agosto el Presidente Kast dio por superada la controversia con Milei mediante una declaración conjunta —«el Estrecho es y será siempre chileno»—, pero el decreto 457 sigue vigente.
En entrevistas posteriores en Radio Polar, Vergara va más allá: lo que está en juego hoy es si Chile puede ejercer su derecho soberano a comerciar desde Punta Arenas hacia el Atlántico sin que Buenos Aires lo interprete como una violación de su reclamo sobre Malvinas. «Un simple decreto interno no puede oponerse a un Tratado, ni al Derecho Internacional», dice. «Se trata de un intercambio entre privados que beneficiará grandemente a Punta Arenas». Y agrega que Chile no está rompiendo su compromiso histórico de apoyar la demanda argentina por Malvinas «en tanto ese país encauce sus pretensiones por medios pacíficos».
Vergara tiene razón y el gobierno de Kast debe tomar tres decisiones con frialdad, no con bravuconería:
1. Separar las canchas. Una cosa es el comercio Punta Arenas-Malvinas, que es legal, amparado en el Tratado de 1984 y en la Convemar, y otra muy distinta es transportar equipamiento para Sea Lion, que Argentina considera ilegal y que ya llevó a Buenos Aires a pedir medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El Danstar debe zarpar, pero su manifiesto de carga debe ser transparente y civil. No podemos regalarle a Argentina el argumento del «paso no inocente» del artículo 19 de la Convemar.
2. Exigir la derogación, no solo la declaración. El gesto de Milei y Kast reconociendo la soberanía chilena sobre la totalidad del estrecho es inédito y valioso. Pero mientras el 457 y el 256 sigan vigentes, cualquier brigadier Valverde o contralmirante Montero —que ya dijo que «la boca del Estrecho es argentina»— puede reflotar la tesis. El canciller Pérez Mackenna ha enviado cinco notas de protesta en tres gobiernos. Es hora de pedir un cronograma de derogación.
3. Mirar a la Antártica. El verdadero fondo de la carta de los almirantes no es el Danstar. Es la Antártica. Como dijo Patricia Bullrich hace semanas, para Argentina la lista de objetivos es «el control del Atlántico Sur, del Estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida». En 2027 Chile debe renovar su Política Antártica y definir inversiones en Puerto Williams y en la capacidad de patrullaje austral. No hay soberanía sin presencia y sin presupuesto.
Kast tiene razón cuando dice que «jamás ha habido patrullaje conjunto en el Estrecho» y que todo buque pasa con práctico chileno. Pero la soberanía no se defiende solo con pilotos. Se defiende con doctrina.
El sur no es un problema logístico entre dos socios. Es la prueba de si Chile entiende que el estrecho y la Antártica son su columna vertebral.
Que zarpe el Danstar. Que no vuele nada sin permiso. Y que La Moneda escuche a sus almirantes, aunque incomoden.
Con Información de desenfoque.cl
