El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago convocó a una audiencia de cautela de garantías para el miércoles 26 de agosto. Esta decisión se tomó tras los requerimientos presentados por el exdiputado Hugo Gutiérrez del Partido Comunista y la defensa del senador Miguel Ángel Calisto, ambos buscando limitar o conocer los fundamentos de los decomisos de dispositivos telefónicos realizados por la Policía de Investigaciones el 20 de agosto en el marco del caso Junaeb.
Hugo Gutiérrez, exdiputado y abogado, presentó un escrito de seis páginas solicitando al tribunal que determine de forma urgente qué contenido de su celular puede ser analizado por la Fiscalía Oriente y cuál debe quedar fuera del análisis. Invocando el secreto profesional que lo ampara como jurista, Gutiérrez indicó que su dispositivo móvil contiene correos, documentos, audios, mensajes y estrategias procesales de clientes completamente desvinculados de la causa. En su presentación, enfatizó la necesidad de que la extracción de datos se limite estrictamente a hechos, fechas o personas específicas, advirtiendo que la revisión completa del teléfono sin una segregación apropiada ocasionaría un daño irreparable a sus patrocinados y sus derechos a la privacidad e intimidad. Además, pidió prohibir temporalmente el desbloqueo o copia del equipo mientras se resuelva la controversia.
Simultáneamente, la defensa del senador Miguel Ángel Calisto también recurrió ante el tribunal solicitando una audiencia de cautela de garantías tras los allanamientos. Su abogado, Nelson Salas Stevens, argumentó que las diligencias intrusivas autorizadas judicialmente y ejecutadas por la PDI vulneraron los derechos fundamentales del legislador. Por ello, solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía una copia de la solicitud de entrada, registro e incautación presentada por la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, para contar con los fundamentos necesarios que le permitan estructurar una defensa técnica adecuada.
El senador Sergio Gahona de la UDI, quien también es imputado en la causa, designó formalmente a los abogados Alejandro Espinoza e Ignacio Sotomayor para representarlo legalmente en el caso. La investigación del Ministerio Público busca aclarar presuntas irregularidades y gestiones dirigidas a favorecer a la empresa Sociedad de Servicios de Alimentación S.A. (Soser) en los procesos de adjudicación de licitaciones del Programa de Alimentación Escolar dependiente de la Junaeb.
Con Información de desenfoque.cl
