En las últimas semanas, dirigentes, legisladores y representantes de la derecha y la extrema derecha han replicado posturas mantenidas durante la pasada dictadura civil-militar.
Personeros ultraconservadores han desconocido las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el régimen dictatorial. Han negado la existencia de miles de ejecutados y detenidos desaparecidos, así como la situación de cientos de miles torturados, detenidos, relegados y exiliados.
Durante la dictadura, la transición y en la actualidad, representantes de la derecha y la extrema derecha han defendido a militares y policías de distinto rango acusados, procesados y condenados por ser ejecutores de detenciones ilegales, aplicación de torturas, asesinato de personas, realización de operaciones para la desaparición de detenidos y organización para materializar el terrorismo de Estado.
En la actualidad, legisladores, dirigentes y representantes de la derecha y la extrema derecha están exigiendo el indulto para agentes del Estado que violaron los derechos humanos, no respetaron protocolos de seguridad, provocaron mutilados oculares, causaron la muerte de personas y abusaron de detenidos durante las manifestaciones sociales y ciudadanas de 2019.
Asimismo, aplauden que un oficial que dejó ciego a un estudiante disparándole a la cara goce de impunidad, y exigen que otro carabinero que le quitó la vista y le provocó serias heridas a una trabajadora sea indultado.
Estos personeros ultraconservadores también están planteando que salgan de prisión militares y carabineros con decenas de años de condena por torturas, ejecuciones y desapariciones durante la dictadura.
Adicionalmente, exigen que se cierre el Instituto Nacional de Derechos Humanos, llevando al país a los tiempos dictatoriales donde era imposible que existiera una institución como esa y donde eran perseguidas las organizaciones de derechos humanos.
Los personeros ultraconservadores, instalados en el Gobierno, el Congreso, partidos políticos y centros de estudios, vuelven a su antiguo relato y viejas aspiraciones en materia de derechos humanos, defendiendo y aplaudiendo a criminales condenados y acciones represivas, buscando la impunidad de procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos, buscando la eliminación de entidades dedicadas a la promoción de los derechos humanos, instalando discursos negacionistas y otorgando un rango especial a las operaciones y acciones represivas de militares y policías.
Este tema requiere especial atención, considerando además cómo la actual administración ha clausurado y limitado planes institucionales del Estado en el ámbito de los derechos humanos.
Con Información de elsiglo.cl
