La salida de Roberto Aguilar del diario Expreso trasciende el ámbito laboral del periodista y los directivos de la publicación, constituyendo un asunto de relevancia política que debería generar preocupación en la sociedad. Según lo expresado por el periodista en diversas entrevistas, su desvinculación no respondió a conflictos laborales, sino a presiones económicas ejercidas por el gobierno sobre el medio. La dimensión política del caso se refuerza en que, de considerarse difamado, el gobierno o cualquier otra persona hubiera recurrido a instancias judiciales. Aguilar no incurrió en calumnias; su trabajo se caracteriza por la indagación, el análisis y la opinión, funciones propias de quien asume responsabilidad en la convivencia social.
La presión ejercida sobre el diario afectó precisamente la capacidad de las personas para asumir y ejercer esa responsabilidad social, principio fundamental que distingue a la democracia contemporánea de los autoritarismos, incluyendo aquellos que adoptan apariencias democráticas. La libertad de pensamiento y su expresión como opinión constituyen los pilares que sostienen estos regímenes, siendo junto al derecho a la vida, elementos centrales del Estado de derecho. Por tanto, la violación de este principio erosiona la convivencia ciudadana.
Comúnmente se califica a la democracia por la realización de elecciones y la existencia de mandatarios emanados de la voluntad popular. Sin embargo, estas elecciones y acciones gubernamentales pierden su carácter democrático cuando se vulneran principios como la libertad de pensamiento y expresión. La situación se agrava cuando los gobiernos restringen la opinión mientras manipulan simultáneamente procesos electorales, como se observa en los casos de Maduro, Bukele y Ortega.
Desde inicios del presente siglo, múltiples voces advierten sobre la deriva autoritaria originada en la erosión del Estado de derecho, configurando democracias iliberales. En este término, el prefijo negativo señala la pérdida del componente liberal, gran avance de los últimos cien años que garantiza libertades y derechos mientras establece límites claros al poder.
Una intervención destinada a silenciar voces críticas apunta en esa dirección, agravándose considerando que no ha sido el único paso. Mediante diversas formas, particularmente compras sospechosas, se han intervenido algunos medios con objetivo de eliminar disonancias.
Es cierto que esto precedió a eventos anteriores, cuando no solo se rompían periódicos en transmisiones televisivas, sino que se perseguía periodistas, empresarios de medios y caricaturistas. El camino hacia la democracia iliberal ya estaba abierto. No obstante, quienes invocan su memoria deberían recordar que el rechazo hacia quién ejecutaba tales actos provenía de ese autoritarismo, permaneciendo ese rechazo hasta ahora.
La salida de Roberto Aguilar no constituye un problema individual. Por la salud democrática, sería esperable que la ciudadanía lo considere con la responsabilidad que corresponde, y no únicamente como el silenciamiento obligado de uno de los periodistas más perspicaces y valientes del medio.
Con Información de desenfoque.cl
